Diez respuestas sobre cómo funcionan D'Hondt y el sistema electoral

Quedan apenas unas semanas para que se celebren las terceras elecciones generales con un escenario multipartidista y las primeras que contarán, previsiblemente, con cinco grandes partidos en liza. Las encuestas pronostican un resultado muy apretado en el que ninguna formación se acercará siquiera a una posible mayoría absoluta, y el sistema electoral volverá a ser clave –especialmente en el caso de las formaciones más pequeñas– a la hora de repartir los escaños.

El funcionamiento de esta norma, frecuentemente criticada por sus efectos mayoritarios y la infrarrepresentación de las formaciones más pequeñas, es uno de los elementos más desconocidos elección tras elección, pese a su importancia en los resultados finales. El sistema D'Hondt, la fórmula de cálculo que sirve para repartir los escaños, es una de sus características más señaladas, pero se suelen pasar mucho más por alto componentes igual de importantes para comprender el funcionamiento de la ley electoral, como son el tamaño de las circunscripciones –es decir, el número de diputados a elegir– o la importancia de la dispersión y la concentración del voto.

  1. ¿Qué es y cómo funciona el sistema D'Hondt?

El sistema D'Hondt, también conocido como ley D'Hondt, es un mecanismo matemático diseñado en el siglo XIX por el jurista y matemático Victor D'Hondt. Su invento se utiliza en España y también en países como Francia, Portugal o Turquía para traducir a escaños el número de votos recibido por cada formación política en una determinada circunscripción. Dentro de la amplia gama de sistemas existentes, el de D'Hondt es considerado como el menos proporcional de los sistemas proporcionales. Existen otros, como el llamado sistema Sainte-Laguë, que lo son mucho más.

El funcionamiento del sistema D'Hondt es sencillo. En cada circunscripción, se dividen sucesivamente los votos obtenidos por cada partido entre cada uno de los escaños a repartir. Una vez hecho esto, se reparten las actas escogiendo los cocientes mayores obtenidos como resultado de las divisiones que se han realizado con anterioridad.

Veámoslo con un ejemplo hipotético: una circunscripción en la que se repartieran cinco diputados, donde el PSOE consiguiera 100.000 votos, el PP 80.000, Ciudadanos 60.000, y Unidas Podemos 30.000 papeletas. Con esas cifras, los socialistas y el PP obtendrían dos actas cada uno, Ciudadanos se haría con un sillón, mientras que Unidas Podemos se quedaría sin ningún parlamentario.

2. ¿Qué pasa con los votos de los partidos que no obtienen escaño?

Simplemente, se pierden, lo cual puede provocar –y, de hecho, provoca– que haya partidos con cientos de miles de votos a escala nacional que, no obstante, consigan en el recuento global pocos diputados porque sus sufragios están distribuidos en muchas circunscripciones en las que no han conseguido representación. Se trata de un problema que ha afectado tradicionalmente a formaciones como Izquierda Unia y, en menor medida durante los últimos años, al Pacma.

  3. ¿Cuántas circunscripciones hay y cuántos diputados se eligen en cada una?

En España la circunscripción es la provincia, lo cual implica que el sistema electoral español establece 52 distritos electorales. Cada uno de ellos tiene fijado por ley un mínimo de dos escaños, a excepción de Ceuta y Melilla, que eligen un diputado cada una. Los 348 parlamentarios restantes (de un total de 350 que tiene el Congreso) se distribuyen en función de la población de cada una de las provincias: Madrid elegirá en las próximas elecciones 37 diputados, mientras Soria será la única provincia con solo dos parlamentarios.

De entre las 50 provincias españolas –sin tener en cuenta Ceuta y Melilla–, solo en siete se escogen diez o más escaños: Madrid (37), Barcelona (32), Valencia (15), Alicante (12), Sevilla (12), Málaga (11) y Murcia (10). Las otras 43 provincias se reparten entre las 24 que pueden considerarse medianas –entre las que se cuentan Cádiz (9), A Coruña (8), Granada (7), Badajoz (6) o Valladolid (5)–, que escogen entre cinco y nueve diputados, y las 19 provincias pequeñas, que eligen cuatro actas o menos. Entre estas últimas están lugares como Albacete (4) o Guadalajara (3).

4. ¿Hay que superar algún porcentaje para conseguir diputados?

No es necesario que los partidos obtengan una cantidad mínima de votos a nivel nacional para que puedan conseguir representación. Pero, para entrar en el reparto de diputados en una circunscripción concreta, las formaciones sí tienen que superar en esa provincia el 3% de los votos, y cualquier partido por debajo de ese porcentaje no se tiene en cuenta a la hora del reparto.

