"Recibimos amenazas de asesinato del Gobierno marroquí", denuncia un periodista en el informe de Reporteros Sin Fronteras sobre el Sáhara

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha presentado este martes 11 de junio su nuevo informe, Sáhara Occidental: un desierto para el periodismo, que se erige como el primer trabajo de investigación que se elabora sobre este territorio y su relación con la libertad de prensa e información.

El informe, que trata de arrojar luz sobre las trabas que encuentra el periodismo para desarrollar su función en el Sáhara, señala en varias direcciones a los responsables del silencio al que se ha visto sometido el conflicto durante los últimos 40 años. Ahí es la prensa internacional la que ocupa un primer escalón, con especial atención para los medios españoles y franceses. Asimismo, las numerosas barreras que el Gobierno de Marruecos impone al ejercicio libre del periodismo impiden el desarrollo de derechos básicos como el de información, tanto para ofrecerla como para consumirla. El documento, elaborado por la sección española de RSF, recopila numerosos testimonios, que van desde declaraciones de periodistas saharauis que trabajan sobre el propio terreno hasta reporteros especializados en el conflicto. Son varios los ejes sobre los que desarrolla el informe, entre los que destacan el abandono internacional del Sáhara, su escasa presencia en los medios, la constante represión de las autoridades marroquíes o la deportación de periodistas extranjeros.

El acto de presentación, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ha sido guiado por Victoria Prego, presidenta de la APM, Alfonso Armada, presidente de RSF, y Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE). Al evento también han asistido Ahmed Ettanji, fundador de Equipe Média (colectivo de periodistas del Sáhara Occidental), y Édith R. Cachera, corresponsal de RSF en España y autora del informe. Además de la presentación del informe, en el acto se ha proyectado, como material documental complementario, el cortometraje 3 stolen cameras, realizado por Equipe Média, que gira en torno a las rutinas laborales de los periodistas saharauis y los numerosos riesgos que asumen para desarrollar su trabajo.

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elabora RSF, Marruecos se ubica el puesto número 135 de los 180 países que se analizan. Los medios oficiales, controlados directa o indirectamente por la familia real, no garantizan el derecho a la información de los ciudadanos en la región del Sáhara, controlada en gran parte por la administración del país norafricano. En este sentido, muchos intereses económicos e internacionales juegan como excusa desde el Gobierno para el control de la información exterior. Por ejemplo, Pablo Ignacio de Dalmases, director del primer y último periódico español editado en el Sáhara Occidental, La Realidad, explica cómo Marruecos ejerce presión sobre países como España: “Maneja tres temas absolutamente estratégicos para España: la inmigración, la pesca y la presión en torno a Ceuta y Melilla”.

Pese a los intentos de hacer un periodismo alternativo, que ocupe un espacio al margen del oficialismo del Gobierno marroquí, desde el terreno señalan los muchos obstáculos que impiden a los reporteros hacer su trabajo. Las desmesuradas penas de cárcel y el improbable acceso de periodistas extranjeros al territorio hacen del conflicto un terreno pantanoso para la libertad de prensa y expresión. Un caso ilustrativo, como se recoge en el informe, es el de Walid El Batal. Trabaja como reportero en Smara News, un pequeño colectivo de periodistas que intentan trabajar al margen de la oficialidad. Walid, de 24 años, fue condenado en 2016 a 14 meses de prisión por participar en una manifestación la ciudad de Smara, en el noreste del Sáhara. Se le acusó de "obstruir la vía pública y agredir a un funcionario en el cumplimiento de su trabajo". Otros dos de sus compañeros también fueron arrestados en los últimos años. "Los periodistas sufrimos constantemente ataques. Encajamos insultos, torturas, detenciones y encarcelamientos, además de amenazas de asesinato por parte de las autoridades marroquíes. Toda esta represión tiene un único objetivo: impedir a los reporteros saharauis documentar las violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental", denuncia en el informe el periodista.

Pero hay penas de cárcel todavía peores. En diciembre de 2010, El Bachir Khadda, miembro fundador del colectivo Equipe Média, fue detenido en una cafetería de El Aaiún, tras las protestas de Gdeim Izik, que se convirtió en un campamento protesta contra las condiciones económicas del Sáhara. Khadda, condenado a 20 años de cárcel, culminó el 2 de noviembre de 2018 43 días en huelga de hambre dentro de prisión. Actualmente se encuentra extremadamente debilitado. Caso paralelo es el de Hassan Dah, que fue detenido junto a El Bachir Khadda y que cumple su condena de 25 años de cárcel. El periodista trabajaba como colaborador del Frente Polisario RASD TV, transmitiendo los sucesos del campamento de Gdeim Izik para radio y televisión. Como al resto de compañeros, a Hassan Dah se le acusa de "creación de banda criminal, violencia destinada a la muerte de agentes del orden en el ejercicio de sus funciones y mutilación de cadáveres". Tras la detención, el reportero declaró haber sido torturado "de todas las maneras posibles". Colgado boca abajo durante horas, rociado con orina o apaleado a patadas son algunas de ellas. 

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Uno de los grandes problemas a los que la situación del Sáhara Occidental tiene que hacer frente es la espiral del silencio que se ha formado en torno al conflicto. Con cada vez menos presencia en el espectro mediático, los enfoques sobre el conflicto del Sáhara, si bien escasos, han virado hacia una cobertura más humanitaria que política, como critican desde el informe. Así, el Sáhara se encuentra desde hace décadas en un limbo político, a la espera de una solución mediada y multilateral que responda a las necesidades y reivindicaciones de sus ciudadanos. Desde Reporteros Sin Fronteras y a través de su trabajo de investigación, entre otras recomendaciones, se insta a Marruecos a garantizar juicios justos para los periodistas, a cumplir las exigencias de liberación de presos de la ONU y a facilitar el acceso de periodistas extranjeros a la región. Aun así, como señalan desde la organización, el respeto al Sáhara y al libre ejercicio del periodismo no son sólo responsabilidad de Marruecos, sino también de la Unión Europea y de los gobiernos de España y Francia, que deben tomar riendas sobre el asunto y condenar la represión que ejerce el reino alauita sobre los periodistas saharauis.

Aquí puedes consultar el informe íntegro: