Iglesias solicita la imputación de Inda y que se levante el secreto del sumario de la 'policía política'

Podemos ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el levantamiento del secreto de sumario de la décima pieza del caso Tándem, en la que se investiga el robo del móvil que sufrió en 2016 la asesora de Pablo Iglesias y la posterior publicación de información personal sobre el secretario general de la formación morada. La defensa de la afectada, Dina Bousselham, y del líder de Podemos recuerda, en un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, que en los últimos días han sido “incesantes” las noticias “sobre el contenido de las declaraciones, las pesquisas e inclusive la citación de testigos”. Por ello, solicita el levantamiento del secreto “en aras de un correcto ejercicio de defensa de las víctimas y de la acusación” y pide nuevas diligencias de investigación, entre las que se encuentra la averiguación del posicionamiento del móvil de Bousselham entre el día del robo y la fecha de publicación en OkDiario de las primeras informaciones extraídas del terminal sustraído. También pide la imputación del director de dicho diario digital, Eduardo Inda, y del periodista que firmó las informaciones. El magistrado Manuel García Castellón todavía no se ha pronunciado al respecto.

El 1 de noviembre de 2015, la asistente de Iglesias cuando era europarlamentario denunció el robo de su móvil en un centro comercial pensando que había sido un delito común. Sin embargo, un año más tarde saltó la alarma cuando tras uno de los registros que se llevaron a cabo en la conocida como Operación Tándem, por la que fue detenido y puesto en prisión provisional el comisario jubilado José Manuel Villarejo, los agentes de Asuntos Internos encontraron entre el material intervenido un archivo con el contenido del móvil. Parte de la información del terminal fue publicada siete meses después del robo en varias entregas por el periódico digital OkDiario. La conocida como Pieza Dina ya se ha cobrado una primera víctima. A comienzos de semana, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la compleja trama corrupta de Villarejo imputó al que hasta hace unos días era el número dos de la oficina de comunicación de Moncloa. El periodista Alberto Pozas, exdirector de Interviú, habría facilitado la información del móvil a Villarejo después de que la revista decidiera no publicarla.

En el escrito de Iglesias y Bousselham, se denuncia que el periódico digital continúa en la actualidad difundiendo el contenido del móvil “a sabiendas de su origen ilícito”. “El señor Inda, como director de OkDiario, ha autorizado dicha difusión y la ha amparado públicamente realizando numerosas intervenciones en programas de televisión en los que se refiere a las capturas de pantalla”, apunta la abogada Marta Flor Núñez, que recuerda también que el diario “ha insertado publicidad en todas sus publicaciones, por lo que se ha venido lucrando del uso de la información privada y confidencial perteneciente a la vida privada” de sus representados. El escrito encuadra el robo del móvil dentro de las actuaciones de la denominada policía política. Así, señala que la pieza número diez “ha puesto en evidencia la presumible colaboración activa para difamar” al secretario general de Podemos “entre un grupo de altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía” y OkDiario. “La colaboración entre el investigado Villarejo y medios de comunicación para alcanzar fines espurios e ilegales no es ninguna novedad”, recuerda.

Por todo ello, la abogada solicita varias diligencias de prueba. En primer lugar, ha pedido que se libre oficio a la unidad policial investigadora “a fin de que averigüe mediante triangulación u otro sistema equivalente el posicionamiento del número de teléfono de Dina Bousselham” entre el día del robo y la publicación del contenido del terminal con el objetivo de conocer “cómo fue el traslado” del teléfono “a las diversas personas que han tenido acceso a su contenido”. Además, pide que se comprueben los contactos entre Eduardo Inda y varios de los agentes que integraban la denominada policía política –Villarejo, el ex director adjunto operativo Eugenio Pino y el inspector José Ángel Fuentes Gago–, “detallando si la intensidad y frecuencia de dichos registros” aumentó en los periodos en los que OkDiario publicó varias de sus exclusivas que se encuentran bajo sospecha. Y solicita que se cite a declarar en calidad de investigados al propio Inda y al periodista Miguel Ángel Ruiz Coll, autor de las informaciones extraídas del móvil sustraído.

Además, la abogada pide al magistrado que se levante el secreto de sumario de esta pieza separada del caso Tándem. Para ello, pone de relieve que en los últimos días han sido “incesantes” las noticias “sobre el contenido de las declaraciones, las pesquisas e inclusive la citación de testigos”. “A la vista de lo expuesto y no concurriendo en la actualidad las causas que motivaran su adopción, pues es de público conocimiento la presente investigación y por tanto esta parte entiende que ya no se evita con la referida medida de secreto la destrucción o eliminación de pruebas, ni se previenen situaciones que comprometan gravemente el resultado de la investigación dado que es publicado por los medios gran parte de lo que acontece en la investigación”, sostiene la letrada.

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PISA y GranadinasPISA

El escrito también recuerda al magistrado que el caso del móvil “no es la única actuación” contra los dirigentes de Podemos. En este sentido, pone de relieve la “investigación policial sin mandato habilitante y sin autorización judicial de la financiación” de Iglesias. Es el famoso, y tantas veces desacreditado por la justicia, Informe PISA que OkDiario publicó. “Hasta la fecha, ninguna unidad policial se ha hecho responsable de su elaboración”, explica el escrito. En este sentido, la abogada solicita que se libre un oficio a la Dirección General de la Policía para que aporte “el expediente completo” que recoja “las investigaciones” sobre el Informe PisaInforme Pisa. Además, pide a la Secretaría de Estado de Interior que informe sobre “la relación detallada de los viajes realizados al extranjero” de Fuentes Gago y otro de los supuestos miembros de la policía política, Bonifacio Díaz Sevillano, durante 2015 y 2016. Y pide la imputación de Inda, Coll, Eugenio Pino, Fuentes Gago y Díaz Sevillano, así como que se tome declaración testifical a otras cinco personas.

La defensa de Iglesias y Bousselham también intenta demostrar la falsedad del supuesto pago de 272.000 dólares que el Gobierno de Venezuela habría hecho a Iglesias a través de la entidad Euro Pacific Bank, situada en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas. Esta información, publicada también en OkDiario, se sostenía sobre unos documentos aportados supuestamente por Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que habría trabajado como confidente de la Policía y al que se le concedió un permiso de residencia por “circunstancias excepcionales”. En este sentido, el escrito pide tanto la testifical de Arias como el expediente completo relativo a la concesión de esta residencia. Además, solicita que se pida al Cuerpo Nacional de Policía “el expediente completo, cualquiera que sea su denominación técnica o policial, con las investigaciones” relativas al supuesto pago en Granadinas, y pide al magistrado que se tome declaración como investigados por esta cuestión de Inda, Coll, Fuentes Gago y Pino.