El salto de Santamaría al sector privado muestra los agujeros de las normas sobre incompatibilidades

Una de las principales incógnitas que se planteaban sobre el Gobierno de Mariano Rajoy una vez que el expresidente se incorporó a su plaza de registrador de la propiedad tenía que ver con los pasos que daría Soraya Sáenz de Santamaría. La exvicepresidenta del Gobierno, que fue derrotada por Pablo Casado en el proceso para acceder a la presidencia del Partido Popular, dejó la política a la vuelta del verano y, desde ese momento su futuro ha sido objeto de especulaciones, rumores y todo tipo de interpretaciones. Había quienes decían que estaba preparando su regreso a la política intentando unir a los dirigentes del PP críticos con Casado. También había quienes apostaban a que esperaría los dos años que establece la ley para incorporarse con garantías al sector privado. Y quienes tenían claro que estaba estudiando varias ofertas, buscando la que menos chirriase con las leyes que vigilan el tránsito del sector público al privado. Este lunes se disiparon todas las dudas cuando se hizo público que había sido fichada por el despacho Cuatrecasas, uno de los principales de España.

Lo hace, señalaron desde la empresa, "después de cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas". Así lo confirmaron a infoLibre desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, departamento que controla la Oficina de Conflictos de Intereses. Santamaría, señalaron las citadas fuentes, solicitó autorización "en los primeros días del mes de febrero" y recibió el "informe favorable en los primeros días del mes de marzo". Antes de recibir el visto bueno, desde la Oficina de Conflictos de Intereses se solicitó información a los departamentos gubernamentales con los que tuvo relación Santamaría a los efectos de comprobar si había tomado "alguna decisión relacionada con esa firma". No hubo ningún informe negativo que frenase los planes de esta abogada del Estado en excendencia, destacan.

Más de una decena de cargos: desde la Vicepresidencia al control del CNI

Esto es lo que ocurre sobre el papel. Pero, en la práctica, es complicado que la exvicepresidenta, exministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y exportavoz del Gobierno vaya a encontrarse con cuestiones respecto a las que no haya tomado decisiones en su etapa como política. Porque además de estos cargos, Santamaría fue vicepresidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidenta de la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad y presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. Además de haber tenido a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

De especial relevancia fueron sus responsabilidades en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, el órgano que se encarga de estudiar y preparar los asuntos que se someten a deliberación en los Consejos de Ministros.

El Partido Popular llegó al Gobierno con varios casos de corrupción a sus espaldas y en un intento de marcar el fin de una etapa, intentó envolverse en la bandera de la transparencia y la regeneración. La Ley de Transparencia y del Alto Cargo de la Administración General del Estado se entienden en este contexto. Es precisamente la segunda de estas leyes la que limita el aterrizaje de expolíticos como Santamaría en el sector privado.

En su artículo 15 señala que "los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". También, que esta prohibición "se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario". Para facilitar el cumplimiento de la legislación, existe la posibilidad de solicitar una compensación económica mensual con dos años como tope.

El pacto de Emilio Cuatrecasas

Pese a contar con la autorización pertinente en estos casos, Santamaría formó parte del Gobierno que permitió que el expresidente del bufete de abogados Cuatrecasas Emilio Cuatrecasas eludiese en 2015 su ingreso en prisión después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado. Así lo adelantó este lunes elplural.com. El citado diario informa de que una querella, presentada un día antes de que Rajoy llegara a la Moncloa, pedía más de 20 años de prisión por ocho delitos fiscales. Al final, acabó en una condena de 24 meses.

El debate sobre la llamada puerta giratoria y sus límites es recurrente cada vez que un político da el salto a la actividad privada y viceversa. Casos hay en todos los partidos. Pero se concentran, sobre todo, en las grandes formaciones.

"Es habitual ver cómo giran las puertas giratorias en el PP y también en el PSOE", se quejó este lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en rueda de prensa.

"Por muy legal que sea, no es moral que una persona que ha estado trabajando en los ministerios del Estado traslade toda su agenda de contactos y todo lo que ha conseguido por ser representante público a un sector privado, porque muchas veces compiten contra el Estado de manera leal", defendió, según informa Europa Press.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recordó a la exvicepresidenta que "no se puede pronunciar o intervenir en situaciones o casos en los que haya podido participar". Y, en el PP optaron por la prudencia: "Todo aquel que abandona la política tiene derecho a rehacer su vida profesional", valoró Teodoro García Egea, secretario general del PP.

