La anunciada transparencia sigue a la espera en la Iglesia

Han pasado más de cuarenta años de los acuerdos del Estado español con el Vaticano de 1979, que reformaron el Concordato de 1953. La Iglesia solemnizaba con estos acuerdos su "propósito" de autofinanciación a cambio del mantenimiento, ya en un régimen aconfesional, del grueso de sus centenarios privilegios económicos, simbólicos y educativos, traducidos al lenguaje democrático. La Iglesia ha incumplido su parte. La "dejación de funciones del Estado", en palabras del profesor de Derecho Eclesiástico Alejandro Torres, le ha permitido mantenerse con total dependencia del erario público, que la surte de recursos directamente a través del IRPF e indirectamente a través de exenciones fiscales, a las que se suma una miríada de subvenciones, ayudas, retribuciones y conciertos por valor de miles de millones. Y ello a pesar de que no sólo no ha avanzado hacia la autofinanciación, requisito al que se aspiraba en el arranque de la democracia, sino que tampoco ha alcanzado la transparencia, exigencia que sobre el papel se le hace ahora, una vez constatado que la autofinanciación es una quimera. Este déficit de transparencia, pese a los avances en este terreno durante la última década, ha sido ahora puesto de relieve por un informe de Europa Laica, que concluye que la Iglesia disfruta de un "paraíso jurídico" sólo posible por una opacidad consentida por el Estado.

Aunque más cerca en el tiempo que el Concordato bis de 1979, también pasan los años para el Canje de Notas entre el Ministerio de Exteriores de España y la Nunciatura Apostólica para subir del 0,523% al 0,7% la aportación a la institución religiosa por cada equis marcada en la casilla de la Iglesia. Eso fue en 2006, hace trece años. La Iglesia pasó de ingresar directamente de las arcas públicas menos de 175 millones a 250 al año. ¿A cambio de qué? Esto es clave. Hubo dos concesiones. La primera, una supuesta "renuncia" de la Iglesia a la exención del IVA, que no era tal porque la Comisión Europea obligaba a España acabar con este privilegio. La segunda, la obligación de presentar anualmente una memoria justificativa del uso dado al dinero ingresado vía IRPF. Según proclamaba en 2006 la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se trataba de introducir mayor "transparencia".

Ese término, "transparencia", ha pasado desde entonces a formar parte del catálogo habitual de las autoridades eclesiásticas españolas. La Conferencia Episcopal tiene un "portal de transparencia", las páginas webs de las diócesis tienen apartados de "transparencia", la Iglesia tiene firmado un convenio con Transparencia Internacional... Pero lo cierto es que, trece años después, las cuentas de la Iglesia en general, pero también el uso de los recursos públicos obtenidos, siguen protegidas del escrutinio de la opinión pública por un manto de confusión y opacidad.

"La memoria es un magma incomprensible, elaborado para ocultar, no para mostrar. Mezcla conceptos, hace imposibles las comparaciones. Es pura propaganda", señala el economista Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la junta directiva de Europa Laica y autor del contrainforme anual que esta organización elabora para destripar la memoria episcopal. Un dato da idea de la exhaustividad del texto: mientras que el PDF de la memoria de la CEE tiene 54 páginas llenas de ilustraciones y gráficos, el informe sobre la misma de Europa Laica tiene 98 en frío texto en blanco y negro. En las conclusiones, Europa Laica señala que "la memoria no cumple el compromiso adquirido por la Iglesia [en 2006]" y que el "responsable" de la falta de "fiscalización" de la Iglesia es "el Estado".

La naturaleza de la Iglesia

La enmienda al texto episcopal empieza por la base. Lo que en el Canje de Notas dice que debe ser una "una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria" se convierte en el documento que publica la CEE en su web en la "memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España", como pone de relieve Europa Laica. Casi el 90% de la memoria que publica la CEE se dedica a explicar actividades de la Iglesia como la "pastoral", "celebrativa", "evangelizadora", "cultural", "educativa"... Y poco más del 10% se detiene en el apartado económico.

