Más agresiones sexuales, aumento de los incendios intencionados y nuevas herramientas para perseguir el derroche del dinero público

La Fiscalía General del Estado ha hecho pública la Memoria Anual de 2018 durante la apertura del Año Judicial celebrada en el Tribunal Supremo y presidida por el Rey Felipe VI.

En dicha memoria, presentada por la Fiscal General María José Segarra, se recoge la actividad del órgano judicial, así como recomendaciones y análisis en función de los datos recogidos.

Perseguir los delitos de gasto público

La Fiscalía Anticorrupción considera necesario reformar de forma "sustantiva y procesal" la responsabilidad contable, es decir, aquella en la que incurren los cargos públicos en el uso incontrolado del erario público, para poder perseguir con mayor eficacia delitos cometidos en este contexto y que, afirma, se dan especialmente en las contrataciones y las subvenciones.

Anticorrupción incide en la importancia de "un adecuado control del gasto" bajo criterios de eficiacia y eficiencia para evitar perjuicios que "tanto daño producen a la credibilidad del sistema democrático".

"En esta tarea queda una amplia labor por realizar, en especial en lo que atañe a las contrataciones y a las subvenciones, que constituyen verdaderas áreas de riesgo", explica la Fiscalía Anticorrupción, en relación a este tipo de ilícitos que son competencia en España del Tribunal de Cuentas donde, según afirma, "la presencia e intervención del Ministerio Público cobra especial importancia, por cuanto es la única institución que está presente en todos los procedimientos de fiscalización y de enjuiciamiento".

En cuanto a su balance de 2018, esta Fiscalía Especial destaca el incremento en el número de procedimientos judiciales en trámite, que ha pasado de 609 en 2017 a 678 en el año 2018, cuando además, se incoaron 89 causas, de las que 55 son el resultado de la apertura de piezas separadas con las que se pretende simplificar y agilizar las investigaciones.

Por lo que se refiere a las actuaciones propias del Ministerio Fiscal, se incoaron 38 diligencias de investigación y se formularon 41 escritos de acusación el año pasado, cuando se dictaron 28 sentencias de las que 23 fueron condenatorias.

Reduce la amenaza de ETA

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018 reduce la amenaza de ETA tras la derrota policial y el anuncio de disolución del pasado mes de mayo de la banda terrorista a los sabotajes, pintadas y manifestaciones impulsados por los distintos colectivos que conforman el entramado del independentismo radical vasco. También alerta del "latente riesgo" de otras formas de terrorismo como el anarquista.

En la Memoria se menciona dentro de este entramado radical a la izquierda abertzale y los sectores disidentes de la línea oficial, especialmente el colectivo de presos EPPK y ATA, "los que constituyen el principal vector de amenaza", según la Fiscalía.

El Ministerio Público subraya que la amenaza es "sin duda" de menor capacidad lesiva que con ETA activa y que se circunscribe al País Vasco y Navarra. "La actividad desarrollada –dice el documento– tiene por objetivo visibilizar las principales reivindicaciones de sus presos: la libertad de los considerados gravemente enfermos y de los mayores de 70 años y el acercamiento a prisiones cercanas al País Vasco".

Los actos de violencia callejera protagonizados por individuos o grupos afines al radicalismo independentista vasco tuvieron un "carácter leve" a lo largo de 2018, siendo en su mayoría pintadas de apoyo a la organización terrorista y sus miembros, así como colocación de carteles con textos en el mismo sentido.

Delitos contra la Corona

La Fiscalía General del Estado archivó las 32 diligencias de investigación por delitos por injurias a la Corona, fundamentalmente quema de fotografías de los Reyes, que se incoaron a lo largo de 2018, año en que la actividad judicial en este ámbito se redujo de forma "drástica".

En los delitos contra la Corona, el camino que ha seguido la Fiscalía ha sido el de incoar diligencias de investigación ante la recepción de atestados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autonómicos a los fines de hacer un previo juicio de los hechos que se denuncian y ver si cumplen los parámetros de la jurisprudencia.

Y en el caso de 2018, todas las investigaciones que se abrieron, hasta un total de 32, fueron archivadas en aplicación de la nueva doctrina europea sobre estos hechos, la que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, "al entender que los mismos carecen de relevancia penal y no sería aceptable castigarlos penalmente".

En marzo de 2018, el TEDH dictaminó que la quema de fotografías del Rey "debe ser interpretado como expresión simbólica de una insatisfacción y de una protesta", una "forma de expresión de una opinión en el marco de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la Monarquía".