Sin mecanismos de seguimiento o control

Como norma general, la Oficina de Conflictos de Intereses concede las autorizaciones que le trasladan los ex cargos públicos. En diez años, las denegaciones por incompatibilidad no llegan a la decena, según informó el diario El País.Tampoco, como norma general, hay mecanismos de seguimiento ni control. Ni de que un ex cargo público que ha recibido la autorización es escrupuloso con la ley ni de que todos recurran a la Oficina de Conflictos de Intereses para pedir permiso. Es algo similar a lo que ocurre con el registro de actividades del Congreso de los Diputados.

El 17 de mayo de 2016, el Tribunal de Cuentas aprobó el "Informe de Fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012 a 2014". Muchas de las recomendaciones del documento iban dirigidas a la Oficina de Conflictos de Intereses "para la mejora de sus sistemas y procedimientos y para el desarrollo de las funciones de investigación y comprobación de las actividades de los altos cargos". Pese a que los partidos políticos nunca han negado que el funcionamiento de este organismo sea mejorable, no ha habido avances al respecto.

"Prevención del delito"

Fue el despacho Cuatrecasas el encargado de dar la noticia este lunes por la mañana con un comunicado en el que daba cuenta que la exmano derecha de Mariano Rajoy en el Gobierno se incorporaba a la firma como socia del área mercantil y miembro del Consejo de Administración. Su misión concreta, desde este mismo lunes, será liderar y desarrollar "la práctica de Corporate Compliance" de la firma. Una especialidad que, según puede leerse en la página web de Cuatrecasas, es "de alto valor añadido para la implantación de sistemas eficaces de control de cumplimiento normativo y prevención del delito".

Para Rafa Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas, su nuevo fichaje "es una abogada excepcional que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional su valía y grandes dotes de gestión". "Los socios de la forma estamos muy contentos de que haya decidido renovar su compromiso con la abogacía y de que lo haga desde Cuatrecasas. Estamos convencidos de que su enorme talento será muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integran en términos de cumplimiento normativo corporativo", puede leerse en el comunicado de la firma.

Lideró las abstenciones en los consejos de ministros

Santamaría encabezó el listado de abstenciones en los consejos de ministros de la primera legislatura de Rajoy para evitar conflictos de intereses, según adelantó infoLibre. En ese tiempo, los miembros de su Gobierno se abstuvieron 52 ocasiones en decisiones de las reuniones de gabinete de los viernes. La cifra ha sido facilitada a este diario por el Ministerio de la Presidencia después de registrar una petición a través del Portal de de la Transparencia de la Administración General del Estado. 

Por miembros del Ejecutivo, el ranking lo lideró Soraya Saenz de Santamaría, con 23 abstenciones en los Consejos de Ministros. Le siguen los entonces titulares de Economía, Luis de Guindos (10);  Defensa, Pedro Morenés (ocho); Empleo, Fátima Báñez (dos); Exteriores, José Manuel García Margallo (dos) y los exministros José Manuel Soria (Industria) y Miguel Arias Cañete(Agricultura), también con dos abstenciones cada uno de ellos.

El grueso de sus abstenciones tuvieron que ver con el trabajo de su marido, Iván Rosa. Abogado del Estado como Santamaría, Rosa fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012, un año después de que Santamaría fuese nombrada vicepresidenta.

Pese al elevado número de abstenciones de Santamaría, si se compara con el resto de compañeros del Consejo de Ministros, el trabajo de su marido para Telefónica no la obligaba por ley a inhibirse en estos asuntos. Así lo desveló el diario El País el 15 de julio de 2015 en una información en la que se señalaba que la Abogacía del Estado había rechazado en un informe ad hoc que tuviese que apartarse de esas cuestiones.

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Puede seguir en el Consejo de Estado

El pasado octubre cuando el Gobierno del socialista Pedro Sánchez la nombró consejera de Estado. La exvicepresidenta podrá mantener este puesto al que se incorporó en el mes de noviembre siempre y cuando se abstenga de aquellas decisiones que tengan relación con su nuevo trabajo en el despacho de abogados.

Como consejera electiva, Santamaría puede percibir una cantidad máxima mensual de algo menos de 1.000 euros en concepto de asistencia a los plenos del Consejo de Estado. Para cobrarla, se tienen que celebrar plenos y ha de asistir a ellos.