Arranca la comisión que investigará las irregularidades de Avalmadrid y el trato de favor a la empresa del 'caso Ayuso'

Este martes arranca en la Asamblea de Madrid la comisión que investigará el “presunto trato de favor y las irregularidades” cometidas por la sociedad semipública Avalmadrid en la concesión de garantías a empresas y su posterior recuperación cuando no eran devueltas. Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas vinculadas con el PP o con consejeros personas vinculadas con el PP o con consejerosde la propiedad Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

Los socialistas presentarán un candidato para presidir la comisión, Modesto Nolla, que el grupo confía en sacar adelante con el apoyo de al menos el resto de los grupos de la izquierda. También intentarán, según han explicado a este periódico, que se apruebe cuanto antes el plan de trabajo de la comisión; en el caso de que no sea este mismo martes, sí en una sesión extraordinaria de carácter técnico antes incluso de ratificar la lista de comparecientes, para lo que acaba el plazo el próximo martes, día 29. Esa lista “amplia”, indican fuentes socialistas, la integrarán desde los máximos responsables políticos –presidentas de la Comunidad de Madrid, consejeros– hasta los miembros del consejo de administración de Avalmadrid entre 2007 y 2018, así como el equipo técnico y directivo de esta sociedad de garantías, el Banco de España e incluso las empresas a las que se concedieron avales.

Por su parte, Más Madrid va a solicitar que se pongan a disposición de todos los miembros de la comisión las actas de todos los consejos de administración, el comité ejecutivo y los diferentes comités de Avalmadrid –auditoría, nombramientos, riesgos, gestión, recuperación y seguimiento– entre 2007 y 2018.

La comisión tendrá 18 miembros, tres por grupo parlamentario, pero su voto será ponderado, por lo que, si votan conjuntamente, la mayoría estará en manos de PP, Ciudadanos y Vox. Así, por ejemplo, los grupos de la oposición temían que los conservadores pusieran obstáculos a la comparecencia de los técnicos del Banco de España que han investigado Avalmadrid.

El organismo supervisor, que inspeccionó la entidad en 2012 y 2016, abrió expediente sancionador en junio de 2018 no sólo a la sociedad de garantías madrileña, sino también a todos los que habían sido sus consejeros y directores generales desde 2013. Finalmente, pide sanciones para un total de 16 altos cargos16 altos cargos, por importe de 667.000 euros.

Los inspectores del Banco de España descubrieron “deficiencias de control” continuadas detrás de un aumento del 30% en los fallidos –16 millones de euros– y del 56% en los saldos dudosos –13 millones más–. Llegaron a esas conclusiones tras seleccionar una muestra de 167 avales. Entre los que consideraron irregulares se encuentran los otorgados al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña, (CEIM), Arturo Fernández. Avalmadrid está participada en un 26,1% por la Comunidad de Madrid, en un 25,3% por Bankia y en porcentajes menores por la propia CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid, Santander, Caixabank y Plus Ultra Seguros.

Trato de favor, alzamiento de bienes

Pero Marsans y Cantoblanco no eran los únicos favorecidos. El mismo patrón irregular se había seguido también con la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL, dedicada a la distribución de suministros médicos, había obtenido un aval por importe de 400.000 euros en marzo de 2011, del que no devolvió ni un euro. Es más, como desveló este periódico, durante años Avalmadrid no hizo nada por cobrar esa deuda. Una pasividad que permitió a los padres de Díaz Ayuso y a otros cuatro avalistas desprenderse del patrimonio con el que habían presentado para obtener la garantía. Es lo que el Código Penal califica como alzamiento de bienes. Lo comete quien enajena u oculta patrimonio para evitar que un acreedor cobre su deuda. Y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión de bienes.

Ése es el caso de Isabel Díaz Ayuso. A ella sus padres le donaron una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí y a su hermano, una vivienda unifamiliar de 212 metros en Sotillo de la Adrada (Ávila). Unos meses más tarde, también les donaron el 100% de las participaciones de Sismédica SL, otra de sus empresas, propietaria a su vez de un local por el que ninguno de los hermanos ha pagado el IBI durante cinco años. Entre otros, ésos eran los bienes que Avalmadrid debería haber embargado para recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió.

Aunque las relaciones sospechosas entre Díaz Ayuso y Avalmadrid habían comenzado antes. En finales de 2010 o principios de 2011, según confesó ella misma, la hoy presidenta madrileña preguntó en la sociedad de garantías “con qué persona” había que hablar para conceder un aval a la empresa de la que sus padres eran socios junto con otros tres matrimonios. Isabel Díaz Ayuso llevaba desde 2006 trabajando para el PP e incluso había estado adscrita al Gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre. A pesar de que el coordinador del departamento de Riesgos de la entidad advirtió de que parte de la nave de Sotillo de la Adrada, uno de los bienes presentados como garantía por los socios de MC Infortécnica SL, podía ser derribado, el consejero delegado de Avalmadrid obvió el riesgo y le pidió que siguiera adelante con el aval. Así que la operación se escrituró. Tres meses después de recibir los 400.000 euros, la empresa dejó de pagar las nóminasla empresa dejó de pagar las nóminas.

En julio, Díaz Ayuso contactaba, por intermediación de la entonces viceconsejera de Economía, Eva Piera, con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió información sobre la solvencia económica del grupo de empresas del que formaba parte MC Infortécnica SL. Al día siguiente de esa gestión ocupaba su escaño en la Asamblea de Madrid como diputada del PP. En septiembre repitió el contacto con el directivo, esta vez para solicitarle información confidencial –facturación y clientes– de las empresas de los socios de sus progenitores. Sospechaba que estos tres matrimonios querían dejar morir MC Infortécnica SL y montar otras sociedades. Ese mismo mes, MC Infortécnica despidió a casi toda su plantilla. Y en diciembre no devolvió el primer plazo del aval, 100.000 euros del principal más 3.292 euros de intereses.