Pues bien, la Fiscalía, haciendo suyas estas palabras en la Memoria Anual, sigue la doctrina marcada desde Estrasburgo y justifica el archivo de los 32 procedimientos que se abrieron el año pasado porque una actividad así se enmarca "en el ámbito de la crítica política y no personal de la institución de la Monarquía, en general, y en particular del Reino de España como nación, debiendo entenderse como una expresión simbólica de insatisfacción y protesta".

Delitos de medio ambiente y turismo

Los tribunales españoles dictaron en 2018 un total de 1.063 sentencias condenatorias y 340 sentencias absolutorias por delitos relacionados con el medio ambiente o el urbanismo, según datos de la Memoria Anual de la Fiscalía.

La cifra refleja un descenso del 10,44 por ciento en el número de condenas y un aumento del 35,45 por ciento en el número de absoluciones durante el presente ejercicio, de acuerdo con los datos del Ministerio Fiscal. En concreto, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo explica que en 2018 se registró un "sustancial incremento" de las diligencias de investigación incoadas, con un total de 3.023 en 2018 frente a las 2.525 del año anterior.

En total, de las investigaciones practicadas durante el pasado ejercicio, 550, es decir el 18,19 por ciento, correspondieron a medio ambiente; el 37,18 por ciento (1.124) a urbanismo y ordenación del territorio; el 13,56 por ciento (410) a incendios forestales; el 8,79 por ciento (266) a la flora y fauna; el 7,54 por ciento (228) a malos tratos contra animales domésticos y el 3,96 por ciento (120) a patrimonio histórico.

Del total de diligencias, 1.105 derivaron en denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y de ellas, 999 fueron archivadas. El resto están en tramitación. Si bien, la Fiscalía destaca que estos datos suponen un "sustancial incremento" frente a los del año anterior, cuando se incoaron 2.525 diligencias, de las que 1.062 dieron lugar a presentación de denuncia o querella y 1.248 fueron archivadas.

Aumento de los incendios intencionados

El número de incendios intencionados aumentó en 2018 algo más de cinco puntos porcentuales respecto al año anterior, ya que este tipo de siniestros pasó del 33,07 por ciento al 38,20 por ciento, según datos de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado presentada este lunes con motivo del inicio del curso judicial.

En la memoria, que recoge la actividad del Ministerio Público de 2018, se observa que el número de incendios provocados con la intención de producir daños a terceros (venganzas, actos vandálicos, etcétera) también aumentó, desde el 10,24 por ciento de 2017 hasta el 12,36 por ciento en 2018. Este dato es muy parecido, no obstante, a los niveles de 2015 y 2016.

Además, los incendios causados por prácticas tradicionales "inadecuadas", como quemas de vegetación para pastos, se mantuvieron durante 2018 en un 31,46 por ciento del total, es decir prácticamente al mismo nivel de 2017, cuando el porcentaje fue del 31,50 por ciento.

Asimismo, refleja que los incendios relacionados con la caza se redujeron a cero en 2018, frente al 2,36 por ciento del año anterior. Los producidos por otras causas también descendieron, del 22,83 por ciento de 2017 al 17,98 por ciento de 2018.

En definitiva, entre los cinco tipos de causas de incendios que distingue la Fiscalía, este año lamenta que se ha vuelto a incrementar el porcentaje de los incendios forestales intencionados, y que 2018 ha sido la campaña con el porcentaje más alto de los últimos seis años.

Descenso del acoso escolar

La Fiscalía General del Estado afirma en su Memoria del año 2018 que las conductas asociadas al acoso escolar "parecen disminuir progresivamente" y, aunque admite que algunas denuncias "presentan una gravedad innegable", afirma que "muchos casos" no tienen "relevancia jurídico-penal" y responden "a conflictos puntuales propios de la convivencia escolar", también a "desavenencias de los progenitores con los centros educativos".

En la Memoria, la Fiscalía señala que los casos de acoso escolar "suelen ir acompañados de una gran relevancia mediática, que pone de manifiesto una especial sensibilidad social", aunque existen "dificultades para su correcto registro y control individualizado" de la violencia en el ámbito escolar.

"No existen datos concretos del número de denuncias por hechos relacionados con el acoso escolar, pues tales comportamientos quedan englobados en diferentes tipos delictivos del Código Penal", admite la institución dirigida María José Segarra.

