Las demandas sociales vuelven a quedar enterradas a la espera de un nuevo Parlamento

Tras un verano de disensos, todos los caminos llevan a un único destino: el de elecciones generales. La disolución de las Cortes Generales se producirá el próximo 24 de septiembre. Dos meses y un día después de la primera votación del debate de investidura, que concluyó sin que ningún candidato obtuviera el respaldo necesario.

La disolución, el arranque de una nueva campaña electoral y la consiguiente celebración de comicios generales deja por el camino toda una lista de tareas pendientes. Si en mayo una decena de propuestas de corte social aspiraban a ser recuperadas con la nueva legislatura, aquellas que volvieron a tomar impulso en los últimos meses quedan otra vez enterradas.

Igualdad en el empleo

En septiembre de 2018 aterrizaba en la Cámara Baja, de la mano del PSOE, una iniciativa para lograr la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Pedro Sánchez recordó en diciembre que su propuesta "debería ser tramitada con más celeridad", pero las elecciones de abril forzaron el final de la iniciativa.

En julio del presente año, después de que la norma quedara guardada en un cajón, los socialistas recuperaron su propuesta para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo. Después de ser registrada, la medida ha vuelto a quedar una vez más pendiente de su toma en consideración.

En la misma situación ha quedado anclada la Proposición de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, registrada por el equipo de Pedro Sánchez en julio del presente año e igualmente pendiente de ser tomada en consideración.

Memoria histórica

Con el inicio de la legislatura, el PSOE registró igualmente una Proposición de Ley de memoria histórica y democrática. "Es necesario que la memoria histórica se convierta en una política de Estado y que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva, no dependiendo de la voluntad del gobierno de turno", exponía el partido en su texto. La propuesta se articula en torno a varios ejes: la búsqueda de desaparecidos, la creación de un banco nacional de ADN, un censo nacional de víctimas y el decreto de lugares de memoria, entre otros.

Una vez más, la propuesta no llegó a ser debatida por los grupos. Queda, ante la convocatoria de elecciones, de nuevo a la espera de ser objeto de toma en consideración. El de la memoria histórica es un punto de encuentro entre PSOE y Unidas Podemos. De cara a los comicios de abril, fueron las dos formaciones de izquierda las únicas que trazaron propuestas sólidas para trabajar en el refuerzo de la memoria histórica e impulsar medidas de reparación.

Despenalizar la eutanasia

Desde el año 1994, el Congreso lleva acogiendo iniciativas para despenalizar la eutanasia. Hasta ahora, ninguna ha conseguido prosperar, fruto del rechazo explícito de los grupos o la dejadez de funciones de los mismos. Uno de los pasos se dio en los pasillos de la Cámara Baja hace un año, el pasado 25 de septiembre. En mayo de 2018, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Desde entonces, el plazo del periodo de enmiendas se ha ido prorrogando semanalmente hasta su caducidad definitiva. La norma socialista fue tomada en consideración en julio de 2018 con el apoyo de todos los grupos menos el de los conservadores, que lanzó una enmienda a la totalidad rechazada en el mes de octubre. En ese momento, la formación de Albert Rivera se posicionó junto al PSOE, pero enseguida condicionó el apoyo de su grupo a que antes se aprobase su ley de cuidados paliativos. Las dos propuestas caducaron en la Cámara Baja y su continuidad quedó lastrada por la celebración de elecciones.

Con la apertura de la nueva legislatura, las dos formaciones decidieron retomar el camino. Los de Rivera registraron una Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, cuyo recorrido apenas pudo siquiera iniciarse. Entonces la norma del PSOE llevaba registrada dos meses, desde julio. El 10 de septiembre, el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la propuesta socialista. Finalmente, el texto fue aprobado con 243 votos a favor, 92 en contra y dos abstenciones. Se produjo ahí el inicio de la tramitación, a la espera de los debates y votaciones posteriores. El proceso ha quedado interrumpido, una vez más, por la convocatoria de elecciones. Tampoco ha sido capaz de salir adelante la Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia planteada en julio por Unidas Podemos. Desde aquel mes, la propuesta aguarda para dar el salto.

Ley de infancia

Otro de los grandes objetivos del Gobierno, en materia social, tenía que ver con la aprobación de una ley de infancia. Esta pretensión constituye, además, uno de los principales consensos con Unidas Podemos. Ante la celebración de elecciones en abril, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que su Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia quedaría en el aire. Su anteproyecto había sido aprobado el 28 de diciembre en Consejo de Ministros.

Con el inicio de la nueva legislatura, la formación morada registró su Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y Adolescencia. Un texto que ha quedado estancado en la casilla de salida y que no ha llegado a ser debatido por los grupos parlamentarios.

Siguiendo el planteamiento de los socialistas, el equipo de Pablo Iglesias sugirió como principal medida que el plazo de prescripción de los delitos de agresión sexual a menores sólo comenzará a correr a partir de que la víctima cumpla los 30 años. Bien de la mano de PSOE, bien de la mano de Unidas Podemos, la ley de infancia tendrá que esperar a reiniciar su andadura a partir de la próxima legislatura.

Emergencia climática

En julio, recién estrenada la legislatura, el Grupo Confederal de Unidas Podemos presentó dos proposiciones enmarcadas en su estrategia de combatir la crisis climática. Ambas propuestas responden a la pretensión que el partido morado ya había expresado en la anterior legislatura y que pretendía esta vez iniciar un recorrido en firme. Se trata de la Proposición de Ley para la reducción de los plásticos de un solo uso y la Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética. En esta línea, el grupo también deslizó el cierre progresivo de las centrales nucleares o la reversión de los saltos eléctricos. Ahora, en plena revuelta por el clima, todas las propuestas quedarán archivadas.

La acción climática también ocupa una parte importante de la agenda del Gobierno. El pasado mes de febrero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez expuso sus planes para hacer frente al cambio climático, descarbonizar la economía y aprovechar el impulso de la sostenibilidad. Las patas del llamado Marco de Energía y Clima eran tres: el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Integrado de Energía y Clima y la Estrategia para una Transición Justa.

Con los trámites congelados, la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, expresó el 9 de septiembre su voluntad por aprobar la ley tras la formación de Gobierno.

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Vivienda

Hace un año, en septiembre de 2018, superaba la tramitación parlamentaria la Proposición de Ley de emergencia habitacional para familias vulnerables, registrada por Unidas Podemos, ERC, Compromís y EH-Bildu. Las continuas enmiendas por parte de PP y Ciudadanos lastraron el avance de la norma, que finalmente quedó enterrada en los pasillos de la Cámara Baja.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denunció este miércoles en redes sociales las trabas a la ley. "Un año después, las luchas de poder, el circo político, los bloqueos crónicos de PP y C's, la cobardía del PSOE, la incapacidad de formar Gobierno después de unas elecciones, están negando cualquier avance social, mientras los fondos buitre se adueñan de nuestras casas", lanzaron los activistas.