Anticorrupción pide imputar al dueño de Dia por la quiebra de la tecnológica española Zed

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que se cite a declarar como investigado al dueño de la cadena de supermercados Dia, Mikhail Fridman, en la causa abierta por la quiebra de la empresa tecnológica española Zed WorldWide, fundada por los hermanos Ignacio y Javier Pérez Dolset. En un escrito remitido el pasado viernes al juez Manuel García-Castellón, al que ha tenido acceso infoLibre, Anticorrupción pide la imputación del magnate por delitos relativos al mercado, administración desleal, insolvencia punible y corrupción en los negocios. La investigación se centra en una “serie de actuaciones, personales, societarias y empresariales” que tienen encaje en una práctica conocida en el entorno criminal ruso como raider, cuya finalidad es hacerse con una compañía “a un precio irrisorio” a través de un “procedimiento complejo” que se vale de “actuaciones de distinta intensidad” y que culmina con “una situación de bloqueo institucional y económico” de la empresa.

Para entender el papel de los “accionistas rusos” en la quiebra de la firma tecnológica española fundada en la década de 1990 hay que remontarse al año 2009, cuando el Grupo Zed llegó a un acuerdo con la compañía MIPR Ltd., propietaria de las sociedades QICF Ltd. y Stalmento Ltd., que a su vez controlaban el Grupo Temafon. A través de este pacto, la tecnológica adquirió el 50,1% de QIFC y Stalmento, convirtiéndose de esta manera también en dueña del 50,1% de Temafon. Pero esta pirámide empresarial no finalizaba en MIPR Ltd. Esta sociedad era propiedad en un 35% de Vimpelcom –actualmente Veon Ltd.– y en un 65% de las firmas Bambalia y Gelvaser. La primera de las tres pertenece a Mikhail Fridman formando parte de Alfa Group. Las dos últimas están controladas por Vage Engibaryan, subordinado del magnate de triple nacionalidad –ucraniana, rusa e israelí– e investigado en la causa, que arrancó a raíz de una denuncia interpuesta por Javier Pérez Dolset –también imputado en el procedimiento–.

La operación, relata el escrito de Anticorrupción firmado por José Grinda, “permitió al Grupo Zed experimentar un crecimiento de sus resultados en el período comprendido desde 2009 a 2013, hasta el punto que el 43% de los ingresos del Grupo procedía de Temafon”. A la vista de este ascenso meteórico, la compañía planeó su salida a Bolsa en el mercado Nasdaq. Para ello, en primer lugar se crea en Holanda en 2012 la sociedad Zed+, que se configuró como la cabecera del Grupo Zed.  Y, en segundo término, la tecnológica incrementa su endeudamiento bancario mediante la contratación de un crédito sindicado internacional de 140 millones de euros. Dentro de las entidades crediticias del préstamo se encontraban ING Bank, Banco Santander, Raiffeisen Bank International, BBVA, HSBC Bank y Amsterdam Trade Bank. Esta última es una filial asentada en Países Bajos de Alfa Bank, que forma parte del grupo controlado por Fridman. De esta manera, el magnate “se aseguró una posición dominante respecto del conglomerado empresarial vinculado al Grupo Zed”. Por un lado, participaba del accionariado de Zed+. Por otro, era uno de los principales acreedores de la compañía.

“Como una acción de presión y ahogo económico definitivo para la compañía española Zed WorldWide, los socios rusos liderados por Vage Engibaryan y Sergey Gorbuntsov, planificaron una estrategia ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas que dio lugar a una falta total de liquidez”, señala el Ministerio Público, que explica que esta circunstancia, unida a las “modificaciones agresivas e injustificadas de contratos” por parte de Vimpelcom, la “pérdida de capitales en presuntas comisiones ilegales” y las “obligaciones crediticias contraídas ante la expectativa de negocio” llevaron a la empresa española a la insolvencia. El 30 de junio de 2016, Zed WorldWide presentó una solicitud de declaración de concurso de acreedores. Tres meses después, en octubre, se puso sobre la mesa una oferta de compra por 20 millones de euros, muy por debajo del que había sido su valor antes de que comenzaran las “maniobras de paralización y bloqueo, controladas por Mikhail Fridman”. La oferta se presentó por las sociedades vinculadas a Engibaryan y por el Grupo Planeta.

El hijo del ministro del Interior ruso

De la información procedente de las diligencias practicadas durante toda la instrucción, Anticorrupción concluye que el dueño de la cadena de supermercados Dia “tiene el control de los acontecimientos que, junto con la conducta de otros investigados, derivaron en la insolvencia de Zed WorldWide”. Una serie de “actuaciones, personales, societarias y empresariales” denunciadas por Javier Pérez Dolset que “se entiende que tienen encaje en una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como raider (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas”. “La finalidad es el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía (insolvencia) para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior al de mercado”, detalla el escrito.