Esto viene causado por un equívoco, que afecta a la propia naturaleza de la Iglesia. Se trata de la habitual confusión entre la Iglesia en sentido amplio y la Iglesia diocesana. Porque, ¿qué es, desde el punto de vista técnico-jurídico, la Iglesia? En su obra La financiación de la Iglesia católica en España (Edice, 2007), Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, señala: "Uno de los principales errores que existen a la hora de valorar la economía de la Iglesia católica en España consiste en concebirla como una única entidad, una especie de holding o multinacional, con unidad de decisión en el ámbito económico", escribe. Y añade: "Sin contar con aquellas que no tienen personalidad jurídica civil, existen unas 40.000 entidades [...]. Todas estas entidades operan con la autonomía que les ofrece la normativa canónica. [...] La CEE no tiene ninguna competencia ni capacidad de decisión sobre los bienes y recursos de las diócesis [...]".

Esta dispersión impide, según la CEE, ofrecer una panorámica económica general de la Iglesia. Y no sólo de las parroquias, monasterios, órdenes, congregaciones, hermandades, cofradías, ONG, fundaciones, colegios y universidades. Según la CEE, ni siquiera hay unidad de acción económica en las diócesis.

Europa Laica denuncia que esta supuesta dispersión actúa como una coartada perfecta para la opacidad. Porque, como señala Enrique Ruiz del Rosal, la memoria de la CEE sí incluye actividades que van mucho más allá de la Iglesia diocesana, es decir, de la compuesta por las setenta diócesis. Mete a Cáritas, a Manos Unidas, a las universidades, los colegios, los voluntarios... Lo hace para reivindicar su papel de la sociedad y justificar así su financiación pública. Pero, a la hora de explicar sus ingresos públicos, sólo ofrece cierto detalle de lo recaudado vía IRPF, que es financiación exclusiva para la Iglesia diocesana. Se quedan sin detallar exenciones, conciertos, subvenciones...

Lagunas

E incluso en la parte del IRPF hay elementos relevantes que no quedan del todo claros. Europa Laica señala varias omisiones en su informe. Por ejemplo, señala, no es posible conocer a cuánto asciende el fondo de reserva de la Iglesia, acumulado tras años de cuentas en positivo gracias al IRPF (35 millones de superávit en los ejercicios de 2016 y 2017, de los que dedicó más de la mitad a la televisión Trece, como publicó infoLibre). Tampoco está recogido –subraya la organización laicista– lo que se emplea en la remuneración de los cardenales, ni lo dedicado a actividades pastorales.

Eso sí, hay que recalcar que la parte de la explicación del uso dado al dinero de lo ingresado vía IRPF es la más útil de la memoria, pese a sus lagunas. De hecho, es la que permite observar que la inmensa mayoría del dinero ingresado por la casilla de la Iglesia se dedica en realidad al funcionamiento puro y duro de la institución. En números: de los 264,5 millones de asignación tributaria en 2017 –última memoria presentada–, 202,08 fueron a las diócesis para su mantenimiento, es decir, en su mayoría para sueldos y gastos corrientes; y 17,6 fueron para seguridad social del clero. En total, casi 220 millones, un 83% del total. Ese es un dato que se obtiene en una memoria gran parte de la cual está dedicada a glosar actividades no financiadas con esos 264,5 millones. Por eso Europa Laica habla de "un magma incomprensible".

Aún más dudas genera el apartado dedicado a las "cuentas consolidadas" de las diócesis. Es cierto que hay información interesante. Gracias a los datos ofrecidos, sabemos que de los 924,09 millones con los que –según la CEE– contaron las diócesis en 2017, el mayor bocado (35%) provino de "aportaciones voluntarias de los fieles", un 24% de la asignación tributaria, un 13% de "ingresos del patrimonio y de actividades económicas", un 23% de otros ingresos corrientes y un 5% de "ingresos extraordinarios". Bien, se trata de una información vistosa, presentada en forma de cuadrito. Pero también tiene carencias.

