La asistencia sanitaria privatizada en los CIE ha permitido a Clínica Madrid embolsarse 6,25 millones de euros desde 2012

Sin mirar atrás y poniendo su vida en juego. Así llegaron en 2018 a suelo español 64.298 migrantes, siendo la marítima la principal vía irregular de entrada –57.498 personas, el 89% del total–. Una parte de ellos, probablemente, no encontrarán la prosperidad que tanto ansiaban y terminarán encerrados en Centros de Internamiento de Extranjeros. Estos criticados emplazamientos, dependientes del Ministerio del Interior y en los que se retiene de forma cautelar a todos aquellos migrantes sobre los que pesa un expediente u orden de expulsión, se han convertido en los últimos años en un jugoso negocio por el que puja el sector privado. Un pastel que no sólo ha atraído a firmas dedicadas a la construcción o a la alimentación. También empresas del sector sanitario compiten entre sí para hacerse con las potentes licitaciones centradas en la asistencia sanitaria de los internos. De todas ellas, la Clínica Madrid es la reina. Desde 2012, esta empresa sociosanitaria se ha adjudicado hasta cinco contratos por un total de 6,25 millones de euros, según los datos recogidos por infoLibre en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Boletín Oficial del Estado.

Los CIE tienen su origen en la Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Sin embargo, aquella norma sólo contemplaba el internamiento preventivo o cautelar en “centros de detención o locales” que no tuvieran carácter penitenciario. Hubo que esperar hasta 1999 para que el Ministerio de la Presidencia de José María Aznar regulase tras las continuas advertencias del Defensor del Pueblo el funcionamiento y régimen de estos centros. Así, la orden de 22 de febrero de 1999 recogía, entre otros aspectos, cuestiones como la seguridad o la administración. Pero también regulaba la asistencia sanitaria de los internos. Así, en el artículo 12, establecía que cada CIE debía contar con un Servicio Sanitario compuesto por un “médico general” y un enfermero, plazas que estaban adscritas a personal facultativo y técnico del Cuerpo Nacional de Policía. Pero también contemplaba la posibilidad de establecer “conciertos pertinentes” con centros hospitalarios y asistenciales cercanos “a fin de cubrir la necesidad eventual de hospitalización” de los internos.

Con la llegada de un nuevo siglo, se derogó la Ley Orgánica 7/1985 y se sustituyó por la 4/2000, que ya dedicaba un artículo entero a los derechos de los extranjeros internados en los CIE –entre ellos el de “recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro”–. Sin embargo, pasaron los años y el funcionamiento y régimen de los CIE continuó rigiéndose por la orden de 1999. Por eso, cuando se llevó a cabo en 2009 la reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España decidió incluirse una disposición adicional tercera en la que se daba al Ejecutivo dirigido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero seis meses para aprobar un reglamento que desarrollara el régimen de internamiento de los extranjeros. El plazo finalizó sin que el Gobierno cumpliera con lo establecido en la ley. Y la muerte en 2011 de la mujer congoleña Samba Martine en el CIE de Aluche (Madrid) hizo saltar todas las alarmas sobre la calidad de la asistencia médica recibida por las personas en los centros de internamiento para extranjeros.

Pero tuvieron que pasar dos años más desde aquél trágico suceso para que el Ejecutivo, entonces liderado por Mariano Rajoy, cumpliese con la obligación legal establecida tras la reforma de 2009. Así, en marzo de 2014, el Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto el nuevo reglamento sobre funcionamiento y régimen de los CIE y enterró la normativa de 1999. En relación con la asistencia sanitaria, el nuevo texto recogía expresamente que “a fin de cubrir la necesidad eventual de hospitalización de los extranjeros internados, así como de asistencia médica especializada” se podrán “celebrar acuerdos, convenios o contratos” con “otros ministerios, administraciones públicas y entidades públicas y privadas”. Este párrafo se interpretó de dos formas diferentes. Por un lado, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que con la nueva norma se abría la puerta a que fueran las ONG las que organizasen y gestionasen “la asistencia sanitaria, social y cultural” de los centros. Por otro, diferentes asociaciones avisaron de que se estaba abriendo el camino a la privatización alrededor de los CIE.