"Pero el recuento manual que se lleva –en no pocos lugares– de los asuntos denunciados de este tipo, corrobora la impresión y la tendencia expuesta en la memoria pasada: hubo importantes incrementos de denuncias durante 2015 y 2016, en paralelo a ciertas informaciones periodísticas y programas televisivos, pero ya en 2017 se objetivaba un importante descenso de denuncias, que ha continuado a lo largo de 2018", se expone en la Memoria.

Violencia sexual entre jóvenes

La Fiscalía General del Estado ve "muy inquietante" el incremento de la violencia de género y sexual entre jóvenes y adolescentes, especialmente en los casos de delitos contra la libertad sexual ejercida en grupo, conocidos como "manadas". Respecto a este último fenómeno, la institución lo vincula directamente al uso de la pornografía en las redes sociales.

La Fiscalía expresa su "preocupación" por este aumento que está reflejado en distintos datos oficiales. Por un lado, hace una especial referencia a las víctimas y agresores de violencia de género ante el "aumento contrastado de denuncias y expedientes incoados" durante el año pasado.

"Preocupante resulta que las jóvenes resten importancia a los hechos y disculpen a los agresores, siendo generalmente los familiares de la víctimas quienes interponen la denuncia o personas anónimas que observan los hechos y avisan a la policía", apostilla Fiscalía.

Tal y como apunta, de acuerdo a datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 249 menores de edad fueron enjuiciados en 2018 por delitos de violencia contra la mujer, constatándose que "desde 2012 se ha producido un progresivo incremento que parece estabilizarse en los dos últimos años".

Asimismo, según destaca, los datos de la Unidad de Menores de esta institución muestran un "aumento significativo" del número de diligencias preliminares incoadas por violencia de género, lo que, a su juicio, es "preocupante".

Fallecimientos en soledad

La Fiscalía General del Estado considera necesario mejorar "notablemente" la asistencia social a personas con discapacidad y ancianos que viven en soledad ante el incremento de fallecimientos registrados en su domicilio sin que nadie tenga conocimiento de ello.

En este sentido, recuerda que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) "son demoledores" y plantea la necesidad de "cambiar y corregir parcialmente el foco de atención de los ingresos en centros residenciales para tener en cuenta el problema de la vida en soledad de mayores y discapaces".

Según datos de la Fiscalía de Teruel, en el último año trece personas han fallecido en la provincia "solas en su domicilio sin que nadie se enterara". Asimismo, la Fiscalía de Zamora ha detectado un incremento de situaciones en las que se encuentran personas de edad muy avanzada que "no sufriendo una enfermedad que implique la intervención para modificar su capacidad" están en riesgo por "la soledad y desamparo en la que se encuentran al carecer de familiares directos o personas de confianza que velen por ellos.

Ante esta situaciones, la Fiscalía General considera que los recursos sociales deben de estar atentos con estas personas y solicitar su internamiento o incapacidad cuando estimen que es lo mejor para protegerles de "una probable muerte", al tiempo que lamenta que no exista "un sistema legal de apoyos, fuera de las figuras prevista en el Código Civil".

Alegalidad de los patinetes

La Fiscalía General del Estado ha denunciado en su informe anual de 2019 la situación de "alegalidad" con la que circulan muchos vehículos acogidos en el concepto de patinete, y que, según los datos recogidos en 2018, han provocado el fallecimiento de hasta 273 personas.

Desde el órgano destacan que los usuarios de estos vehículos –comercializados como patinetes eléctricos o scooters eléctricos–, se mueven sin atender a la legislación nacional, ni a la europea, sobre requisitos técnicos de diseño, fabricación y comercialización, además de no contar con toda la certificación o documentación que se les exige.

Los datos recogidos por la DGT en el pasado año, determinan que la aparición de estos patinetes ha supuesto "un aumento notable" del riesgo de atropellos y sus consecuencias. De hecho, la Fiscalía apunta en el estudio que en los once primeros meses de 2018 se contabilizaron 273 accidentes en 44 ciudades. "En 203 de ellos", apunta el órgano, "habría algún tipo de responsabilidad del patinador".

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Aunque reconoce que "no se puede generalizar" porque hay lugares "en los que la convivencia es fluida", sí señala que existe una "falta de conciencia de respeto a las normas" lo que, a su juicio, implica "un riesgo para ellos mismos" y "para los demás usuarios de la vías". De ahí, que reclame una normativa, municipal y estatal, suficiente para solucionar esta situación, que dé a sus usuarios los conocimientos y advertencias necesarias para no generar "una falsa sensación de impunidad".

Del mismo modo, llama a los fabricantes y empresas a no actuar con estos vehículos con la misma actitud que cuando el producto es de juguete.