¿Hay hueco para la memoria histórica? Sólo PSOE y Unidas Podemos la incluyen en sus programas

No ocupa demasiado espacio en las campañas electorales ni es un tema a tratar en los debates que se celebran antes de cada cita con las urnas. La memoria histórica nunca se presenta como un asunto central, y tampoco lo está haciendo durante estos 15 días previos a las elecciones del 28 de abril. Para Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la explicación a este hecho radica en que ni la izquierda ha hecho suficiente —pues considera que la Ley de Memoria Histórica del PSOE se queda demasiado corta— ni la derecha está por la labor de aceptar este tipo de legislación. "La derogación de la ley de Memoria Histórica es un objetivo. Esto demuestra que mantienen una cierta herencia del franquismo y que están implicados en el sostenimiento de la impunidad de los crímenes de la dictadura", critica. 

Pero no es un asunto menor como para que no aparezca dentro de los temas centrales a tratar en campaña electoral. De hecho, la memoria histórica fue una de las banderas que enarboló el Gobierno de Pedro Sánchez nada más aterrizar en la Moncloa. La moción de censura de los socialistas triunfó el 1 de junio y, poco más de un mes después, el 17 de julio, el nuevo jefe del Ejecutivo anunciaba la que sería su medida estrella: "Quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será en muy breve espacio de tiempo", dijo en el Congreso de los Diputados, el mismo escenario que le vio desalojar a Mariano Rajoy del Gobierno.

Ese "breve espacio de tiempo" se dilató. De decir que se haría en verano, el Gobierno pasó a afirmar que la exhumación sería una realidad antes del 31 de diciembre. Más tarde, aseguraron que se llevaría a cabo a principios de 2019. Y así, semana tras semana, el calendario llegó al mes de febrero y Sánchez se vio obligado a convocar elecciones anticipadas tras la derrota de sus Presupuestos Generales del Estado. Pero no desistió en su promesa. De hecho, el mismo Consejo de Ministros que acordó que la fecha de los comicios sería el 28 de abril aprobó un acuerdo para exhumar al dictador y prohibir a la familia que lo enterrara en la Almudena, tal y como deseaba. Poco después, el Ejecutivo puso la fecha definitiva: el 10 de junio culminaría el proceso. 

Se desconoce si para entonces habrá un Gobierno con Sánchez al frente. En cualquier caso, de cara al 28A, los socialistas no olvidan que la memoria histórica ha sido una de sus prioridades en el Gobierno. Su programa electoral es, de hecho, el que más medidas incluye en esta materia. Y comienza, precisamente, alabando la labor que Sánchez ha podido llevar a cabo durante su corta legislatura. "Después de 7 años de inacción y abandono, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez retomó las políticas en favor del reconocimiento de la memoria histórica. [...] Culminó al procedimiento administrativo para exhumar al dictador Franco del Valle de los Caídos, cumpliendo con el requerimiento parlamentario de 11 de mayo de 2017", recoge el documento. 

Tras el del PSOE, el programa de Unidas Podemos es el que más propuestas relacionadas con la memoria histórica recoge. El PP y Vox, por su parte, tan solo proponen una medida, pero en ella ni siquiera contemplan el concepto de memoria histórica tal y como está establecido actualmente. Ciudadanos, en cambio, la ha dejado completamente fuera de su programa. infoLibre analiza qué dice exactamente cada partido y qué papel juega la memoria histórica en sus programas. 

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En términos cuantitativos, es el programa que más medidas propone en materia de memoria histórica. En cambio, en términos cualitativos, no agradan demasiado a las asociaciones memorialistas. "El PSOE se queda lejos de lo que reclamamos, sobre todo por su negativa a derogar la Ley de Amnistía, que impide que haya juicios al franquismo y establece un sistema de impunidad", lamenta Peinado. La derogación de esta legislación es un reclamo histórico por parte de las víctimas del franquismo. Y aunque han estado cerca de conseguirlo, la ley continúa vigente. En parte, gracias al PSOE. 

Hace poco más de un año, el Congreso de los Diputados rechazó tomar en consideración la reforma de la ley de 1977. La iniciativa, impulsada por Podemos, sus confluencias, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias, chocó con el no de PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canariano. El argumento que utilizaron fue el mismo: aunque se derogue, no pasará nada. 

A pesar de ello, los socialistas se presentan en su programa como los grandes defensores de la memoria histórica. En este sentido, proponen reformar "de manera integral" la Ley del año 2007. "Aspiramos a que la Memoria Histórica se convierta en una política de Estado, como Memoria Democrática de futuro", defienden. Y esto lo concretan, sobre todo, en medidas relacionadas con la reparación de los familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Así, abogan por impulsar la búsqueda y exhumación de las personas desaparecidas, establecer un plan global de exhumación de de carácter cuatrienal, crear un censo de víctimas y reabrir y potenciar la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. 

