El juez da un paso clave para desenmascarar la trama de espionaje de Villarejo y el BBVA

La justicia continúa estrechando el cerco en relación con los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo con el BBVA. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el conocido como caso Villarejo, ha citado a declarar como investigados al exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano y a otras ocho personas más por la operación de espionaje que el expolicía habría montado para intentar frustrar hace tres lustros el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración de la entidad financiera. Unas pesquisas que siguen avanzando a la espera de conocerse los resultados de la investigación que el BBVA inició hace seis meses para conocer el alcance de “los servicios” prestados por el Grupo Cenyt, una de las empresas del comisario jubilado, al banco que presidía Francisco González. De momento, la entidad financiera rechaza aclarar cuándo estará listo el informe forensic. Y los afectados confían en que la justicia “desenmascare toda la estructura que había detrás del espionaje”.

Casi dos años después de la detención de Villarejo en el marco de la operación Tándem, la Audiencia Nacional sigue tirando del hilo en el marco de una macrocausa que acumula ya más de media docena de piezas separadas que salpican a empresarios, periodistas o altos mandos policiales, entre otros. Una de ellas es la conocida como Trampa, que todavía se encuentra bajo secreto de sumario y en la que García-Castellón investiga los encargos que el BBVA hizo durante años al comisario jubilado. Las citaciones de este martes se producen, justamente, en el marco de esa pieza. Además de Corrochano, que habría sido el presunto interlocutor de Villarejo con la dirección de la entidad financiera, también tendrán que prestar declaración en los próximos días ante el magistrado el exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano y la actual responsable de Seguridad del banco, Inés Ochagavia, quien fuera número dos de Corrochano. La lista de citaciones la completan otros cinco directivos y el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo e investigado en otras piezas de la macrocausa.

La Audiencia Nacional comenzó a indagar en la relación empresarial entre el banco y Villarejo el pasado mes de enero, después de conocerse que la entidad financiera había contratado al comisario jubilado para desactivar el intento de la constructora Sacyr Vallehermoso de entrar en el órgano de dirección del BBVA y forzar la salida de su entonces presidente, Francisco González. La conocida como Operación Trampa, por la que el banco se habría comprometido a pagar medio millón de euros, consistió en un espionaje masivo para descubrir trapos sucios de los protagonistas de la maniobra de la constructora con el objetivo de filtrarlos posteriormente a los medios de comunicación. Para ello, se realizaron escuchas ilegales e, incluso, seguimientos. Entre los afectados, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe, el exvicepresidente del regulador bursátil Carlos Arenillas, el exministro de Industria Miguel Sebastián o la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.

La investigación del BBVA

Tras el paso dado por la justicia, y con todos los focos situados sobre el banco, la entidad financiera se vio obligada a emitir un comunicado explicando que desde junio de 2018 estaba llevando a cabo una investigación sobre “la contratación y los servicios prestados” por el Grupo Cenyt, una relación empresarial que se habría prolongado durante años –se estima que entre 2004 y 2018 el banco pagó unos 10 millones de euros a la firma del comisario jubilado por diferentes encargos–. Tras estas primeras pesquisas, que se cerraron sin resultados concluyentes, el BBVA decidió contratar a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) para realizar una investigación mucho más exhaustiva tras conocerse las escuchas ilegales realizadas en el marco de la Operación Trampa. Un trabajo que ha incluido la revisión de miles de correos electrónicos desde hace tres lustros con el objetivo de localizar cualquier rastro de facturación que incluya a alguna de las firmas del entramado empresarial del comisario Villarejo.

Pero casi seis meses después de que la consultora se pusiera manos a la obra, las conclusiones del informe forensic todavía no se conocen. De hecho, la entidad financiera, consultada por infoLibre, ni siquiera confirma que la investigación haya finalizado. Y eso que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de España han insistido en la necesidad de tener los resultados cuanto antes. “Es muy importante que la investigación se realice con total profundidad y con la mayor prontitud posible para tratar de eliminar y minimizar el riesgo reputacional potencial que podría suponer para la propia entidad”, señaló el pasado mes de enero el gobernador del regulador bancario español, Pablo Hernández de Cos. Unas declaraciones que llegaron pocos días después de que el vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos, también metiese prisa a la entidad financiera: “Lo fundamental no es solo la rapidez, sino que sea una investigación en la que se pongan de relevancia todos los elementos que han podido influir”.

Pero el BBVA prefiere seguir trabajando con la máxima opacidad. A preguntas de este diario, fuentes de la entidad financiera rechazan aclarar si el informe está ya cerrado. “La investigación judicial avanza y eso es lo que tiene que pasar”, se limitan a responder. Esta es la línea oficial que instauró a mediados de junio el presidente del banco, Carlos Torres, tras su intervención en un seminario patrocinado por el BBVA. “Lo que puedo decir es que nuestra investigación continúa, pero que la que de verdad es importante no es la nuestra sino la que se lleva a cabo en la sede de la Audiencia Nacional y con la que estamos colaborando activamente y lo seguiremos haciendo”, señaló Torres en declaraciones a los periodistas. Se espera que el el documento esté bien atado, según informó El Confidencial, para el próximo 31 de julio, cuando la entidad presente los resultados del primer semestre de 2019.

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“Toda la estructura detrás del espionaje”

Mientras tanto, algunos de los afectados por el espionaje del comisario, que se han querellado contra Villarejo y contra el expresidente del banco Francisco González, esperan que el magistrado García-Castellón levante el secreto de sumario después de verano y que llegue hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga. Fuentes próximas a uno de los querellantes, no obstante, muestran su preocupación ante la posibilidad de que alguno de los “cargos intermedios” investigados decida asumir toda la responsabilidad de lo ocurrido, aunque añaden que otra cosa es que a ese testimonio se le dé la suficiente credibilidad como para que pueda librarse el expresidente y máximo responsable de la entidad financiera durante toda la etapa en la que Villarejo estuvo contratado. Por ello, esas mismas fuentes confían en que se desenmascare “toda la estructura detrás del espionaje”, lo que incluye tanto a “máximos cargos del banco” como a “personas de fuera”. Por eso, lo que declare Corrochano será clave para conocer si él llevó la batuta como director de Seguridad y si cumplía órdenes de arriba. 

Francisco González siempre ha defendido que él no estaba al corriente de los pagos que se hicieron al comisario jubilado. “Yo sabía que el banco llevaba a cabo trabajos de inteligencia para defenderse. Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas”, ha recalcado en alguna entrevista. Sin embargo, el pasado mes de marzo decidió dejar la presidencia honorífica del BBVA y de la Fundación de la entidad financiera hasta que se cierren las investigaciones relacionadas con el caso Villarejo. Su intención, explicó, era “evitar” que se utilizara su persona “para dañar” al banco. A pesar de ello, según reveló El País, el BBVA sigue asumiendo todos los gastos relacionados con su seguridad. Tiene a su disposición 16 escoltas, un equipo con un coste anual que podría rondar los dos millones de euros. Gastos que se incrementan cuando el expresidente de la entidad financiera viaja acompañado de todos ellos. Además, dispone de cuatro coches de gran cilindrada también sufragados por la empresa.