El inicio del conflicto que derivó en el bloqueo de la actividad empresarial de Zed por parte de los accionistas rusos se remonta a 2013. A finales de aquel año, la tecnológica encargó una auditoría forense a PriceWaterhouseCoopers (PwC) ante las sospechas de que se estuvieran desviando fondos del Grupo Temafon a una sociedad participada por Alexander Kolokoltsev, hijo del entonces ministro del Interior ruso. Según expone el Ministerio Público, la investigación encargada a la consultora reveló, entre otras cosas, que “los dividendos que le corresponderían a Zed WorldWide” se estuvieron invirtiendo “en proyectos y entidades” en los que Vimpelcom, la firma que forma parte del Alfa Group de Fridman, tenía participación pero la firma tecnológica española no. “Eran recursos provenientes del grupo español que, de manera irregular, se usaron en beneficio de terceros en proyectos y negocios cuyos beneficiarios finales fueron Vage Engibaryan y Mikhail Fridman”, explica Anticorrupción.

Después de que se encargara la auditoría forense, el Grupo Temafon “pretendió reducir las pretensiones económicas” del hijo del ministro del Interior ruso, alegando “no existir una razón comercial para continuar pagando” a la firma participada por Kolokoltsev, proveedora de contenidos para el grupo, “los porcentajes que se abonaban”. La respuesta inmediata llegó desde Vimpelcom, encabezada en último término por Fridman, que remitió tres cartas de terminación de contratos a Temafon “sin que conste que se hubiese producido un incumplimiento objetivo, ni siquiera una prestación defectuosa de las obligaciones pactadas”. “Esta decisión resolutoria profundizó la situación de cerco económico que facilitó la situación de insolvencia, ya que suponía de facto la privación de la principal fuente de ingresos de Zed+”, relata el Ministerio Público en su escrito. Hay que recordar que el 43% de los ingresos del Grupo Zed llegaron a proceder exclusivamente de Temafon.

Al mismo tiempo, apunta la Fiscalía Anticorrupción, “desde la dirección última de Vimpelcom, es decir Fridman, conocían las importantes obligaciones crediticias que Zed+ contrajo ante la expectativa de negocio generada por tales contratos y, en consecuencia, conocían la imposibilidad de hacer frente a dicho préstamo –140 millones de euros– si se producía una reducción sensible de los ingresos procedentes del mercado ruso”. En su escrito, el Ministerio Público deja claro que Fridman “estaba al tanto del desarrollo del conflicto relativo a las filiales rusas”. Y pone sobre la mesa del juez, que será quien tome la decisión final sobre la imputación o no del magnate, varios intercambios de mensajes en los que se constatan “referencias” sobre el “poder” del actual dueño de Dia. “Sergey Gorbuntsov señala a Mikhail Fridman como la persona con capacidad decisoria sobre los negocios y proyectos que en aquel entonces el Grupo Tema trataba de desarrollar en Rusia”, apuntan.

La Audiencia Nacional imputa a Fridman, el máximo accionista de Dia, por la quiebra del Grupo Zed

Ver más

EEUU y el ‘caso Villarejo’

Nacido en 1964 en el seno de una familia judía, Fridman es uno de los hombres más ricos de Rusia, con una fortuna que Forbes sitúa en los 13.000 millones de euros. Sin embargo, el magnate, que el pasado mes de mayo se hizo con el control del 69,7% de la cadena de supermercados Dia por 1.370 millones de euros –tres veces menos de lo que costaba cuando entró en julio de 2017 por primera vez en el capital de la compañía–, siempre ha estado bajo los focos por sus relaciones con el Kremlin y por su amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin. De hecho, el nombre de Fridman aparece en el informe que los servicios de inteligencia de Estados Unidos en relación con el hackeo de los servidores de correo el Partido Demócrata que dio jugosa munición al entonces candidato republicano, Donald Trump, para cargar contra su rival, Hillary Clinton. Además, Vimpelcom, una de las empresas de Fridman, fue multada en 2017 con casi 750 millones de euros por pagar sobornos a familiares del presidente de Uzbekistán.

El hundimiento de Zed, por otra parte, también ha salido a flote en el caso Villarejo. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha abierto una nueva pieza en el procedimiento que afecta al comisario jubilado para investigar la relación comercial que el expolicía pudo tener con el Grupo Planeta, según informó Europa Press. Esta undécima pieza girará alrededor de los supuestos encargos que el conglomerado empresarial pudo hacer a Villarejo para obtener información relativa al Grupo Zed WorldWide y a Kiss FM. Esta línea de investigación ha surgido a raíz de la declaración en sede judicial que a mediados de mayo hizo Javier Pérez Dolset en el marco de la causa en la que se investiga la quiebra de la empresa tecnológica española. Durante su intervención, el empresario puso en conocimiento del juez García-Castellón la existencia de dos audios que probarían, entre otras cosas, que se llevaron a cabo maniobras para boicotear la gestión de la familia Pérez Dolset al frente del Grupo Zed.