Un contrato de 380 millones ata al Gobierno andaluz hasta 2021 al grupo sanitario multado por precios abusivos

La prestación del servicio sanitario publico en Cádiz depende de una compañía acusada por la propia Junta de Andalucía de un engaño multimillonario. Y todo apunta a que va a seguir siendo así durante años, porque Andalucía no cuenta con recursos públicos propios para ofrecer una alternativa en buena parte de la provincia, ni tampoco prevé desarrollarla. Es la insólita situación creada por el contencioso entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el grupo hospitalario Pascual, principal beneficiario de conciertos sanitarios de la comunidad autónoma desde la etapa del PSOE en el poder.

Por una parte, la Administración andaluza litiga con Pascual en los tribunales por una multa de 5,3 millones impuesta a la compañía por haberle cobrado "precios abusivos" por los que logró un "beneficio ilícito" de 164 millones de euros en tres años, acusación que la compañía niega. Al mismo tiempo, la Junta está vinculada contractualmente con esta red hospitalaria, con la que tiene suscrito un acuerdo por un valor de 380,48 millones de euros que no expira hasta junio de 2021.

La Consejería de Salud y Familias tiene firmados actualmente 18 conciertos hospitalarios. En 2018 supusieron un gasto de 155,5 millones de euros. El Gobierno del PP y Cs, nada más iniciar su andadura, ya prevé ampliar la concertación en 15,5 millones en un año para rebajar las listas de espera. Ahora mismo la principal beneficiaria de la concertación hospitalaria en Andalucía es la compañía José Manuel Pascual Pascual SA, que dispone de siete hospitales repartidos entre las provincias de Cádiz (en la capital, Sanlúcar de Barrameda, Villamartín, El Puerto de Santa María), Huelva (en la capital y Lepe) y Málaga (en capital).

La Junta delega en Pascual la garantía de atención sanitaria urgente y programada (hospitalización, intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas) para unos 260.000 usuarios en la provincia de Cádiz. Es decir, la Administración sanitaria autonómica necesita tres hospitales de Pascual en Cádiz –todos, menos el de la capital– para garantizar el derecho a la atención sanitaria en un importante bocado de la provincia. Municipios serranos como Ubrique, Arcos de la Frontera, Alcalá del Valle y Olvera sólo disponen de puerta de urgencias en el centro de Pascual de Villamartín.

Eso tiene un coste. En 2018, fueron 95,1 millones, el 61,16% del total del gasto en concertación hospitalaria. Pero el contrato va más allá. Firmado el 8 de junio de 2017, se agota justo cuatro años después. Es decir, expira el 7 de junio de 2021. La cuantía del contrato, que se adjudicó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, alcanza los 380.482.427 euros. Ese es el compromiso económico y temporal contraído por la Junta con una empresa a la que acusa de haberse lucrado ilícitamente a su costa.

Primero el convenio, después la sanción

Para entender la situación hay que acudir al conflicto que la pasada legislatura (2012-2015) enfrentó a Pascual y la Junta de Andalucía. La Consejería de Salud acusó entonces a Pascual de haberle cobrado precios abusivos y utilizado su posición de ventaja competitiva para obtener la ampliación de su contrato. También aseguró que Pascual aprovechaba la falta de alternativa pública a sus hospitales gaditanos para tratar de lograr la concertación de otros centros de su red privada. Esta compañía también tiene hospitales en Huelva (en la capital y Lepe) y Málaga (en la capital).

El litigio se materializó en una multa impuesta por Salud a Pascual por valor de 5,3 millones de euros. En el expediente, firmado en marzo de 2018, la Administración sostiene que Pascual obtuvo mediante el cobro de "precios abusivos" un "beneficio ilícito" de 164.164.674 euros entre 2014 y 2016. ¿Por qué, entonces, la cuantía de la sanción es sólo de 5,3 millones? A la espera de una explicación oficial del actual equipo de la Consejería de Salud y Familias, el propio expediente ofrece algunas claves. En primer lugar, la sanción está calculada tomando como referencia la facturación de la empresa, no el supuesto "beneficio ilícito", que es utilizado como argumento, no para el cálculo de la cuantía de la sanción. En segundo lugar, el Consejo de Defensa de la Competencia, que es el organismo que impone la multa, tiene en consideración el hecho de que Pascual y la Junta firmaron otro contrato en 2017.

Porque esa es la clave del conflicto. A pesar de su enfrentamiento, a pesar de las "conductas anticompetitivas" que la Junta atribuye a Pascual, en junio de 2017 el departamento de Salud firmó un nuevo convenio con la compañía: 380,48 millones en cuatro años. Ese contrato sigue atando a la Administración andaluza. El nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs prevé además ampliar la concertación hospitalaria, que en Andalucía es la quinta más baja de España en relación con el presupuesto sanitario global, según los datos de 2016. ¿Prevé la Consejería de Salud y Familias renegociar el convenio con Pascual? "Todo es negociable, todo es variable", responde el consejero, Jesús Aguirre (PP), que anunció una próxima reunión con Pascual, aunque no dio fecha.

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Un situación de "debilidad"

El caso de Pascual desvela los riesgos asociados a entregar a una empresa la prestación del servicio hospitalario en un área geográfica. "La Administración sanitaria pública [...] está en una situación de cierta debilidad en cuanto a poder de negociación", señala el propio Consejo de Defensa de la Competencia en su expediente de 2018. Y añade, en relación con lo que ocurriría si Pascual dejase de prestar servicio: "[...] Ubicar a los profesionales que pudieran atender a los pacientes, así como a los mismos pacientes, colapsaría el funcionamiento de estas instituciones [las públicas], lo que podría ocasionar repercusiones graves en la salud para la población [...]".

La multa de Competencia fue recurrida por Pascual y actualmente está pendiente de decisión de la justicia. infoLibre trató de recabar la versión de Pascual, sin respuesta.