El gran desafío de reducción de emisiones que plantea el paquete de acción climática

Tarde, mucho más tarde de lo inicialmente previsto, a expensas de un posible cambio de Gobierno que modifique sustancialmente lo acordado, y sin una tramitación parlamentaria a la vista con motivo de la disolución de las Cortes el 3 de marzo: el esperado anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha visto, por fin, la luz. Tras su presentación el pasado miércoles, el Consejo de Ministros ha sacado la norma a información pública, acompañada del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que dicta la transformación del sistema energético en las próximas décadas, y la Estrategia de Transición Justa, que busca que la revolución verde no impacte en las regiones más dependientes de los combustibles fósiles.

La norma ha sido juzgada con dureza por el ecologismo español. Desde las organizaciones sociales se recuerda que, si bien se avanza con respecto a la propuesta de mínimos del PP, hay importantes carencias y avances discretos; y desde el ecologismo político de Equo, se ha asegurado que se trata de una "tomadura de pelo": "El PSOE ha acabado haciendo exactamente lo mismo que el PP y que tanto hemos denunciado: presentar la ley de cambio climático cuando ya no puede tramitarse", denunció este viernes el diputado y portavoz de la formación, Juantxo López de Uralde.

El anteproyecto de ley, si el cambio de ciclo político no afecta a su contenido, está llamado a ser la norma maestra con la que se acometa una transformación completa del sistema económico y productivo, ya que solo con políticas ambientales no se puede abordar el desafío multidisciplinar que representa el cambio climático. Tal y como se preveía en el borrador, no se trata de una norma exhaustiva: su aplicación depende del desarrollo de planes, estrategias y decretos posteriores, que si bien no pueden contradecir a la norma superior, pueden ser más o menos ambiciosos. Aborda desde la electrificación del transporte y el fin de los vehículos contaminantes en 2040, una intención ya adelantada por el Ejecutivo, hasta la implantación de criterios verdes en la contratación pública, la inversión y la apuesta por las energías renovables, el fin de la explotación de hidrocarburos o la adaptación de los entornos naturales al calentamiento global.

Todo, sin embargo, está supeditado a lo esencial: los objetivos de reducción de emisiones y la principal, aunque no única, herramienta para lograrlo: el desarrollo de las energías limpias, un ámbito en el que el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto especial énfasis. Se trata de los títulos I y II respectivamente del anteproyecto, ya que dichas cifras sirven para evaluar de un vistazo los esfuerzos en cuanto a la acción climática de cada país. Hay, sin embargo, distintos baremos y años de referencia para dibujar estas metas, por lo que hay que analizar cuidadosamente qué quiere decir cada número para juzgar la ambición, en este caso, del trabajo legislativo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los objetivos en cuanto a reducción de emisiones e implantación de renovables son fijados en la ley y desarrollados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Tal y como se preveía, el Gobierno fija un objetivo de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) del 20% con respecto al año 1990. El Ejecutivo ha defendido en varias ocasiones que dichas metas son mucho más ambiciosas que las que impone la Unión Europea a los Estados miembro: sin mencionar que las obligaciones de Bruselas son de mínimos (de hecho, la mayoría de países cumplirán los deberes de cara a 2020 sin hacer un gran esfuerzo). En el PNIEC se detalla que los sectores sujetos al comercio de emisiones (la gran industria y las energéticas) deben reducir su polución un 60% con respecto a 2005, y con respecto al resto de sectores, los llamados difusos (transporte, residencia, agricultura, residuos y pequeña industria) dicha reducción será del 38%.

La generación eléctrica será la que más reduzca su impacto según la previsión del plan, seguida del transporte. Además, se plantea también que se eliminen gran parte de los contaminantes sin incidencia en el fenómeno del cambio climático, pero que afectan a la calidad del aire y a la salud cardiovascular y pulmonar de los ciudadanos: las emisiones de partículas PM 2,5 se reducen un 31%, las de dióxido de azufre un 44% y las de óxidos de nitrógeno un 29%. Para lograrlo, tanto el PNIEC como la ley defienden una medida esencial: la creación de zonas de bajas emisiones, al estilo de Madrid Central, en todos los núcleos urbanos importantes. Busca no tanto restringir el paso a los vehículos contaminantes como potenciar el uso del transporte público.