Pero para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), no es suficiente atender las exhumaciones de esta manera. Según explica, son procesos que deberían ser asumidos, de forma directa, por el Estado. "No deberían de tener una dotación presupuestaria; habría que llevarlas a cabo y gastar el dinero que cuesten", dice. Así, añade, se acabaría el "juego" de prometer en campaña e incumplir en el Gobierno. Lo mismo opina Peinado. Las exhumaciones, dice, no pueden ser responsabilidad de las asociaciones. 

No obstante, los socialistas no se quedan ahí. Proponen también que se declare la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas, suprimir los títulos nobiliarios que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura y excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización que ensalce o defienda el franquismo. En este sentido, además, insisten en la necesidad de retirada de la simbología que enaltezca "la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas. Es, además, lo que piden reiteradamente desde las asociaciones. 

Por último, el PSOE reclama incluir en el sistema educativo "el conocimiento de la historia democrática española", crear el Consejo de la Memoria y "garantizar el derecho de acceso a archivos", explican en el programa. "Necesitamos que se digitalicen los archivos y que se haga con fondos públicos", reclama Silva, que aboga también por la creación de una asignatura específica. "Lo que tiene que ver con la Segunda República y con la Guerra Civil está menguado en los programas escolares", critica. Así, lamenta, se "fabrica la ignorancia". 

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Unidas Podemos, si bien dedica menos espacio en su programa electoral a las medidas de materia histórica, aboga por propuestas más en la línea de lo que solicitan las organizaciones. Así al menos lo ve Peinado que, no obstante, critica que la formación morada se comprometa a modificar la Ley de Amnistía en lugar de derogarla. "Con Unidas Podemos estamos de acuerdo en una gran parte, pero tampoco habla de la derogación de la Ley de Amnistía, sino de la modificación de algunos de sus apartados. Eso no nos convence", critica. 

Según explican en su programa, los de Pablo Iglesias proponen modificar la legislación "para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional", dicen. Es, precisamente, lo que intentaron hacer antes de que PP, PSOE y Ciudadanos unieran fuerzas para impedirlo. En concreto, la modificación que plantearon en octubre de 2017 consistía en la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 9 para dejar claro que las disposiciones contenidas en la norma "no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos". En paralelo, pretendían añadir un nuevo artículo en el Código Penal, para afianzar la figura de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, conforme al Derecho Internacional y a los distintos tratados suscritos por España.

Es lo que en su programa denominan "hacer justicia a nuestra memoria democrática" donde, además de estas medidas, proponen otras en las que coinciden plenamente con lo reclamado por las asociaciones. Y es que, además de la Ley de Amnistía, la formación morada propone anular los juicios del franquismo —al igual que las condenas y sanciones que acordaron— y retirar las medallas concedidas a Billy el Niño "y a otros torturadores del franquismo". Esto último, si bien no aparece como una propuesta socialista, fue otra de las promesas del Ejecutivo de Sánchez. Un compromiso que, según dijeron a infoLibre, quedó en nada por el adelanto electoral. 

"Al mismo tiempo", añaden, "hay que señalar que el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión, sino que operó también como un mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares". 

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Muy distintas son las propuestas que PP y Vox incluyen en sus programas. El partido de extrema derecha presidido por Santiago Abascal aboga, directamente, por derogar la ley. A menos de una semana de las elecciones generales, la formación no ha presentado programa electoral, aunque en su página web sí está disponible el documento que bautizaron 100 medidas para la España viva, una especie de declaración de intenciones de cara al 28A. Entre sus propuestas, hay una dedicada a la memoria histórica: "Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España". 

En la misma línea se presenta el PP. En los párrafos introductorios del documento con el que concurren a las urnas, la formación presidida por Pablo Casado asegura lo siguiente: "El Gobierno ha renunciado a la concordia para imponer una visión falseada de la historia, tratando de mostrar a España como una democracia imperfecta. Un Gobierno que ha optado por abrir viejos debates para provocar nuevas divisiones". Por ello, lo que proponen está claro. Los conservadores abogan por la derogación de la legislación aprobada en el año 2007 y por su sustitución por una Ley de Concordia. "Una ley que incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles", añaden. 

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Andalucía será el ensayo de una legislación en este sentido. El presidente de la Junta, el conservador Juanma Moreno, anunció el mes pasado que su Ejecutivo presentará en el Parlamento autonómico una Ley de Concordia en la que todos los andaluces "se sientan representados" y que "mejorará" la Ley de Memoria Histórica vigente actualmente. De este modo, cumplirá con el pacto de Gobierno que alcanzó con Vox. 

Ciudadanos, por su parte, ha obviado la memoria histórica de su programa electoral. No han incluido ni una medida relacionada con ella. 

Las asociaciones, aunque de acuerdo en algunas de las propuestas, reclaman más. Así, Silva insta al próximo Gobierno a "eliminar las trabas políticas que impiden que la justicia intervenga en la reparación de víctimas de la dictadura" y a crear un organismo que defienda los Derechos Humanos de los españoles. Peinado, además, insiste en la necesidad de la creación de una ley de víctimas del franquismo que les dé los mismos derechos que ya tienen otros colectivos de víctimas, como las del franquismo.