El ERE interminable de la banca se llevará por delante este año a 5.000 trabajadores de Santander y Caixabank

Caixabank se deshará antes de acabar 2020 de un total de 2.023 empleados, el 8% de su plantilla en España. Y Banco Santander acaba de convocar a los sindicatos para negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuya cifra de afectados se desconoce aún, aunque el año pasado ya se deslizó que el número no será inferior a 3.000 trabajadores.

Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 personas, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de su red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.

Pero el recorte no termina. A los despidos de WiZink, BNP Paribas, Ibercaja, Evo Banco y Bankia y BMNen 2018, este año se añaden los dos citados y están pendientes los que puedan producirse cuando culmine la fusión entre Unicaja y Liberbank. En el aire continúan las declaraciones del presidente del BBVA, Carlos Torres, hace dos años cuando dijo que le sobraban 2.800 sucursales. La banca sumó 17.316 millones de euros de beneficios en 2018, un 13,6% más que el año anterior, según el anuario estadístico de la patronal AEB, pero la transformación digital y los estrechos márgenes presionan a las entidades tanto como las exigencias regulatorias de las que no paran de quejarse. El Santander, que ha ganado 1.840 millones en el primer trimestre, aduce razones “organizativas y productivas” para el ERE que negociará las próximas semanas. Los mismos motivos que ha puesto sobre la mesa Caixabank, con 533 millones de euros de ganancias. Las cifras suponen una rebaja del 10% y del 24,3%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2018. Lo que no será óbice para que este año repartan 3.734 millones de euros en dividendos –el Santander– y 1.017 millones –Caixabank–, lo que se traduce en un aumento del 4,5% y del 8,3% respecto a 2017.

“Se ha convertido en una mala costumbre”, resume José Luis Romero, de la ejecutiva estatal de CCOO en el Banco Santander cuando se le pregunta por el nuevo ERE. La entidad que preside Ana Patricia Botín ejecutará con el de este año su cuarto despido colectivo desde 2013. El que acaba de pactar el banco de Jordi Gual es el segundo, después del que afectó a 700 trabajadores en 2015 y de dos planes de bajas voluntarias en 2016 y 2017, por los que dejaron la entidad 1.119 y 400 personas, respectivamente.

A partir de los 49 años en Caixabank

Romero explica que la cifra de 3.000 despidos surgió de un documento del servicio de estudios del propio banco que calculaba en 5.000 los trabajadores sobrantes hace dos años. Como ya se redujo la plantilla en más de 1.000 en los servicios centrales con el último ERE, el número resultante es el que se ha manejado extraoficialmente, asegura. Las reuniones que mantendrán la semana próxima los sindicatos y la empresa no suponen aún la negociación propiamente dicha, sino el calentamiento previo para cumplir con el artículo 12 del convenio colectivo de banca, que obliga a las partes a discutir medidas de “flexibilidad interna” –reducción de jornada, excedencias, traslados, modificación de condiciones de trabajo– antes de acometer “procesos de reordenación o reestructuración de plantillas”.

Además, el banco no terminará hasta junio la integración tecnológica de Santander y Popular, el banco que adquirió por un euro en junio de 2017 y que ya sufrió su propio ERE ese año, con 2.592 trabajadores afectados. Por lo que la medida no se acometerá hasta después de las elecciones. Para cuando se sienten a negociar en el Santander, Caixabank ya habrá empezado a anotar los nombres de quienes quieran abandonar el banco. El ERE ofrece la baja voluntaria a trabajadores a partir de los 49 años. Con más de 53 años la indemnización equivale al 57% del salario más una paga de 18.000 a 38.000 euros brutos dependiendo de la edad. Para los empleados de 49 a 51 años, la indemnización equivaldrá a 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. Pagar esas cantidades le va a costar a Caixabank 890 millones de euros.

En el Santander el objetivo declarado de los sindicatos es repetir este año las condiciones del último ERE, en el que los afectados mantuvieron el 80% de su sueldo. Entonces, la medida afectó básicamente a directivos del centro corporativo de Boadilla del Monte. “No vamos a consentir que el staff obtenga mejores condiciones que la tropa”, destaca José Luis Romero, quien además apunta que no existen “razones económicas objetivas” para bajar de ese 80%.

“Antes la banca utilizaba las prejubilaciones como única herramienta de ordenación de la plantilla”, protesta Juan José Paredes, secretario general de la Sección Sindical de CGT en Banco Santander, “pero desde la reforma laboral de 2012 ha optado por los ERE”. José Luis Romero asegura que en el Santander hay “masa suficiente” de mayores de 55 años con que nutrir las prejubilaciones, pero Paredes objeta y teme que sufran despidos trabajadores más jóvenes.

