La sombra de corrupción que no se separa de OHL

El 31 de diciembre de 2012 no fue un mal día para el grupo Obrascón Huarte Lain (OHL). La constructora cerró la última jornada del año con una cotización superior a los 20 euros por acción. Todavía andaba lejos de lo que llegó a alcanzar cinco años antes, sí. Pero este dato vino a confirmar la tendencia ascendente que la compañía experimentó durante todo el ejercicio. Porque 2012 fue, sin duda, un buen año para la firma. En un escenario en el que la economía española se contrajo un 1,6% y en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se vio obligado a solicitar el multimillonario rescate bancario, el grupo OHL culminó el año con un beneficio de 1.005 millones de euros, un 350,3% superior al experimentado el ejercicio anterior. “Ha obtenido el mejor resultado de su historia, ya centenaria”, se congratulaba en su carta anual el entonces presidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, al que sólo unos meses antes el rey Juan Carlos I le había otorgado el título de marqués por su “destacada y dilatada trayectoria al servicio de España y la corona”. El imperio empresarial seguía creciendo.

Siete años después, la compañía no levanta cabeza. Su cotización ronda el euro por acción y lleva ya tres ejercicios encadenando números rojos. Y su imagen está cada vez más deteriorada por las continuas apariciones de la firma en presuntos casos de corrupción. El nombre de OHL ha salido en la Gürtel, en los papeles de Bárcenas, en Son Espases, en Púnica o en Lezo, donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón está investigando en una pieza separada supuestos pagos "generalizados" por parte de responsables de la constructora a funcionarios para conseguir adjudicaciones. Esta última sombra de duda sobre la compañía ha llevado a OHL a contratar a la auditora Baker&Mckenzie para buscar cualquier rastro de prácticas ilícitas durante más de una década –entre 2003 y 2014–. “Estamos comprometidos con la ética y ofrecemos cualquier colaboración a la justicia”, afirmó a finales de mayo el consejero delegado de la firma, José Antonio Fernández.

Los papeles de Bárcenas y Gürtelpapeles de BárcenasGürtel

La primera sombra de duda sobre OHL apareció a los pocos días de que comenzase el año 2014. En el mes de enero, los diarios El Mundo y El País revelaron en primera página la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Y en la documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas, aparecían tres ingresos a nombre de “Villar Mir” y “J.M. Villar Mir” por más de medio millón de euros: 100.000 euros en 2004, 180.000 euros en 2006 y 250.000 euros en 2008. En la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel, el tribunal de la Audiencia Nacional consideró acreditada la existencia de esta caja B, rechazando tajantemente que se nutriese de “donaciones altruistas” por parte de empresarios. “Tienen un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos y, por lo tanto, no se pueden desvincular de esas adjudicaciones irregulares”, recogía el fallo, conocido en mayo del año pasado.

De hecho, el nombre de la empresa fue puesto sobre la mesa de la Audiencia Nacional durante una de las sesiones del juicio de la Gürtel. Lo pronunció el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, quien a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción aseveró que “grandes compañías, grandes constructoras como OHL, ACS y Dragados” abonaron comisiones a cambio de contratos públicos de diferentes ministerios, entre los que mencionó Fomento o Medio Ambiente. Eran, como definió Correa, “pagos por éxitos”, unas declaraciones que no sentaron nada bien a las empresas, que horas después anunciaron la interposición de una querella contra el cabecilla de la trama corrupta. Villar Mir no se sentó en el banquillo de los acusados en Gürtel. En la causa de los papeles de Bárcenas prestó declaración como investigado, aunque finalmente el juez archivó la causa contra el empresario, que siempre ha defendido que las anotaciones del extesorero son “una invención”.

El caso Son Espasescaso Son Espases

La segunda sombra en el expediente de OHL apareció pocos meses después de que se revelaran los papeles de Bárcenas. En agosto de 2014, la Policía exigió al Govern balear los documentos originales de la concesión del Hospital Son Espases que el Ejecutivo de Jaume Matas adjudicó en el año 2006 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por Dragados, una de las filiales de la compañía presidida por Florentino Pérez ACS. Estalló así el conocido como caso Son Espases, en el que han sido procesados tanto el propio Matas como la exconsellera de Salud Aina Castillo, el ex director general de Ib-Salut Sergio Bertrán y el propietario de la firma Global PM, Jesús Peinado. La Fiscalía pide para el expresidente balear cuatro años y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación por los delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juicio contra el exlíder del Ejecutivo balear y los otros tres acusados arrancará el próximo lunes en la Audiencia de Palma.

Los hechos guardan relación con el supuesto amaño que el Govern de Matas hizo del concurso para la adjudicación de la construcción, conservación y explotación del hospital de referencia balear. En concreto, tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado acusan al expresidente balear de ordenar de manera fraudulenta la contratación de Global PM para que otorgara en el concurso la máxima puntuación a la UTE que lideraba OHL, aunque finalmente la operación se acabó frustrando y la adjudicación recayó en manos de Dragados. En su declaración ante la Fiscalía, la exconsellera de Salud aseguró que Matas dio instrucciones en 2006 para que la oferta puesta sobre la mesa por la firma de Villar Mir se hiciera con el jugoso contrato. El empresario llegó a estar imputado en la causa hasta junio de 2017, cuando el entonces instructor José Castro tuvo que sobreseer el caso contra Villar Mir al no encontrar ningún indicio de pago por parte del empresario para hacerse con la adjudicación.

