No hay veto en el debate electoral de Atresmedia: la ley obliga

Gran revuelo se ha formado con la decisión de la Junta Electoral de suspender este martes el debate electoral a cinco que preparaba Atresmedia. El motivo aducido es que Vox no cumple los criterios para participar en tal debate. Rápidamente, candidatos y periodistas se han sumado al guirigay en redes, levantando cierta polvareda de confusión al respecto.

Escasos segundos tardó Rosa Díez en arrimar el ascua a su sardina a golpe de tuit. Insinuó que Pedro Sánchez habría manipulado a la Junta, puesto que en 2015 se permitió debatir a Podemos y Ciudadanos aunque no tenían representación parlamentaria. Total, una vez que la derecha anda con la boca caliente y ensanchando el espectro de lo decible, que lo mismo te meten nonatos en el libro de familia que a bajar el SMI le llaman subida, pues una acusación de prevaricación no hace tanto ruido. Tampoco ha reivindicado llevar armas o dejar morir inmigrantes. Y el listón hoy ya está ahí. Fue suave, Rosa.

Poco después se pronunció Pablo Iglesias. Criticaba el "veto" a Vox y pedía que la Junta obligara a todos a debatir en la pública. Tiempo ha tenido Podemos para proponer esa y otras reformas pendientes para nuestra esfera mediática nacional. No hay prisa, ya llegarán. Por ahora, la mayoría de las propuestas que hicimos en 2016 han desaparecido del programa.

Pero no, Rosa, no hay prevaricación, ni tampoco hay veto, Pablo. La Junta solo está aplicando la LOREG de manera imparcial, como luego explicaré.

Mucho menos fino, Pablo Casado aprovechó para sacar pecho en redes, retando a Sánchez a un cara a cara entre dos. Soltó un "de qué tienes miedo" que sonó como un "a la salida te espero" de patio de colegio. A veces, el fanfarrón que lo dice se arriesga a que le cojan el guante. A lo que tiene miedo Casado, claro está, es a seguir perdiendo protagonismo frente a sus socios verdes y naranjas. No sea que al final tenga que darles más de un Ministerio.

Por más que la decisión de la Junta genere graves problemas, porque le ha hecho a Vox media campaña electoral, en mi opinión, la decisión es correcta. Cualquier otra sentaría un grave precedente. La LOREG establece en su Artículo 66 que "durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que elabore la Junta Electoral". Y por proporcionalidad, no corresponde esa cobertura a Vox.

En 2015, Podemos y Ciudadanos habían logrado representación en elecciones de nivel nacional (las europeas de 2014), lo que justificaba su inclusión en los debates. Vox no lo ha conseguido, por tanto no hay veto. Si el criterio a tener en cuenta fuera que ha conseguido representación en las andaluzas, entonces habrá que reconocer que otros partidos han conseguido mucha más en las vascas o gallegas, y además también en anteriores estatales, por lo que ERC, PNV, Bildu o En Marea, tendrían prioridad.

Si me permiten un paréntesis, en lo que sí tiene razón Díez en es que UPyD e IU no deberían haber sido vetados en el debate a cuatro de 2015, pues ambas habían sacado más votos que Ciudadanos en 2014 e incluso logrado representación en anteriores estatales. Aquello fue un balón de oxígeno de Atresmedia a Rivera. De hecho, la Junta Electoral dio la razón a esos partidos y obligó a Atresmedia a compensarles con el famoso debate a nueve.

Más allá de los candidatos, también se han pronunciado periodistas de renombre, como Ana Pastor, que expresó una demanda muy compartida en la profesión, la de la Federación de Sindicatos de Periodismo y de diversos consejos de informativos y colegios regionales: que la información electoral no esté regulada y se decida sólo en base a criterios periodísticos.

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Sé que aquí confronto con gran parte de la profesión, pero no puedo compartir esa demanda. Esos criterios "periodísticos", ¿serían como los de Inda o los de Jiménez Losantos, por ejemplo? En este país no hay un Colegio de Periodistas oficial o un Consejo Estatal de Medios que pueda fijar criterio ni siquiera amonestar, como los hay en países del entorno. Muchas de las personas que toman decisiones en los medios ni siquiera son titulados de periodismo. ¿Cómo se fijaría ese criterio? ¿Tendrían los periodistas de a pie más opciones de confrontar el criterio de los dueños de los medios si no está regulado? ¿Disfrutarían los partidos minoritarios de mayor cobertura, o probablemente de mucha menos todavía, con las consecuencias que esto tendría para el pluralismo democrático? Mucho me temo que hay evidencias de lo segundo.

En fin, en la humilde opinión de quien suscribe, el origen de todo este sarao está en el hecho de que Sánchez rechazara debatir en la públicasarao . La propuesta de RTVE sí cumplía desde un principio con los criterios de proporcionalidad fijados en la ley. Los Consejos de Informativos han hecho bien en exigírselo, porque un debate electoral es el mejor ejemplo de servicio público y no tiene sentido llevárselo a la privada sólo porque esta consiente en incluir a la ultraderecha aunque eso vulnere la ley. Por mucho que Vox ayude a resaltar el perfil moderado y progresista de Pedro Sánchez, esa jugada hizo ruido desde el primer momento.

Si la apuesta del PSOE por el servicio público es sincera, una rectificación a tiempo para aceptar ese debate en la pública evitará seguir dando alas al neo-franquismo, compense estratégicamente o no compense. No hay fin que justifique esos medios. Ojalá no haya que lamentar más tarde haber dado esas alas, cuando se cierna ya sobre el país la sombra del aguilucho.