Los "ingresos patrimoniales" están presentados con escaso detalle. Los anexos de la memoria de la CEE se limitan a señalar que se incluyen "aquellos ingresos que proceden directa o indirectamente del patrimonio de la institución diocesana (alquiler de inmuebles, ingresos financieros y actividades económicas, tales como editoriales, librerías, museos, etc.)". Más conceptos. Los "otros ingresos corrientes" supusieron en 2017 212,84 millones (23% del total de recursos de las diócesis). ¿Qué entra ahí? La memoria de la CEE señala lo siguiente: se trata de "ingresos recibidos en las diócesis, que por su propia tipología no pueden catalogarse en los detallados anteriormente: como ingresos por servicios (ej. tasas de servicios), subvenciones públicas corrientes (ej. subvenciones recibidas de manera institucional, destinadas a financiar acciones y eventos) e ingresos de instituciones diocesanas (ingresos recibidos de la diócesis)". A falta de mayor detalle, lo que sí sabemos es que estos "ingresos del patrimonio y de actividades económicas" van a más. En 2017 supusieron 122,4 millones, frente a 113 de 2016, una subida de casi el 7,7%.

Tampoco, como denuncia Europa Laica, se pormenorizan los llamados "ingresos extraordinarios", que suponen 44,9 millones de euros (5% del total). "Llama poderosamente la atención que las diócesis tuvieran unos 'ingresos extraordinarios' en 2017 de 45 millones, así como de 52,6 en 2016, 41,6 en 2015 y 50 en el ejercicio 2014, mientras que los 'gastos extraordinarios' fueron un 80% mayores [...]. En relación con ambos conceptos, y haciendo gala de su transparencia habitual, nada se dice en la memoria de la composición de estas rúbricas extraordinarias", señala el informe de Europa Laica. La CEE incluye ahí "aquellos ingresos que no guardan relación con la actividad de la Iglesia", como "subvenciones de capital, enajenaciones de patrimonio u otros ingresos extraordinarios, por ejemplo herencias".

Es por averiguaciones periodísticas por las que sabemos que la Iglesia, por ejemplo, ha invertido dinero en Abengoa a través del Cabildo de Córdoba. El caso Gescartera, a principios de siglo, ya desveló que multitud de entidades eclesiales habían invertido en el chiringuito de Antonio Camacho. Es imposible imaginar este funcionamiento con la memoria de la CEE en las manos. Tampoco hay detalle en los apartados de transparencia de las diócesis, donde la información es aún más vaga y esquemática.

Quedan fuera de la memoria ingresos por las entradas a los templos. Al menos 40 catedrales cobran por el acceso, pero la memoria económica de la CEE no recoge la recaudación, que está exenta de tributación. "Los ingresos por entradas a los templos no están en el balance de la conferencia episcopal, sino que están en los balances que presentan las diócesis o las instituciones religiosas a las que esos templos pertenecen", señala la Conferencia Episcopal a preguntas de infoLibre.

Una dificultad histórica

La dificultad para conocer las cuentas de la Iglesia no es nueva. Es histórica. Tampoco es fácil desentrañar el caudal de fondos públicos que recibe en multitud de conceptos, y que Europa Laica calcula en más de 11.000 millones al año sumando todos los conceptos y metiendo ahí desde el presupuesto de la Fundación Pía de los Santos Lugares, hasta todos los conciertos educativos y sanitarios con organizaciones de la iglesia, pasando por subvenciones a ONG católicas, IRPF, sueldos de profesores de religión y capellanes castrenses, una estimación de las exenciones...

Han sido pocas las veces en que ha habido estimaciones globales. Siendo vicepresidente del Gobierno, el 7 de diciembre de 1972, Carrero Blanco afirmó –y así lo recogió el diario Pueblo–: "Desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto". Una vez abierta la polémica, Europa Press publicó en 1974 este titular, nunca desmentido: "La Iglesia recibe anualmente unos 6.000 millones de pesetas del Estado español por diversos conceptos". Es más de lo que se sabe hoy.

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La memoria de la Iglesia no recoge una cifra global para dar idea del dinero público que recibe. Tampoco hay nada sobre su patrimonio inmobiliario, que requeriría un libro entero. El Estado dedica a la Iglesia católica una escasa supervisión. No se fiscaliza la versión –más detallada y profunda– de la memoria de actividades que cada año deposita la CEE en el Ministerio de Justicia. A pesar de que prometió hacerlo, el Ministerio de Justicia ni siquiera ha hecho público el listado de inmatriculaciones.

Tampoco cabe esperar que todas las aclaraciones lleguen de la fiscalización que está desarrollando el Tribunal de Cuentas. Anunciada a finales de 2017, los trabajos aún no han terminado, ni tienen fecha cerrada. El estudio dejará fuera la mayoría de los ingresos y beneficios públicos de la institución religiosa.