La industria electrointensiva advierte de más cierres y despidos como los de Alcoa si no se les baja el precio de la electricidad

Se conoce como industria electrointensiva a la que necesita un gran consumo de electricidad para su producción, cuyo gasto en determinados casos puede alcanzar hasta un 50% de los costes.  En un contexto de elevados precios de la luz y de transición energética, el futuro pinta negro para el negocio, que pide, cada vez con más urgencia, medidas que les permitan seguir desarrollando su modelo… aun a costa del resto de consumidores. "Las empresas necesitamos salvar la situación en el corto plazo, tenemos que seguir produciendo en 2020. (…) Nuestra industria también necesita una transición justa", asegura la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a las 25 principales compañías industriales de materiales básicos de sectores claves como metalurgia, química, siderurgia o gases industriales. 66.000 puestos de trabajo directos en empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc… o Alcoa, que en octubre de 2018 anunció el cierre de sus plantas de Avilés y A Coruña, con 700 trabajadores afectados.

En el centro del debate se encuentran las ayudas que recibe la industria electrointensiva para seguir funcionando y financiar, aunque sea solo en parte, el alto consumo de electricidad que necesitan. Los argumentos son parecidos a los que se utilizan en la discusión sobre cualquier sector que no cuadra en los cánones de la transición energética, necesaria para sobrevivir en un contexto de crisis climática. Por un lado, los miles de empleos que están en juego, trabajadores que no tienen culpa de que la luz esté cara y que haya que descarbonizar la economía, y un sector productivo, la industria, necesario para una economía sana: por otro lado, la conveniencia de subvencionarlo en base a impuestos que pagan todos los consumidores y que sirven para mantener una actividad altamente contaminante.

La expresión de consenso es la transición justa: las emergencias del presente no nos permiten seguir haciéndolo todo como antes, pero las culpas no pueden recaer en quienes menos han contribuido a la crisis. Pero a día de hoy, la industria electrointensiva no tiene claro que se esté aplicando una transición justa en sus negocios por parte del Gobierno. La clave está en el futuro Estatuto de Consumidores Electrointensivos, aún por definir, y en las llamadas subastas de interrumpibilidad: ayudas que reciben las empresas a cambio de comprometerse a que se desengancharán de la red en caso de emergencia. Con respecto al estatuto, todo son dudas: y con respecto a los subastas, ni siquiera el Gobierno asegura que seguirán existiendo.

"Si el estatuto no consigue mecanismos que logren un impacto de 20 euros menos por el MW/h, la industria se quedará en una situación complicada" que puede devenir en más casos como el de Alcoa, independientemente de las buenas o malas decisiones tomadas por los empresarios. El que habla es Fernando Soto, director general de AEGE. "Actualmente, pagamos 20 o 25 euros más que Alemania y Francia. Solo pedimos que miren las medidas que se han aprobado en esos países, y que armonicemos los mecanismos", asegura, en conversación con infoLibre. Entre las medidas solicitadas está que estas empresas disfruten de exenciones en la factura de impuestos que pagan todos los consumidores, como los pagos por capacidad, la prima a las renovables o el impuesto del 7%.

Pero todo está en el aire. El Gobierno sacó a consulta pública un borrador de Estatuto, con ayudas que la industria consideró "insuficientes" y que criticó la CNMC por ser demasiado restrictivo con la definición de consumidor electrointensivo: Competencia defiende que tiene que incluir a muchos más consumidores, incluidas pequeñas y medianas empresas que puedan disfrutar de las mismas ventajas. Tras las críticas del organismo regulador, el departamento de Reyes Maroto, ahora en funciones y con dudas sobre su continuidad por las incertidumbres de la investidura, trabaja en un nuevo borrador, según explican desde la AEGE.

A vueltas con las subastas

Con respecto a las subastas de interrumpibilidad, su futuro es bastante más negro. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, confirmó que la pasada subasta, celebrada hace unas semanas (en las que se otorgan MW interrumpibles a las empresas, que se comprometen a quitarlos de la red en caso de necesidad a cambio de una compensación económica) había sido "la última". Eso sí, se comprometió a que se mantendrían siempre que no se apruebe a tiempo el Estatuto, que traerá, en teoría, rebajas en la factura de la luz para estas empresas.

Pero la industria no quiere un cambio de cromos. Los millones de euros que las empresas electrointensivas han percibido por este mecanismo ha caído drásticamente: desde los 680 que recibieron en 2016 hasta los 195 millones de 2019. Y frente al Gobierno, que asegura que quiere eliminar las subastas porque no son compatibles con las exigencias de Bruselas, la AEGE mantiene que las normas de la Comisión permiten, incluso, una retribución mayor, utilizando los ingresos derivados de lo que percibe el Estado por el mercado de derechos de emisión de CO2.

Asegura la asociación que el coste para el consumidor de las retribuciones por interrumpibilidad es mínimo, de 2,4 euros al año. Además, explica su director que dicho servicio que presta la gran industria es necesario en el contexto actual: "Está llamado a formar parte de la transición energética", asegura Soto. Considera que es una herramienta clave para garantizar la seguridad de suministro, y ningún político, opina, "va a tomar una decisión que afecte a eso. Nadie se arriesgaría a quitarlo". La posibilidad de que las empresas electrointensivas se desconecten de la red es una garantía en caso de que la demanda supere, y con mucho, a la oferta: por ejemplo, en caso de apagones masivos.

Además, defiende el director general de la AEGE, en este momento, con la tecnología actual, "las baterías no son todavía competitivas". La mayoría de las energías renovables –sin contar la hidroeléctrica– no pueden controlar su producción: generan electricidad solo cuando se dan las circunstancias atmosféricas adecuadas (sol, viento) y a día de hoy no pueden almacenar a gran escala el sobrante. Sin embargo, la potencia instalada en el país supera, por mucho, al pico de demanda de electricidad histórico del país. Y las catástrofes que hacen imprescindible garantizar dicha seguridad son poco frecuentes.

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El experto en energía y miembro del comité designado por el Congreso en 2018 para estudiar la transición energética, Cristóbal Gallego, recuerda que la interrumpibilidad no es el único mecanismo para garantizar la seguridad de suministro: están las interconexiones eléctricas, por ejemplo, que permiten importar electricidad de otros países en caso de necesidad (o en caso de buenos precios). "Y de todos estos mecanismos, la interrumpibilidad es el que peor relación entre coste y beneficio tiene", asegura. Es decir, que los consumidores pagan demasiado por un servicio que solo se pone en marcha de higos a brevas.

"Si uno divide los megavatios que se han interrumpido por este mecanismo a lo largo de los años por lo que se ha pagado a lo largo de estos años, la cifra sale extremadamente más alta que cualquiera de sus alternativas", considera. Por lo tanto, su propuesta no es que se eliminen las subastas, como baraja el Gobierno, sino que se pague exclusivamente cuando se pone en marcha el servicio. Tal y como funciona en la actualidad, "es un mecanismo de subvención encubierto, desde los consumidores hasta ciertas fábricas", opina el experto.

Los trabajadores parecen ser de la opinión de sus patrones. "¿Dónde está el Estatuto, el Estatuto dónde está?", cantaban los afectados por el cierre de Alcoa el pasado lunes, en una concentración frente al Ministerio de Industria en Madrid. La compañía, productora de aluminio, ya ha amenazado con acometer el cierre de su planta en Lugo si no se rebaja sustancialmente el precio de la electricidad. La pelota está en el tejado de Industria, que planea una nueva "transición justa" sin ceder a chantajes.