El bloque afín al PP en el Tribunal de Cuentas impone la marcha atrás en la política de control total de las finanzas de los partidos

El bloque afín al PP en el Tribunal de Cuentas hizo valer este jueves su mayoría para aprobar una propuesta de la presidenta, María José de la Fuente, que da marcha atrás en la política de control total sobre las finanzas de los partidos.

En diciembre el tribunal había acordado un nuevo Plan de Contabilidad que cursaba instrucciones expresas a los partidos para que incluyeran en sus cuentas anuales las subvenciones la actividad de sus grupos parlamentarios. Ahora, y apenas dos meses después de que ese plan entrase en vigor el 1 de enero, el máximo organismo fiscalizador del país se enmienda a sí mismo bajo el argumento de que la Ley de Financiación de Partidos no obliga a las formaciones políticas a rendir cuentas del dinero que manejan sus grupos. 

La propuesta de María José de la Fuente, que la elevó no en su calidad de presidenta del tribunal sino de consejera del área de fiscalización de partidos, obtuvo además de su propio voto el de los otros seis consejeros elegidos a propuesta del PP, así como el del fiscal jefe de la institución encargada de velar por la limpieza del gasto público.

Aunque, amparándose en el carácter secreto de las deliberaciones, fuentes oficiales del tribunal declinaron este jueves ofrecer explicaciones sobre el retroceso en la que hasta ahora venían siendo sus tesis en la materia, otros interlocutores explicaron a infoLibre que la propuesta llegó a la mesa con la única firma de María José de la Fuente. Es decir, sin el apoyo de la otra consejera del área de fiscalización de partidos, Dolores Genaro. Este viernes, el alto tribunal emitió un comunicado [leer abajo] en el que da cuenta del acuerdo.

Miembro del bloque progresista al que se adscriben cuatro consejeros, Genaro defendió una posición diametralmente opuesta a la de De la Fuente. Aunque este periódico no ha logrado contactar con ella, fuentes conocedoras de lo sucedido recalca que Genaro puso el acento en cómo los grupos parlamentarios manejan fondos muy elevados de origen público. Y en que hurtar el conocimiento sobre el uso de esos fondos al trámite de fiscalización impide en la práctica que el tribunal pueda forjarse una imagen fiel y global la maquinaria financiera de cada partidos. 

Solo en 2018 el presupuesto del Congreso para subvenciones a los grupos parlamentarios ascendió a 9,54 millones. Y el Senado reserva para cada grupo un fijo mensual de 15.200 euros más un variable de 1.900 euros por cada senador sujeto a su disciplina.

De la Fuente sustentó su propuesta en que la Ley de Financiación de Partidos no obliga a incluir las cuentas de los grupos parlamentarios en el consolidado global de las respectivas formaciones. En efecto, la ley no impone esa consolidación contable. Pero tampoco la prohíbe. Ese vacío es el que hasta ahora había tenido en cuenta el tribunal para, en uso de sus atribuciones, aplicar una normativa contable favorable a la consolidación total. El cénit llegó en diciembre con la aprobación del nuevo Plan de Contabilidad. 

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Algunos de los consultados por este periódico aseguraron que el PSOE ha recibido con gran malestar el paso atrás del Tribunal de Cuentas.

Hace un año, Ciudadanos presentó una proposición para introducir en la Ley de Financiación la obligatoriedad de incluir en las cuentas anuales de los partidos todos los números de sus grupos parlamentarios. La proposición no salió adelante. Fuentes de la formación naranja aseguran que todas las iniciativas parlamentarias planteadas en esa dirección cayeron por el rechazo del PP.