La justicia pone fin a la eterna 'batalla' legal por la tragedia de El Tarajal

Punto y final a la larga instrucción por la tragedia en El Tarajal. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta, María de la Luz Lozano Gago, ha decidido finalmente procesar a 16 guardias civiles por la muerte en febrero de 2014 de una quincena de migrantes que intentaban alcanzar la costa ceutí a nado mientras las fuerzas de seguridad trataban de disuadirles utilizando botes de humo y pelotas de goma. La magistrada considera que existen indicios de los delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio. “Las fronteras han de protegerse pero sin dejar desprotegidas a las personas”, sostiene la jueza, que recuerda que el “incontrovertible” deber de la Guardia Civil que defender los límites “debe cumplirse dentro del marco normativo y jurisprudencial del ordenamiento jurídico de la UE”. El paso dado por Lozano Gago concluye una larga instrucción que se ha prolongado durante cinco años y que ha estado plagada de obstáculos. De hecho, la causa ha sido archivada hasta en dos ocasiones, lo que ha obligado a intervenir a la Audiencia Provincial para que el caso no quedara guardado en un cajón.

Con fecha del pasado martes, el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción y enfila la causa hacia la apertura de juicio oral, empieza recordando que la normativa y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de inmigración “se puede condensar en el principio básico de ‘defender las fronteras sin desproteger a las personas”. La instructora, además, asevera que dado que los migrantes “estaban bajo control de las fuerzas del orden españolas”, los hechos denunciados “están sin duda bajo la jurisdicción de España”. “Si bien es cierto que la protección de la frontera, como Estado soberano que es España, se activa frente a intentos de entrada ilegal en su territorio, y por más difícil que pueda ser la tarea, ello no puede ser justificación para recurrir a prácticas incompatibles con los derechos humanos, ni puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción”, comienza dejando claro el auto.

De lo actuado, la instructora considera que resulta “indiciariamente” que los guardias civiles emplearon “material de dispersión” para disuadir a las personas que aquel 6 de febrero de 2014 se lanzaron al mar con el propósito de llegar a España a nado, “disparando en consecuencia bolas de goma y botes de humo al mar en que nadaban”. “Dicha actuación pudo contribuir , co-casualmente, a título de imprudencia, a la muerte por ahogamiento de las mismas, concurriendo indicios sobre posible falta de proporcionalidad de la actuación desplegada por los investigados, los cuales, indiciariamente asimismo, omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar con riesgo vital”, señala la resolución. A lo largo de todo el auto, al que ha tenido acceso infoLibre, la jueza se muestra extremadamente prudente, asegurando en todo momento que en la causa sólo existen “indicios”, que “no pruebas”, de responsabilidad penal. Extremos que, intenta dejar claro, “deberán, en su caso, sustanciarse y resolverse en la fase del juicio oral”.

La magistrada señala en el auto de pase a procedimiento abreviado que concurren, en primer lugar, indicios de un posible delito de omisión de socorro, recordando en este aspecto que los migrantes, “que podían sufrir un mal”, debían haber sido auxiliados por los agentes procesados, los cuales “podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión”. En cuanto al homicidio imprudente, la jueza apunta que las fuerzas de seguridad “están llamadas” a “estar a la altura del país en el que desempeñan sus funciones” y asevera que “no cabe soslayar que en el presente caso los agentes debían observar un deber de cuidado respecto de la vida de las personas que se hallaban nadando a mar abierto”. No obstante, si bien considera que existen indicios de omisión de socorro y homicidio a título de imprudencia, no considera posible continuar la tramitación de la causa ni por un delito de prevaricación ni por otro de lesiones. “No ha podido concretarse a efectos de esta instrucción la naturaleza de las lesiones que presentaban y su origen”, señala.

Inhibiciones, archivos y reaperturas

La decisión de acercar al banquillo a los 16 guardias civiles investigados en la causa pone fin a más de cinco años de instrucción repletos de continuas trabas. El proceso, como reconocen las asociaciones que integran las acusaciones particulares personadas en la causa, ha sido “duro” y muy “largo”. “Hemos trabajado en un contexto muy hostil y se nos han puesto muchos obstáculos para practicar algunas pruebas”, explica en conversación telefónica con este diario Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC, que recuerda que “no cada día se acusa a 16 guardias civiles” y afea la “poca proactividad por parte de los juzgados”. En la misma línea se posiciona Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) –otra de las acusaciones particulares–, quien asevera que la resolución de la jueza de instrucción es “un punto importante en una batalla” que “muchas veces” dieron “por perdida”. “Para las familias [de las víctimas] también puede ser un alud en medio de un proceso tan largo, que ya ha sido objeto de dos archivos que todas las acusaciones hemos conseguido levantar”, completa.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta abrió diligencias de investigación en cuanto apareció el primer cadáver en la playa de El Tarajal. Sin embargo, las pesquisas se mantuvieron en stand by hasta que cinco meses después la Audiencia Provincial de Cádiz tomó cartas en el asunto. A raíz de un recurso de apelación de la ONG Coordinadora de Barrios contra la inacción del juzgado ceutí, el órgano judicial emitió un auto en el que obligaba a la instructora a tomar declaración a dos testigos clave y a identificar a todos los guardias civiles que participaron en el operativo, algo a lo que se había negado la jueza. Pocos meses después de ese primer varapalo, el juzgado decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al considerar que las muertes se habían producido en territorio marroquí. Pero el caso poco tardó en regresar a Ceuta. En febrero de 2015, el magistrado Fernando Andreu dictó un auto en el que rechazaba la competencia de la Audiencia Nacional señalando que la actuación de la Guardia Civil “se produjo en territorio español, sin que nadie ponga en duda esta circunstancia”.