De Púnica a LezoPúnicaLezo

Y cuando parecía que nada podía ir a peor, estalló la Púnica. En febrero de 2018, el magistrado de la Audiencia Nacional Diego De Egea citó a declarar como investigado en la trama tanto a Villar Mir, que dejó la presidencia de la constructora un par de años antes, como a su yerno, el empresario y ex consejero delegado de OHL  Javier López Madrid, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude o prevaricación, entre otros. Bajo la lupa de la justicia, el presunto pago de comisiones a cambio de hacerse con contratos públicos de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid que entonces dirigía Francisco Granados. La decisión del magistrado se produjo después de que el supuesto cerebro de la trama, David Marjaliza, declarase en sede judicial que tanto él como López Madrid y Granados se repartieron una comisión de 3,6 millones por la adjudicación en 2004 a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid en la localidad de Boadilla del Monte.

De Egea relató en su auto que el expresidente madrileño garantizó dicho lote de contratos a la firma Obrum, vinculada al cabecilla de la trama, a cambio de mordidasmordidas. El papel jugado por López Madrid habría sido, según describió el magistrado, aportar las calificaciones que ostentaba la empresa Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la compañía de Marjaliza pudiese optar a los contratos. El auto, además, volvía a poner sobre la mesa que OHL había sido identificado como uno de los presuntos donantes del PP madrileño, de acuerdo con una agenda intervenida a Granados. Nada más conocerse las imputaciones, que también incluían al expresidente de Construcción de OHL Rafael Martín de Nicolás, la compañía emitió un comunicado recordando que ni Villar Mir ni López Madrid ocupaban ya ningún puesto en la empresa y asegurando que todas las adjudicaciones se realizaron de acuerdo a la ley. Durante su declaración como investigado, el expresidente de OHL negó haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones y rechazó las donaciones opacas al PP.

Sin embargo, Púnica no ha sido el único caso de corrupción en el que Villar Mir y López Madrid han ido de la mano. Ambos empresarios también han sido citados a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo, que colocó en prisión provisional al expresidente madrileño Ignacio González. En concreto, en la pieza número 3, en la que se investiga el supuesto pago de una comisión a González a cambio de hacerse en 2007 con el contrato del proyecto ferroviario que pretendía unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero, algo que nunca llegó a completarse. Tanto López Madrid como Villar Mir, de nuevo, han negado categóricamente el pago de estas mordidas. OHL, por su parte, sí que ha localizado en la auditoría interna que la firma realizó por este asunto dos transferencias por 2,5 millones de dólares –unos 2,2 millones de euros–, pagos que la UDEF ha llegado a ligar con un supuesto amaño de la concesión. Sobre estas transferencias, Villar Mir mostró en sede judicial sus sospechas de que alguien desvió desde la empresa esas cantidades en beneficio propio.

El pasado 27 de mayo trascendió que la Guardia Civil había remitido al juez del caso Lezo un informe en el que aseguran que “por primera vez” habían encontrado un documento interno que probaría el pago de un soborno por la concesión del tren a Navalcarnero. Y, horas después, se conoció que García Castellón había solicitado información detallada sobre una docena de expedientes de obras públicas adjudicadas a OHL y a una de sus filiales por valor de 418 millones de euros. En esta pieza separada de Lezo, se está investigando a los máximos dirigentes de la constructora por presuntamente haber mantenido durante años una “práctica generalizada” de pagos para la consecución de adjudicaciones públicas, pesquisas que arrancaron a raíz de unas grabaciones de un exdirectivo de la compañía. El juez había pedido a OHL que le informara sobre sus planes para “prevenir la comisión de delitos de cohecho”. Este jueves, la firma le ha remitido un informe en el que detalla haber invertido 2 millones de euros para evitar los delitos relacionados con la corrupción.

Sombras en México y las grabaciones de Corinna

La multinacional también ha tenido que hacer frente en los últimos años a diferentes escándalos en México. En 2015, por ejemplo, se filtró una conversación del entonces presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, con el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno mexicano, Gerardo Ruíz Esparza, en la que se daba a entender que la Secretaría había facilitado a la constructora información sobre licitaciones antes de que se hicieran públicos los concursos. Dos años después, en 2017 y en plena campaña electoral en el Estado de México, el movimiento Ahora, impulsado por el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció en varios vídeos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría financiado varias de sus campañas gracias a los acuerdos alcanzados con la empresa, especialmente las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. La compañía rechazó tajantemente tales acusaciones.

El nombre de OHL también ha aparecido en los famosos audios en los que Corinna su Zayn-Wittgenstein revela al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional en el marco de la operación Tándem, los negocios de Juan Carlos I. Según la que fuera amiga íntima del rey, el monarca pidió una comisión por su papel como intermediario después de que el consorcio de empresas españolas, del que formaba parte OHL, se hiciera con el contrato de más de 6.300 millones de euros por el AVE a La Meca. “Villar Mir puso a Shahpari Zanganeh, mujer de Khasoggi, como intermediaria para el tren. Ellos decían que era yo, pero yo nunca tuve nada que ver con el tren [...] y después el rey me ha escrito por e-mail que Villar Mir estuvo en su despacho y le dijo: ‘Voy a ver si Zanganeh te paga la mitad de su comisión”, relataba Su Zayn-Wittgenstein. Con todos estos audios sobre la mesa, IU se querelló, entre otros, contra el rey emérito y Villar Mir. Sin embargo, el Tribunal Supremo archivó la querella.