La alternativa de Casado al 155: la Ley de Seguridad Nacional para el control de los Mossos y el cierre del 'CNI catalán'

El PP considera que en Cataluña se puede aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional, una norma que aprobaron PP y PSOE en 2015 y que permite que el Gobierno, vía real decreto, nombre una "autoridad funcional" con competencias para dirigir las acciones que procedan "en materia de seguridad y orden público", informa Europa Press.

El líder de los conservadores, Pablo Casado, ha defendido este lunes su aplicación inmediata por entender que en Cataluña "se ha cruzado ya una línea roja". Según ha subrayado, esa ley permitiría tomar el control de las Fuerzas de Seguridad y cerrar esa "mal llamada agencia de inteligencia catalana", tras las últimas informaciones relativas a que "el denominado CNI catalán" encargó a los Comités de Defensa de la República (CDR) "asaltar" el Parlament, según el auto del juez.

Los conservadores destacan que esa Ley de Seguridad Nacional se puede aplicar "hoy mismo", algo que no sucede con el artículo 155 de la Constitución, cuyo procedimiento exige un requerimiento previo al presidente de la Generalitat y una serie de pasos previos hasta su aprobación definitiva en el Senado, donde tiene que ser ratificado por mayoría absoluta.

Lo que dice la Ley de Seguridad Nacional

Según la Ley, la situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, "por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución", requiere de la "coordinación reforzada de las autoridades competentes" bajo la dirección del Gobierno. En ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, añade.

En concreto, el artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional autoriza al presidente del Gobierno a declarar mediante real decreto una situación de interés para la seguridad nacional durante un determinado tiempo.

Esa declaración incluirá "la definición de la crisis"; "el ámbito geográfico del territorio afectado", en este caso Cataluña; el nombramiento de "una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan"; y "la determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la seguridad nacional".

Además, esa declaración de situación de interés para la seguridad nacional "supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación". Además, el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de las medidas adoptadas, según la citada ley.

Una ley que ya pensó aplicar Rajoy antes que el 155

En medio del desafío independentista en Cataluña en 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy ya sopesó entonces aplicar la Ley de Seguridad Nacional ante los recelos que mostraron en un principio PSOE y Cs a la aplicación del 155 en Cataluña.

Sin embargo, y tras varias reuniones de Rajoy con Pedro Sánchez y Albert Rivera para consensuar la contundencia y duración que debía tener ese artículo, el Gobierno anunció su puesta en marcha el 21 de octubre de 2017 con la destitución del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros. Eso sí, el Ejecutivo del PP sorprendió cuando anunció la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña tan solo un par de meses después.

La Policía contempla enviar a Cataluña un millar de agentes si las protestas de independentistas derivan en disturbios

La Policía Nacional contempla enviar a Cataluña en torno a un millar de agentes antidisturbios si las protestas de grupos independentistas derivan en disturbios y problemas de orden público tanto en el aniversario de mañana del referéndum del 1-O como cuando se haga pública la sentencia del procés, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La posibilidad de incidentes aumentó, según informes policiales, desde que el pasado lunes fueron detenidos por la Guardia Civil nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía. Siete de ellos ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y tenencia y fabricación de explosivos.

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Desde el Ministerio del Interior prefieren no dar datos concretos sobre el dispositivo y se limitan a subrayar que existe buena coordinación con los Mossos d'Esquadra, que es el cuerpo encargado en primera instancia de garantizar la seguridad en Cataluña.

"En materia de seguridad actuamos en coordinación permanente con los Mossos y tomamos las decisiones sustentadas en los parámetros de necesidad y proporcionalidad para concretar el número de efectivos", ha asegurado el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.

El titular del Interior ha pedido esta mañana discreción al ser preguntado por la prensa sobre si mandarán más efectivos policiales a Cataluña por el 1-O. También ha aprovechado para pedir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que condene el ejercicio de la violencia de los grupos independentistas radicales, independientemente de lo que verifique la investigación judicial sobre los CDR. "Es algo fácil para cualquier demócrata", ha comentado.