Ciudadanos y PP intentan torpedear la comparecencia del Banco de España en la comisión que investigará Avalmadrid

El presidente de la Mesa de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad Martos, presentó este jueves un texto con las reglas básicas de composición y funcionamiento de la comisión que debe investigar las supuestas irregularidades en Avalmadrid, la sociedad que dio un trato de favor a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad madrileña. En esas normas Trinidad Martos, de Ciudadanos, ha incluido una salvedad: que la comisión trabaje “con la prudencia necesaria” en todo lo relacionado con “las competencias de los entes y órganos institucionales, especialmente aquellos que por su naturaleza actúen con plena autonomía”. Es decir, esa salvaguarda puede entorpecer la comparecencia de los representantes del Banco de España para explicar la inspección que ha llevado a cabo en Avalmadrid y que ha concluido con la solicitud de sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia sociedad de garantías y la Consejería de Economía.

El PSOE pidió que se retirara esa alusión, pero su propuesta sólo recibió el apoyo de Vox. Ciudadanos y el PP la rechazaron. Como faltó a la reunión uno de los tres diputados del PP, la votación terminó en empate. La Mesa volverá sobre el asunto el próximo lunes, ya con los tres miembros del PP presentes, por lo que lo más probable es que la iniciativa salga adelante entonces tal y como está redactada, según explican fuentes parlamentarias.

Es habitual que las comisiones de investigación incluyan una salvaguarda para que su trabajo no obstaculice procesos judiciales en curso o las investigaciones de la Fiscalía. También en la de Avalmadrid se ha incorporado, aludiendo a esa “prudencia necesaria” que deberá guiar a la comisión “en todo lo relacionado con las competencias de la Administración de Justicia y la Fiscalía”. Pero a continuación Ciudadanos ha “colado” la referencia a “órganos institucionales autónomos” y ha hecho saltar las alarmas en los grupos de la oposición. “No entiendo que Ciudadanos haya puesto esa cortapisa”, admite a infoLibre la portavoz socialista, Pilar Sánchez Acera, quien teme que suponga una traba para la comparecencia del Banco de España.

La comisión, que deberá constituirse antes de que termine este mismo mes de octubre, estará compuesta por 18 diputados, tres de cada uno de los grupos –PP, Ciudadanos, PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox–. Podrá requerir la presencia de cualquier persona o entidad, pública o privada, que quedarán obligados a comparecer. También podrá recabar cualquier tipo de información y documentación que considere necesaria. Y deberá concluir sus trabajos en diciembre de 2020, aunque podrá pedir una prórroga. Treinta días después, como máximo, tendrá que haber emitido un dictamen.

La Consejería de Economía, en manos de Ciudadanos

El pasado 10 de septiembre el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, rechazó la pretensión del PP de solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre si la comisión de investigación era competente, el último intento de los conservadores para intentar frenar la iniciativa. Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca participada en un 26,1% por la Comunidad de Madrid, que está representada en su consejo de administración a través de la Consejería de Economía. Y en el reparto de departamentos entre el PP y Ciudadanos, esa consejería ha quedado en manos de la formación naranja. Su responsable, Manuel Giménez, nombró ese mismo día al nuevo presidente de Avalmadrid, su viceconsejero Isaac Martín, así como a Rodrigo Tilve, director general de Economía, como vocal en el consejo.

Con anterioridad, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, también de Ciudadanos, repetía su intención de “desvincular” a la Comunidad de Avalmadrid e incluso anunció que había iniciado los trámites administrativos para hacerlo. A su juicio, Avalmadrid no sólo es una “marca agotada” sino que además está “manchada por la presunta corrupción”.