Contratos desde 2012

Lo cierto es que la asistencia sanitaria en los Centros de Internamiento de Extranjeros ya estaba en manos de empresas privadas antes de que se aprobara el reglamento. Desde el Ministerio del Interior señalan a este periódico que, al menos, constan dos contratos de este departamento previos a la aprobación del Real Decreto de 2014. El primero de ellos, se adjudicó el 2 de agosto de 2010 por 1,18 millones de euros a la firma Servicios Médicos Especializados. Esta empresa fue la que estaba al cargo de la asistencia sanitaria cuando Samba Martine falleció por una infección pulmonar sin que el servicio médico privado le aplicase el tratamiento necesario ni indagase en las causas de su enfermedad. Pocos meses después de la muerte de Martine, en julio de 2012, Interior adjudicó una nueva licitación para la “realización de reconocimientos médicos y asistencia sanitaria de los extranjeros sometidos a custodia” en los CIE. En este caso, el contrato cayó en manos de Clínica Madrid SA por 956.150 euros. Ambas licitaciones, aunque no aparecen reflejadas en el Portal de Contratación Pública, sí que constan en el Boletín Oficial del Estado.

Tras esta primera adjudicación, la empresa de sanidad privada no ha soltado el negocio. Suya fue la primera licitación que Interior sacó a concurso tras la aprobación del nuevo reglamento sobre funcionamiento y régimen de los CIE. Con un presupuesto base de 735.000 euros, el pliego de prescripciones técnicas establecía que la obligación de la adjudicataria pasaba por la realización de reconocimientos médicos que incluyeran la elaboración de un historial médico y la exploración general de los internos. Además, también fijaba la obligación de llevar a cabo una asistencia médico-sanitaria continuada, a pesar de que el horario de cobertura incluido en el pliego evidenciaba que tres de los entonces nueve centros –Fuerteventura, Tenerife y Las Palmas– sólo contarían con un médico de lunes a viernes durante dos horas y que sólo los de Madrid, Barcelona y Valencia tendrían un médico o un enfermero presentes durante algunas horas los sábados, domingos y festivos. Clínica Madrid se hizo con la adjudicación el 21 de agosto de 2014 por 419.235 euros.

Después del cumplimiento de ese primer contrato, Interior volvió a dar luz verde en 2015 a una nueva licitación. En este caso, el plazo de ejecución se amplió a doce meses con la opción de prórroga por otro año más y el presupuesto base se duplicó, situándose en 1,471 millones de euros. La nueva licitación, aunque mantenía la mayor parte de los requisitos de la anterior, ampliaba el horario de asistencia sanitaria en cinco de los nueve CIE –Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras y Tarifa– e incluía una nueva cláusula en la que la empresa adjudicataria se comprometía a colaborar, a petición del responsable del servicio de asistencia sanitaria del centro, “en servicios de higiene, alimentación y salubridad de los internos”. Se recibieron hasta seis ofertas diferentes, según la información que figura en el anuncio de formalización de la licitación, que no detalla qué empresas participaron en el procedimiento abierto. Sin embargo, una vez más, fue Clínica Madrid SA la que se hizo con la adjudicación por 730.000 euros –siempre impuestos incluidos–.

En 2017 salió a concurso la tercera gran licitación de estas características. Y, de nuevo, fue el mismo grupo sociosanitario el que se quedó con el jugoso contrato. La licitación tenía unas características similares al anterior. Otra vez, el plazo de ejecución se fijó en doce meses prorrogables por otro año y el presupuesto base se mantuvo en los 1,471 millones de euros. En relación con los requisitos, se suprimió la nueva cláusula incluida en el anterior y se modificaron, una vez más, los horarios de atención. Sin embargo, siguieron siendo insuficientes para cumplir con la obligación de contar con personal para atender de forma “permanente y de urgencia” a los internos. Así, por ejemplo, la nueva tabla sólo recogía la presencia de un médico de 8.00 horas a 22.00 horas en Algeciras, Tarifa, Madrid y Barcelona, aunque sólo en estas dos últimas el doctor acudiría también tres horas los sábados, domingos y festivos. En Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura sólo se contemplaba la presencia de profesionales sanitarios de lunes a viernes. Clínica Madrid se embolsó con este tercer contrato 879.000 euros.

El último proceso de licitación de estas características se produjo hace unos meses. Ante las continuas quejas del Defensor del Pueblo y asociaciones por la falta de atención continuada a los internos, en esta ocasión el nuevo contrato, con un plazo de ejecución de dos años y un presupuesto base de 3,52 millones de euros, igualaba los horarios médicos de todos los centros. El doctor estará atendiendo de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y de 10.00 a 13.00 horas los sábados, domingos y festivos. Y los enfermeros se encontrarán en los centros de lunes a domingo y festivos de 8.00 horas a 22.00 horas. Por cuarta vez, la adjudicación cayó en manos de Clínica Madrid SA, que se embolsó con ella 3,28 millones de euros. Sin embargo, en esta ocasión estuvo a punto de perderla. Junto con esta firma se presentaron Acciona Health Care y Servicios Sanitarios Sociales Galdama. Esta última fue la que presentó el precio más bajo, lo que le permitió hacerse con el contrato. Pero a la hora de presentar la documentación requerida, Galdama no lo hizo. Por tanto, la licitación recayó en la segunda mejor clasificada en el proceso, es decir, en Clínica Madrid.

