Vox también oculta al Registro de Partidos la composición de su Comité de Garantías

Vox guarda bajo llave la composición de su órgano encargado de velar por el respeto de los derechos y obligaciones estatutarias. Además de resistirse a desvelar en su propia página web el nombre de los cinco letrados que conforman su Comité de Garantías, como adelantó El País, la formación que preside Santiago Abascal tampoco ha facilitado estas identidades al Ministerio del Interior, a pesar de que la Ley de Partidos Políticos establece que las formaciones “deberán comunicar” al Registro de Partidos “la composición de sus órganos de gobierno y representación”. Según señalan a infoLibre fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, “no consta” en la base de datos información sobre las personas que integran este Comité. Preguntado por este diario, Vox rechaza dar los nombres y se niega a confirmar si el órgano continúa integrado por los mismos cinco letrados que lo componían tras la asamblea general que el partido ultraderechista celebró el 18 de octubre de 2015 en el madrileño Teatro Luchana: Marta Castro, Juan Cremades, José María Figaredo, Gema Monroy y Jesús Riosalido.

El Comité de Garantías es uno de los órganos que conforman la estructura de Vox. Es el encargado, según los estatutos de la formación, de “velar para que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados y para que cumplan sus obligaciones estatutarias”, incoando expedientes disciplinarios cuando sea necesario e imponiendo las oportunas sanciones –pueden ir desde la amonestación por escrito hasta la expulsión–. Tal y como marcan las normas del partido, el Comité de Garantías estará integrado por cinco miembros, que deben ser licenciados en derecho, elegidos por mayoría simple de los asistentes a la Asamblea General –órgano supremo de Vox– a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional y que “no podrán pertenecer simultáneamente a ningún órgano ejecutivo del partido” salvo que expresamente acepten inhibirse respecto de las decisiones que afecten a éste último. Todos ellos, además, conformarán el denominado Comité Electoral, que es el que garantiza “la transparencia, objetividad y eficacia” en los procesos electorales internos.

El Comité de Garantías será el encargado, por ejemplo, de estudiar el caso de José Antonio Ortiz Cambray, detenido a comienzos de marzo por presuntos abusos sexuales a menores discapacitados y al que las cuentas de redes sociales de Vox Lleida presentaban como presidente de la formación de extrema derecha en la provincia. En este mismo órgano se resolvió también el expediente que en 2016 se abrió al entonces vicepresidente primero del partido, Juan Jara, por supuesta “difamación y agresión”. Un asunto que se cerró con la expulsión de militancia del ex alto cargo y con un mensaje de Jara en redes sociales cuestionando el funcionamiento del órgano, al que acusó de “amistad manifiesta” con el secretario general, Javier Ortega Smith. “El escrito [con la resolución de su expediente] es anónimo”, señaló en Twitter el exvicepresidente primero, que criticó que no se incluyeran los nombres y apellidos de los letrados del Comité de Garantías que habían resuelto su caso.

Una ley que "deja espacio a la interpretación"

La Ley de Partidos Políticos recoge, en su artículo 8.4 c), el derecho de los afiliados a una formación a conocer la composición de sus “órganos directivos y de administración”. Una obligación de transparencia que también tienen que cumplir en su página web y ante la Administración. “Los partidos deberán comunicar al Registro de Partidos Políticos –dependiente del Ministerio del Interior– cualquier modificación de sus estatutos y de la composición de sus órganos de gobierno y representación en el plazo máximo de tres meses desde dicha modificación y, en todo caso, durante el primer trimestre de cada año. Deberán además, publicarlos en su página web”, señala la norma. Pero el partido que preside Santiago Abascal sólo facilita a día de hoy en su web la identidad de todas aquellas personas que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de dirección de la formación de extrema derecha. Sobre el Comité de Garantías o el Electoral, sólo resume lo establecido en los estatutos y facilita un par de correos electrónicos genéricos.

El partido tampoco ha comunicado estos datos al registro de formaciones políticas. Desde el Ministerio del Interior explican a infoLibre que “no consta” que Vox haya aportado información sobre la composición del órgano que se encarga de velar por el respeto de los derechos y obligaciones estatutarias. No obstante, explican que la Ley de Partidos “deja espacio a la interpretación”. “La norma dice que las formaciones deben informar sobre la composición de órganos de gobierno y representación, pero no detalla si los comités de garantías entran o no dentro de ese grupo”, apuntan estas mismas fuentes.

En este sentido, algunos expertos en la materia interpretan que aunque la ley no haga ninguna referencia explícita, el Comité de Garantías estaría incluido en ese conjunto de órganos de cuya composición debe informarse. Con esa interpretación, el partido podría haber incumplido la ley al no desvelar esos datos en su página web y al no habérselos comunicado al Registro de Partidos.

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Vox rechazó, a preguntas de este diario, facilitar los nombres de las personas que conforman en la actualidad el Comité de Garantías. También se negó a aclarar si el órgano continúa integrado por los mismos cinco letrados que lo conformaban tras la asamblea general que el partido ultraderechista celebró el 18 de octubre de 2015. Un cónclave que, precisamente, tenía como uno de los puntos del orden del día la aprobación de dos nuevos miembros del Comité de Garantías en sustitución de Javier de Andrés y Rodrigo Álvarez de León, que tuvieron que “declinar su responsabilidad” que hasta el momento habían tenido en el órgano “por motivos profesionales”, según indicó entonces la secretaria de Relaciones Institucionales de Vox, Mazaly Aguilar. Con más de un 90% de votos a favor, la Asamblea aprobó entonces que ambos fueran sustituidos por Marta Castro y Juan Cremades, que junto con Jesús Riosalido, José María Figaredo y Gema Herrero conformaron el Comité de Garantías que salió de ese cónclave.

La presidencia del órgano la ocupaba entonces Riosalido, doctor en derecho islámico, exembajador de España en países como Siria o Kuwait y candidato de Vox por Madrid en las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016. En aquellos comicios, compartió lista con Figaredo y Herrero, que ya habían probado suerte con el partido de extrema derecha en las elecciones municipales celebradas pocos meses antes –el primero fue como número tres para la Alcaldía de Madrid y la segunda como número dos para el Ayuntamiento de Arroyomolinos–.

También el abogado Juan Cremades, que forma parte del equipo legal de la formación en el juicio del procés, intentó dar el salto a la política municipal como número siete de la lista presentada por la coalición Vox-Partido Familia y Vida (Vox-PFYV) para la Alcaldía de Barcelona. De Castro, lo poco que se sabe es que es licenciada en Derecho por el CEU San Pablo y que su especialidad es el derecho empresarial, según se especificó en la asamblea de octubre de 2015.