Prejubilaciones de lujo

Los dos ERE se ejecutan, además, mientras las quejas de las plantillas del sector por las horas extraordinarias no pagadas han saltado a los titulares de los periódicos y a los tribunales. Tanto en Santander como en Caixabank los sindicatos no se cansan de denunciar la “desmesurada” carga de trabajo y la intensa “presión comercial” a la que están sometidos los trabajadores. Romero dice que son “dos batallas distintas”, las horas extraordinarias y la tensión laboral que se sufre en las oficinas. Pero coincide con Paredes en que la presión incentiva el deseo de muchos trabajadores de aprovechar los ERE para abandonar las entidades. Ya no se ofrecen las condiciones de antes de la crisis, subraya el responsable de CGT –cuando se mantenía hasta el 90% del sueldo–, pero aun así constituyen prejubilaciones de lujo y tienen un éxito considerable. El banco paga a los trabajadores afectados y cotiza por ellos a la Seguridad Social hasta los 63 años, cuando la inmensa mayoría, por lo general con largas carreras de cotización, se acogen a la jubilación anticipada. Romero precisa que la medida no supone coste alguno para la Hacienda pública “porque el banco debe pagar al Tesoro por las prestaciones de desempleo y cotizaciones de los prejubilados las cantidades establecidas en la Enmienda Telefónica”. Se trata de una obligación para todas las empresas de más de 500 empleados y con beneficios cuando despidan a trabajadores mayores de 50 años.

En cualquier caso, CCOO no ha firmado el ERE en Caixabank, que ha tachado de “purga”. Los traslados a un máximo de 75 kilómetros, denuncia, decididas por una herramienta que utiliza “criterios desconocidos, variables y opacos”, a discreción de la empresa, supone una “amenaza continua de traslado forzoso, por tanto, también de “extinción forzosa”, explica el sindicato en un duro comunicado.

El acuerdo del ERE firmado por el resto de los sindicatos limita el número de sucursales con un solo empleado a 300, con un horario de atención al público reducido. También crea un nuevo tipo de oficina, con dos empleados y para zonas rurales, del que podrá haber hasta un máximo de 450. Caixabank tenía en 2013 un total de 5.647 sucursales, según el anuario estadístico de la CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorros. Cuatro años después, le quedan 4.983. En 2013 su plantilla la componían 30.437 personas; en 2018 se había reducido a 25.068, 29.956 si se incluyen los trabajadores del BPI portugués que terminó de adquirir en 2018.

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El Santander cuenta con 32.313 empleados en España, con cifras del cierre de 2018, según su memoria anual. Si Caixabank absorbió durante la última crisis a Banca Cívica, Banco de Valencia, Barclays y BPI, el banco de Ana Patricia Botín integró a Banesto y Banco Popular. “Pero en cuatro años consigue digerir los aumentos de plantilla que supone cada nueva absorción”, destaca Juan José Paredes. Es lo que ha ocurrido con los 8.900 empleados de Banesto y los más de 10.000 del Popular. Según las cifras del anuario estadístico de la AEB, Santander tenía en España 25.864 trabajadores en 2013 y contaba con 21.340 en 2017, cuando se quedó con el Banco Popular.

A diferencia de Caixabank, en el Santander no hay oficinas con un empleado solitario, sino que ha optado por contratar agentes colaboradores, hasta 114 según publica en su informe anual, para atender zonas rurales. De la exclusión financiera alertó el pasado miércoles la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, en el Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y Abc. Pese a que la banca española ha reducido en un 40% el número de sucursales desde 2008 y en un 30% el de empleados, aún tiene más oficinas y trabajadores de por cada 100.000 habitantes que la media de la zona euro. Pero en número de sucursales con pocos empleados sólo la supera Japón, destacó.

Al tiempo que Caixabank y Santander aligeran sus plantillas, los sindicatos negocian el convenio colectivo del sector, que caducó el pasado 31 de diciembre. Uno de los puntos de discusión serán los horarios. Este lunes se hace obligatorio en todas las empresas el registro de las horas de trabajo. Desde que la CGT ganó en la Audiencia Nacional un juicio al Santander, el personal administrativo debe apuntar su tiempo de trabajo “en una hoja de Excel”, explican Paredes y Romero. Un sistema poco o nada efectivo, reconocen, y que deja fuera al personal comercial, precisamente quienes tienen jornadas flexibles y fuera de cualquier control, ademása de componer casi el 80% de la plantilla. En 2015 fue UGT el sindicato que calculó en 30.000 las horas extras diarias que hacían los trabajadores del Santander y que ni se pagaban ni cotizaban a la Seguridad Social. Las denuncias de los sindicatos a la Inspección de Trabajo han llovido por decenas durante los últimos años. Las entidades niegan que las plantillas trabajen ni una sola hora de más.