Deficiencias en la asistencia sanitaria

El Defensor del Pueblo, en su Informe Anual de 2017, ya sacó los colores a la Administración por las deficiencias sanitarias detectadas en estos centros. En primer lugar, criticó que los CIE siguiesen sin contar “con presencia médica durante las 24 horas” y que, incluso, en alguno de ellos sólo se prestase “servicio médico por las mañanas, por lo que, si un interno precisa de dicha asistencia, se le deriva al hospital de referencia o se reclama la intervención de los servicios de urgencia”. Además, lamentó que en el centro de internamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se realizasen “reconocimientos médicos fuera del horario de asistencia sanitaria” y que “las analíticas” que se deberían hacer al ingreso en el CIE sólo se llevaran a cabo “de forma puntual” a internos que proceden de embarcaciones y sólo en algún centro. “La asistencia sanitaria, que se presta a través de una empresa privada, no contempla la realización de estos controles para descartar enfermedades infectocontagiosas”, remataba el Defensor del Pueblo.

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A preguntas de infoLibre, desde el Ministerio del Interior desconocen desde cuándo y por qué la asistencia sanitaria de estos internos se encuentra en manos de empresas privadas. Unas firmas cuyo personal, explican desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, se encarga de prestar la atención médica general. “Para una atención más específica son trasladados al hospital”, completan desde Interior. Pero Ana Bosch, coordinadora del equipo CIE en Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes, asegura que los internos sólo son derivados a un especialista “en ocasiones contadas con los dedos”. En este sentido, pone el ejemplo de aquellas personas con “patologías psiquiátricas” que, por lo que les cuentan, no están siendo enviados a la “unidad de psiquiatría”, lo que les convierte en “bombas de relojería”. “Hay gente con diabetes o con problemas de riñón cuyo seguimiento médico se lo hace el personal sanitario del centro. A no ser que tengan una crisis, no son derivados al hospital. El hospital, por lo que vemos, siempre es el último recurso”, continúa Bosch.

A lo largo de 2018 fueron internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros 7.855 personas –7.676 varones y 179 mujeres– procedentes de 90 países distintos, aunque más de la mitad eran marroquíes y argelinos, según los datos recogidos por el Servicio Jesuita a Migrantes en su informe Discriminación de origen. El estudio dedica un apartado entero a analizar las deficiencias detectadas en la asistencia sanitaria que recibían los internos en los CIE. Y, entre otros aspectos, recordaba la importancia de “requerir la práctica sistemática de pruebas de detección de posibles enfermedades infectocontagiosas en el momento del ingreso” y denunciaba “prácticas administrativas que desatienden el cuidado de la salud”. En este sentido, ponía como ejemplo el caso de una mujer que “no manifestó su situación de lactancia por miedo”, algo que tampoco fue detectado durante el reconocimiento médico inicial. “La acumulación de leche en los senos le provocaba dolores, por lo que trataba de sacarse la leche en el aseo de mujeres”, señala el informe.

El Servicio Jesuita a Migrantes también denunció que la asistencia sanitaria que reciben es “muy básica”, apuntando que muchas de las personas visitadas por la organización “refieren que los servicios médicos del CIE apenas les administran algún analgésico o calmante”. Y criticó los “insuficientes horarios de atención médica y de enfermería”. “La asistencia sanitaria no es 24 horas, algo que supone un problema”, insiste Bosch, que apunta que “los horarios están reducidos, lo que provoca que muchas veces no puedan acceder o que tengan que regresar al día siguiente” y que insiste en que el control que se hace de los internos es “muy superficial” y “no alcanza una especialidad ni una exploración más allá de la temperatura y poco más”. “Muchas veces nos pasan casos de gente con infecciones bucales que tienen que esperar, les dan las pastillas para que se les pase el dolor y esperan a que haya médico. A no ser que se vea que es muy urgente, que entonces se les traslada al hospital”, completa Bosch, que también hace hincapié en la falta de traductores, lo que dificulta que los internos puedan explicar al doctor sus problemas.