  5. ¿Todos los votos valen lo mismo?

En teoría sí, pero en la práctica de la distribución de escaños, no. Pero de esto no tiene la culpa el sistema D'Hondt, sino precisamente el número de diputados que se eligen en cada provincia, ya que las provincias más pobladas escogen proporcionalmente menos escaños en función de su población que las que tienen menos habitantes. Los ejemplos más extremos son Madrid y Soria, que eligen 37 y dos diputados, respectivamente.

Tomando como referencia la población de ambas circunscripciones, cada parlamentario madrileño representa a 177.886 electores, mientras que uno soriano solo representa a 44.300 ciudadanos. Y esta diferencia se traduce en lo que cuesta obtener un escaño: en 2016 fueron necesarios 96.272 votos por escaño en Madrid, mientras que en Soria se necesitaron solo 24.809 votos.

6. Entonces, ¿hay lugares infrarrepresentados?

Pues sí, o, según como se mire, hay zonas sobrerrepresentadas. La actual distribución de los 350 escaños por provincias, a efectos prácticos, implica que cuesta mucho menos conseguir un diputado en Soria que en Madrid, pese a a que los votos de ambos terminarán contando igual en el Congreso. Habida cuenta del número de ciudadanos a los que representan –y que necesitan para ser elegidos–, en el recuento final el voto de un soriano es cuatro veces más valioso que el de un madrileño.

Las zonas más infrarrepresentadas coinciden con las que tienen más población, y destacan especialmente las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Por el contrario, territorios con mayor presencia de población rural, como Ávila, Teruel, Palencia, Segovia o la mencionada Soria, son los que más diputados tienen en función de su número de habitantes.

Además, cuantos menos diputados se reparten en la circunscripción, más perjudica el sistema a las formaciones pequeñas, ya que el número de actas a asignar es menor.

  7. ¿A partir de qué porcentaje el sistema electoral deja de penalizar?

En las circunscripciones más grandes –las que reparten más de diez diputados–, el sistema es prácticamente proporcional: el porcentaje de votos obtenido se traduce con bastante fidelidad al número de escaños adjudicados, siempre que se supere el 3% de los votos. Pero eso no ocurre en las circunscripciones medianas y, especialmente, en las pequeñas, donde la combinación del sistema de reparto D'Hondt con la escasez de actas a repartir provoca que el sistema electoral tenga efectos mayoritarios y prime la concentración del voto en las fuerzas políticas más grandes.

No existe una cifra mágica a partir de la cual los partidos puedan sortear estos efectos perniciosos del sistema electoral que les impiden obtener representación en las provincias pequeñas y se lo dificulta en las medianas. Pero los expertos coinciden en cifrar en torno al 14% o el 15%, como mínimo, el porcentaje de voto que es necesario para entrar en el reparto de escaños en la mayor parte de las circunscripciones de menos de diez diputados.

A veces, no obstante, incluso obteniendo cerca del 20% de los votos un partido no logra representación. Todo depende de cómo se haya concentrado el voto en sus competidores.

  8. ¿El sistema sobrerrepresenta a los nacionalismos periféricos?

Uno de los mitos más extendidos en relación al sistema electoral es que beneficia a los nacionalismos periféricos en detrimento de fuerzas de carácter estatal. Pero lo cierto es que esta premisa, aunque tiene una base real –hay partidos estatales que, pese a tener muchos más votos, obtienen menos escaños que otros que se presentan solo en unas cuantas provincias–, es falsa. No es que el sistema electoral beneficie a las fuerzas nacionalistas periféricas, sino que perjudica a partidos que, pese a que consiguen muchos votos, lo hacen de manera dispersa en el territorio y no concentrada en pocas provincias, por lo que –como se explicaba anteriormente– no consiguen obtener escaño en muchas de las provincias que reparten pocos diputados.

Buen ejemplo de ello es el del PNV en el País Vasco. La formación nacionalista únicamente presenta candidatos en las tres provincias vascas y en Navarra, lo que implica que el porcentaje de voto que recibe en el conjunto de España es muy bajo (un 1,19% en las elecciones generales de 2016). Pero, en las tres circunscripciones de Euskadi, la formación es capaz de concentrar el voto y obtiene resultados que le permiten entrar en el reparto de escaños: en las últimas generales, el PNV consiguió un 15,93% en Álava (un diputado), un 28,22% en Bizkaia (dos parlamentarios) y un 23,26% en Gipuzkoa (otras dos actas). Cinco parlamentarios representan el 1,43% del total de actas del Congreso.