Tras este segundo jarro de agua fría, la magistrada al cargo de la investigación, María del Carmen Serván, citó a declarar como investigados a  16 guardias civiles –3 mandos del Instituto Armado y 13 agentes–. Pero cada paso al frente venía acompañado de un paso atrás. Así, pocos meses después de estas imputaciones, la jueza decretó el sobreseimiento del caso alegando que no existían indicios de que los agentes hubieran hecho un “uso inadecuado” del material antidisturbios, que utilizaron con “efecto disuasorio” en su función de “custodia y vigilancia de la frontera”, y señalando que “los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha”. Un primer carpetazo que levantó en enero de 2017 la Audiencia Provincial de Cádiz, que tras analizar los recursos interpuestos por Coordinadora de Barrios, Observatorio DESC y CEAR concluyó que las diligencias realizadas por el juzgado antes del sobreseimiento no alcanzaban “los grados de suficiencia y eficacia exigibles”.

Pero este no fue el único archivo al que tuvieron que hacer frente las acusaciones durante los cinco años que se ha prolongado el procedimiento. En enero de 2018, la nueva jueza instructora, Macarena García, decretó por segunda vez el sobreseimiento libre y el archivo de la causa. “De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa”, apuntó la magistrada después de asumir que Marruecos no iba a remitir “nunca” los datos sobre los cadáveres y las autopsias necesarios para continuar las pesquisas y después de escuchar a uno de los testigos presenciales asegurando que “no observó ningún comportamiento” de la Guardia Civil  “reprochable desde el punto de vista penal”. El auto fue recurrido nuevamente por las acusaciones. Y la Audiencia Provincial de Cádiz volvió a enmendar al juzgado ceutí. El órgano judicial decidió reabrir por segunda vez el caso al considerar que la instructora no había tenido “el más mínimo interés de oír a los testigos propuestos y admitidos”.

Ahora, cinco años después del inicio de las pesquisas y con dos carpetazos a sus espaldas, la causa entra en una nueva fase. Las acusaciones se muestran contentas tanto por la decisión de la jueza instructora como por el contenido del auto. “Deja claro que tienen que proteger las fronteras pero siempre velando por el cumplimiento de los derechos humanos, establece como muy importante el tema de la omisión de deber de auxilio…”, señala Escorihuela, que explica que todavía les falta “una tercera declaración de una persona en Alemania” que no se ha podido practicar hasta la fecha y que, por ello, están debatiendo si recurrir la decisión de la magistrada para solicitar “que se practiquen más pruebas” o pedir ya la apertura de juicio oral y practicar ahí “la prueba que falta”. Además, están pendientes de lo que haga la Fiscalía. El Ministerio Público, explica, “no acusa”, por lo que la causa sólo se sostiene sobre acusaciones particulares. Por ello, temen que se pueda aplicar la denominada doctrina Botín.doctrina Botín

Mentiras destapadas

La juez del Tarajal aplica la 'doctrina Botín' y archiva la causa contra 16 guardias civiles "pese a los indicios de criminalidad"

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Más allá del eterno proceso judicial, la tragedia de El Tarajal provocó un enorme escándalo político que tuvo como epicentro el Ministerio del Interior. Las primeras denuncias por parte de los migrantes señalaban que el Instituto Armado había actuado con pelotas de goma y balas de fogueo para intentar “pinchar los flotadores” con los que se habían echado al mar. Una versión que fue desmentida tanto por el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, como por el entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. “No se pueden haber realizado disparos contra y hacia los inmigrantes porque hay barreras físicas que lo impiden”, señaló el primero. “No, pelotas de goma en la mar no, según los datos y los informes que tenemos hasta este momento. Dicen que se han utilizado en la valla, evidentemente, para impedir el asalto que se pretendía hacer por un número importante de subsaharianos”, apuntó, por su parte, De Mesa en declaraciones a la Cadena Ser tras la tragedia.

Pero una semana después, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, terminó admitiendo en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados la utilización de estos proyectiles. “Se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra con una distancia superior a los 25 metros”, aseguró Fernández Díaz, quien añadió que la “zona de impacto se situó en aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes”. En la misma línea se pronunció un mes después el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en una tensa comparecencia en la misma Comisión de la Cámara Baja. Durante su intervención, el número dos de Interior sostuvo que el Instituto Armado “ni lanzó material contra los inmigrantes” ni tampoco se observó que el lanzamiento de las pelotas de goma “produjese escenas de pánico entre ellos”. Y aprovechó su presencia para ofrecer a la oposición en nombre del Gobierno un Pacto de Estado en materia migratoria que permitiese enfrentar un “problema complejo y dinámico”.

La mano dura contra la “inmigración ilegal” siempre ha sido uno de los ejes del discurso político del PP. Pero con el ascenso de Vox, la extrema derecha que compite por un sector del electorado que tradicionalmente depositaba en las urnas la papeleta del PP, los conservadores han endurecido sus mensajes. De hecho, el sello de la formación ultra en materia migratoria está presente en los acuerdos que los de Pablo Casado han firmado con el partido de Santiago Abascal a cambio de su apoyo en comunidades autónomas o en el Ayuntamiento de Madrid. Para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta madrileña, por ejemplo, el PP se abrió a colaborar con la Administración General para asegurar una “inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo”, así como a revisar “la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados, bajo las premisas de seguridad para los menores, los trabajadores y los vecinos, así como la eficacia en la inserción cultural y sociolaboral”.