Anticorrupción pide desimputar a Gallardón y González por la operación de compra de Inassa en el 'caso Lezo'

La Fiscalía Anticorrupción ha registrado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita el archivo de la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en la pieza del caso Lezo sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. También pide sacar de esta investigación al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en el caso Lezo, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera mano derecha de Gallardón.

Además de estos cuatro, Anticorrupción reclama al juez instructor Manuel García Castellón que archive las diligencias para otras 11 personas, incluidos exconsejeros del Gobierno de Gallardón como Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral; así como exdirectivos como Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona y Ángel Varona.

En el mismo escrito, la Fiscalía insta a finalizar la investigación, al haberse practicado ya las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y se acuerde auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento). Y en dicho auto, sí solicita incluir a un total de 23 personas para su posterior enjuiciamiento por el delito de malversación de caudales públicos en la operación de compra de Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá —Aguas de América—.

Calvo y Bravo, los únicos señalados

Entre esas 23 personas destacan dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, Pedro Calvo y Juan Bravo, en tanto formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II cuando tuvo lugar la compra, aunque también integraban el Consejo de Gobierno autonómico. En realidad, la fiscal solicita procesar a consejeros del Canal que en 2001 votaron a favor de la adquisición de Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho. La Fiscalía también dirige su petición para el que fuera director gerente del Canal Arturo Canalda; los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras; así como otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores como Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

En su escrito presentado al juez, la Fiscalía Anticorrupción hace un relato pormenorizado de la operativa que se ha investigado, la cual se enmarca en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Sobreprecio y ningún beneficio

La fiscal considera que la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Según Anticorrupción, fueron los exdirectivos del Canal López Heras y Cachavera, con el beneplácito de Arturo Canalda, los que elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña. Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el Canal de Isabel II acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares".

El juez desimputa a Gallardón y González por la compra de Inassa en el 'caso Lezo' y procesa a otras 22 personas

Ver más

El Consejo de Gobierno no conocía los detalles

Sobre las 15 personas para las que se pide el sobreseimiento de las actuaciones, incluidos Gallardón, González, Rodríguez Sobrino y Cobo, la fiscal considera que "no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos". En cuanto al expresidente y exalcalde y al resto de sus exconsejeros, Anticorrupción cree que no se ha podido probar que con el voto que emitieron a favor de la compra en el Consejo de Gobierno conocieran "los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría". "En este caso, a diferencia de lo ocurrido en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II de 14 de noviembre de 2001, donde todos sus asistentes dispusieron del dossier explicativo que desvelaba cómo se iba a realizar esta operación, no consta indiciariamente acreditado que ni el presidente ni los consejeros del citado Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid —salvo Pedro Calvo y Juan Bravo-— conocieran o dispusieran de ese dossier", explica el escrito.

"La única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de la operación desencadenantes del presunto delito de malversación", apunta.