La comparación de estos resultados con los del Pacma ilustra bien este problema. La formación animalista obtuvo exactamente el mismo porcentaje de los votos que el PNV, un 1,19% (los nacionalistas consiguieron 287.014 papeletas y los animalistas, 286.702). Pero sus sufragios se repartieron de manera dispersa por todas las circunscripciones en lugar de concentrarse en unas pocas, y eso provocó que el Pacma no fuera capaz de llegar en ninguna provincia a la cantidad de votos suficiente para obtener escaño.

En definitiva, que un partido con el 1,19% de los votos obtenga el 1,43% de los escaños, no es una desviación grande. De la sobrerrepresentación se ha beneficiado, esencialmente, el partido estatal hegemónico en cada elección. Un ejemplo bien gráfico es lo ocurrido en 2011: el PP de Mariano Rajoy consiguió el 44,6% de las papeletas y el 53,1% de los escaños (186 de 350); una diferencia de casi nueve puntos que además le garantizó en el Congreso una mayoría absoluta que no tenía en el voto ciudadano.

  9. ¿Qué ocurre con el voto en blanco y el voto nulo?

Además de la obvia opción de no acudir a las urnas, existen otras dos maneras de no optar por ninguna candidatura en las elecciones: el voto nulo y el voto en blanco, que no obstante no tienen los mismos efectos. El voto nulo se produce cuando se realiza con un sobre o papeleta diferente del oficial -o sin sobre-, si dentro del sobre se incluye algún objeto o símbolo además de la papeleta o si se tachan o reordenan nombres en la candidatura. Estos votos no cuentan para realizar el reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a nadie.

Cuestión diferente es el voto en blanco, que se considera como tal cuando dentro del sobre que se deposita en la urna no hay nada o, en el caso del Senado, cuando la papeleta que se mete dentro del sobre no señala el nombre de ningún candidato a senador. A diferencia de lo que ocurre con el voto nulo, el voto en blanco sí se considera válido, por lo que computa junto a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños. Y, por ello, afecta a los partidos pequeños, ya que cuantos más votos en blanco haya, más difícil resulta para estas formaciones llegar a la barrera del 3% necesaria para entrar en el reparto de escaños en cada circunscripción.

  10. ¿Y cómo se eligen los senadores?

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A diferencia de lo que ahora ocurre en el Congreso, donde el escenario pluripartidista mitiga –aunque solo parcialmente– los efectos más mayoritarios del sistema electoral, en el Senado pueden obtenerse más de la mitad de los escaños sin acercarse  a la mayoría absoluta de votos. Para encontrar un ejemplo de ello no hay que irse muy lejos: en las últimas elecciones generales, el PP logró una cómoda mayoría absoluta en el Senado, aunque la suma de los votos del senador más votado del PP en cada circunscripción no llegaba ni al 35% de los sufragios totales emitidos. Y eso es así porque el sistema electoral está diseñado precisamente para potenciar el poder del partido que gana los comicios en cada circunscripción.

En el Senado no se aplica el sistema proporcional y, por tanto, tampoco se utiliza el sistema D'Hondt de reparto de actas. Todas las provincias, independientemente de su población, eligen cuatro senadores, a excepción de las islas grandes –Gran Canaria, Tenerife y Mallorca–, que escogen tres cada una; las pequeñas –Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, La Palma, Ibiza y Formentera–, que tienen un senador por isla; y Ceuta y Melilla, con dos parlamentarios cada una. En las provincias, cada votante tiene la opción de marcar tres nombres, y aunque puede escoger candidatos de diferentes partidos, habitualmente suele escoger a los tres designados por la formación a la que quiere votar, que normalmente es la misma que ha elegido para el Congreso.

Así, los cuatro candidatos más votados de cada provincia son los que salen elegidos. Y, tal y como está diseñado el sistema, el partido que gana las elecciones en la provincia en cuestión suele quedarse con tres de los cuatro asientos que le corresponden a esa circunscripción en el Senado, aunque haya obtenido solo un voto más que el segundo partido, que es el que obtiene el cuarto escaño en la Cámara alta. Esto significa que el partido ganador en cada provincia obtiene el 75% de sus escaños para el Senado, aunque su victoria haya sido por apenas el 30% de los votos, unas cifras muy posibles en un escenario con varios partidos fuertes como el actual.