Ni una actuación en siete años

Avalmadrid decidió en abril del año siguiente cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía –la nave de Sotillo de la Adrada– y proceder contra los socios de la empresa morosa. Pero para entonces ya había desaparecido el patrimonio que podría haberse embargado: el piso de Madrid había sido donado a Isabel Díaz Ayuso y la vivienda de Sotillo, a su hermano Tomás. Otra nave en ese pueblo abulense se había vendido a una tercera persona.

Los gestores de la sociedad de garantías no movieron un dedo para ejecutar lo que había aprobado: no llevaron al juzgado el expediente de MC Infortécnica SL pese a que su normativa interna les obliga a hacerlo en un plazo de 15 días. Tampoco hicieron nada en noviembre de 2012, cuando el comité de morosidad examinó de nuevo el expediente. En esa fecha ya habían desaparecido siete de los 14 inmuebles que los socios de la empresa de suministros médicos habían presentado como garantía para que se les otorgara el aval. Todos los que podían enajenar, ya que el resto estaban hipotecados.

De hecho, hasta enero de 2013 Cobralia, la firma de cobro de deudas contratada por Avalmadrid, no puso el caso en manos del juzgado. Pero como el procedimiento no avanzaba, en marzo de 2015, más de dos años después, Cobralia preguntó a Avalmadrid cuál debía ser el próximo paso. La sociedad de garantías no respondió. Ni entonces ni nunca. Así que, transcurridos siete años sin que la sociedad de garantías actuara, la deuda de MC Infortécnica SL permanece sin cobrar: a 30 de junio de 2019 ascendía a 270.000 euros.

Desde que se hicieron públicos estos detalles, la presidenta madrileña ha negado siempre que mediara o presionara para que Avalmadrid otorgara el aval a la empresa de sus padres, porque entonces carecía de poder político. Y ha justificado la distracción de los bienes familiares: “A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía lo heredáramos”.

Del Banco de España al análisis forense y a la denuncia en la Fiscalía

Los partidos de la oposición pedirán –tienen un plazo de cinco días para elaborar una lista– la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la comisión, como también de los inspectores del Banco de España que desvelaron las deficiencias en el funcionamiento de Avalmadrid. Según explican éstos en sus informes, la sociedad de garantía recíproca no revisaba los riesgos con la periodicidad a que le obligaba su propia normativa interna –ocurrió en 46 de los 167 avales verificados– y redactaba informes de seguimiento deficientes, sin evaluar la capacidad de pago del avalado y sin incluir “decisiones y conclusiones claras” –en 64 operaciones–. En otros 52 informes de seguimiento no se menciona cómo obtener o ejecutar garantías y en 12 más la clasificación crediticia del avalado se hizo con tanto retraso que hubo que esperar a que lo señalara la auditoría externa.

En vista de estas anomalías, Avalmadrid encargó a la firma Forest Partners un análisis forense sobre esos mismos 167 avales investigados por el Banco de España. Y aunque Forest Partners sólo examinó la fase de concesión de las garantías, los resultados fueron demoledores. Avalmadrid había concedido avales a proyectos de capital riesgo donde participaban fondos y sociedades gestoras vinculadas a algunos de los socios protectores –como se ha explicado más arriba, Comunidad de Madrid, Bankia, CEIM, Cámara de Comercio de Madrid–. Además, esas operaciones generaron “importantes pérdidas”, por lo que los analistas concluyen que Avalmadrid “no debería haber entrado” en ellas. Si se aprobaron, resaltan, fue por los “intereses cruzados de determinadas entidades y profesionales con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión” de la sociedad semipública. La sociedad de garantías también otorgó avales a empresas en dificultades que estaban ligadas igualmente a miembros de su propio consejo de administración. Y, en otros casos, las garantías infringían las normas sobre importes o plazos, carecían del preceptivo reaval o éste era muy bajo.

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Ese análisis forense sirvió de base para que el pasado mes de abril la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, presentara una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra una quincena de antiguos directivos y consejeros de la entidad por la posible comisión de “ilícitos de carácter patrimonial” en perjuicio de la sociedad con los avales concedidos a Rural Tours Viajes SA y Trapsa –del Grupo Marsans–, Grupo Casbar, The Tie Gallery España SL y Grupo Cantoblanco. Según destacaba la propia Avalmadrid en su denuncia, las operaciones se habían aprobado “sin atender a razones de lógica económica y con apariencia de discrecionalidad”, existían vinculaciones de miembros del consejo de administración y socios protectores con las empresas avaladas y las operaciones causaron un “perjuicio económico” a la sociedad de garantías. La Fiscalía archivó la denuncia porque consideró prescritos los posibles delitos, cometidos entre 2009 y 2013.

Pero el ministerio público tiene aún que decidir si abre diligencias por la denuncia que Más Madrid ha interpuesto ante la Fiscalía contra la presidenta de la Comunidad por alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias, y contra la cúpula de la sociedad de garantías por trato de favor y administración desleal. 

A día de hoy, Rosario Rey no es ya la presidenta de Avalmadrid.  Y Ciudadanos se ha hecho cargo de la Consejería de Economía, que es quien nombra al máximo responsable de la sociedad semipública y ha puesto a su frente a Isaac Martín. Al tiempo, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, también de la formación naranja, ha dado orden de abrir el procedimiento para desvincularse de Avalmadrid por la “sombra de corrupción” que la acecha. Ese proceso será simultáneo a los trabajos de la comisión, que debe concluirlos antes de diciembre de 2020.