Una argucia legal hiberna en plena investigación dos empresas con las que Villarejo operó desde Panamá

Una argucia legal materializada hace menos de un mes ha hecho que dos de las sociedades utilizadas en Panamá por el excomisario José Manuel Villarejo para sus negocios privados entren en hibernación. En plena investigación sobre las operaciones del policía y su círculo en paraísos fiscales, el despacho panameño Ballard&Ballard, que durante años asumió la representación de Microspermum SA y Eucalyptus Forest SA, renunció el 18 de febrero a seguir ejerciendo como "agente residente" de ambas compañías. 

La renuncia significa que las dos mercantiles –Microspermum SA y Eucalyptus Forest SA–, ambas oficialmente dirigidas por testaferros profesionales, quedan sin interlocutor ante la Administración pública del país centroamericano. Según juristas y expertos en blanqueo de capitales consultados por infoLibre, se sumergen así en una especie de limbo que podría entorpecer la entrega de la información requerida por la Audiencia Nacional. 

Microspermum, inicialmente bautizada como Participaciones Marvila, fue una de las sociedades utilizadas en Panamá para recibir los pagos que la facción guineana afín al hijo predilecto de Teodoro Obiang abonó a partir de 2012 a Villarejo a cambio de una campaña de espionaje y desprestigio contra otro de los vástagos del dictador. Con Eucalyptus Forest, el excomisario logró retornar a España casi un millón (773.923 euros) en 2014. Cuando la Policía registró en noviembre de 2017 el domicilio habitual de Villarejo en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, encontró distintas anotaciones sobre esas dos sociedades. 

La primera de ellas llegó a ser oficialmente disuelta en diciembre de 2016. Para entonces, Villarejo ya se encontraba en el ojo del huracán por su participación en la Operación Cataluña y ya habían trascendido informaciones sobre la magnitud del patrimonio inmobiliario y societario acumulado mientras ocupaba un puesto como funcionario público. Menos de cinco meses después, el 2 de mayo de 2017, el Registro Mercantil panameño inscribió la reactivación de Microspermum SA. Y el 18 de febrero de este año, una escritura notarial dejaba constancia de que el bufete Ballard&Ballard renunciaba a su condición de agente residente. La misma escritura consigna la renuncia en Eucalyptus así como en otras sociedades. Este periódico ignora si alguna de ellas pertenece también a la constelación societaria de Villarejo.

Los investigadores del caso, que mantienen un silencio hermético sobre las pesquisas lanzadas en siete países para localizar la fortuna oculta de Villarejo, han rehusado confirmar si Panamá ya ha accedido a aportar datos o si por el contrario mantiene atascada la solicitud de auxilio internacional. Tampoco han accedido a valorar el alcance de la renuncia de Ballard en estas dos mercantiles, esenciales en el movimiento de dinero vinculado al negocio guineado de Villarejo, el Proyecto King.

"Se ha perdido comuncación"

La razón oficial esgrimida por Ballard para la renuncia es esta: "Se ha perdido comunicación con nuestros clientes y/o accionistas de las sociedades y que los directores de las sociedades han renunciado a sus cargos, y estamos imposibilitados a obtener y mantener las informaciones y documentos que exige la ley a los agentes residentes". En 2016, tras varios años de cambios legales destinados a lavar su maltrecha imagen internacional como refugio de dinero negro mayoritariamente ligado a la corrupción, la evasión fiscal y el narcotráfico, Panamá aprobó la llamada Ley 52. 

Esa norma obliga a los agentes residentes a mantener durante cinco años los registros contables de cada sociedad que representen y la correspondiente "documentación de respaldo". Pero les permite renunciar al cargo "cuando bajo la gravedad de juramento expresen que se ha perdido la comunicación requerida con los accionistas". Eso justamente es lo que ahora ha alegado Ballard para romper amarras con las dos empresas utilizadas por Villarejo en el Istmo centroamericano.

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"Una vez que el agente residente renuncia entorpece la entrega de información porque la empresa pierde personalidad jurídica y deja de tener representante legal", diagnostica una de las fuentes consultadas, un penalista conocedor de la materia y que pide el anonimato. "Y desde luego, una vez que renuncia ya difícilmente se le puede obligar a suministrar datos a los que hubiera tenido acceso como agente residente", dice. Un experto en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales coincide en el análisis: con la ley, viene a decir, Panamá cubre el expediente legal pero deja en la práctica abierta la puerta a que se mantenga la opacidad.

La Ley 52 dice también esto: que el Registro Mercantil panameño "suspenderá los derechos corporativos a la persona jurídica que permanezca sin designar un agente residente por un periodo mayor de noventa días luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de su agente residente anterior". Traducido, lo anterior implica que la sociedad queda congelada. Todavía con la posibilidad de reactivarse antes de que transcurran dos años. "Pero a nadie se le ocurre pensar que una empresa que ha sido usada para cobrar dinero negro o para repatriarlo luego a España vaya a ser reactivada a sabiendas de que un juez está tratando de encontrar pruebas de delito", concluye una de las fuentes.

Este miércoles, infoLibre pidió a los portavoces de la Fiscalía panameña su visión sobre los efectos prácticos que entraña la renuncia de un agente residente cuando la sociedad a la que representaba está a expensas del resultado de una comisión rogatoria internacional. El ministerio público de ese país no ha ofrecido aún respuesta.