Se utilizan dos años de referencia, 1990 y 2005, porque así lo contabiliza la Unión Europea, que utiliza el primer año para sus objetivos globales y el segundo para el reparto de esfuerzos, vinculante, entre los distintos Estados miembro. Con un mismo porcentaje, una reducción sobre los niveles de 1990 es mucho más ambiciosa que una sobre los niveles de 2005, año en el que la mayoría de países alcanzaron su máximo de emisión de GEI antes del impacto de la crisis económica. La gran industria y las energéticas, al estar sujetas al mercado de derechos de emisión, no cuentan con una obligación expresa de Bruselas a la hora de reducir su potencial contaminante: aun así, España propone fijarlo en un 60%. Con respecto a los sectores difusos, el objetivo de la Unión Europea para el país es del 26%: por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo, del 38%, va mucho más allá.

Como se comprueba en el siguiente gráfico, extraído del Inventario de Emisiones elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, España debe acometer un gran esfuerzo si quiere cumplir estos objetivos de cara al primer examen, en 2030. En 2017, las emisiones fueron un 17,9% superiores a las de 1990, y en prácticamente 10 años no solo deberemos igualar la cifra de aquel año sino rebajarla 20 puntos porcentuales. La tendencia, desde 2013, es de estancamiento, sufriendo incluso leves subidas producidas por los años de sequía, que disparan la generación eléctrica mediante el carbón ante la parálisis de la energía hidráulica. En 2050, España debe ser una economía neutra en carbono, con una reducción del 90% de las emisiones con respecto a 1990: el 10% residual sería absorbido por la tierra y los bosques.

 

Emisión de gases de efecto invernadero en España desde 1990 hasta 2017.

Renovables

En cuanto a la implantación de energías renovables, el Gobierno plantea impulsar el sector con la celebración de subastas para instalar al menos 3.000 MW de potencia cada año, fijando así una retribución estable a los productores para generar seguridad jurídica, que atrae a la inversión: aun así, vistos los últimos movimientos del mercado, al negocio renovable no le hacen falta estímulos. El objetivo que marca el Ejecutivo es que en 2030 el 35% de toda la energía consumida en el país sea de origen renovable, y que la generación eléctrica sea limpia en un 70%. La Ley de Cambio Climático no se atreve, sin embargo, a fijar una meta para la energía consumida en el horizonte más lejano, 2050: sí determina que toda la electricidad puesta en la red debe ser de origen renovable.

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Bruselas no establece objetivos vinculantes de penetración de renovables para cada país, uno de los grandes fracasos de la negociación que encabezó el europarlamentario español José Blanco y que logró elevar la meta global del club comunitario del inicial 27% de renovables en 2030 a un 32%. El 35% español, por tanto, está por encima de lo que se fija la UE en su conjunto.

El Marco de Energía y Clima presentado por el Gobierno español defiende que dichas metas, de aprobarse finalmente, solo son revisables al alza: nunca para recortar la ambición. Cuenta, sin embargo, con dos grandes obstáculos. El primero es la incertidumbre política: las próximas elecciones del 28 de abril y el escenario polarizado hacen difícil prever si los planes de acción climática del Ejecutivo socialista verán la luz, a pesar de que el Ministerio se haya empeñado en asegurar, en público y en privado, a lo largo de la semana que considera difícil que se vean modificados o eliminados. Y el segundo,evidentemente, es la enorme complejidad y dificultad del cambio climático.

Ecologistas en Acción evalúa que el paso del Gobierno era imprescindible, pero para que sea suficiente tiene que incluir la palabra tabú en aquellos que quieren hacer confluir capitalismo y medioambiente: decrecer. "El diseño de los modelos utilizados y convenidos a nivel internacional no solo no consideran este parámetro, sino que siguen insistiendo en considerar un escenario de crecimiento continuo, más eficiente, pero continuo y, por tanto, imposible. Así, el modelo se basa en la presunción de la infinitud de los materiales sin tener en cuenta las disponibilidades reales de esos recursos", defiende la organización.