El Gobierno no revelará la ubicación de la lápida de Franco que planea guardar en un almacén

El Gobierno alega la titularidad pública del Valle de los Caídos para impedir a la familia de Francisco Franco la posibilidad de sacar de la basílica el féretro con los restos del dictador cubierto con una bandera. Sin embargo, ese argumento no ha pesado lo mismo a la hora de evitar que los nietos de Franco honren su figura trasladando el féretro a hombros desde el lugar de la exhumación, frente al altar mayor, hasta el coche fúnebre que los esperará en la explanada situada en el exterior.

Ese trayecto, de aproximadamente 300 metros, será el único que estará bajo control de la familia del dictador hasta el momento de la llegada de los restos al panteón del cementerio de Mingorrubio. Allí, de nuevo, los nietos de Franco recuperarán el mando y, en la privacidad de las cuatro paredes donde reposarán los restos de su abuelo, serán libres de cubrir el féretro con la bandera y con los símbolos que deseen.

El Gobierno confía en que la familia de Franco respete el acuerdo alcanzado con su abogado para que en ningún momento, durante ese recorrido de 300 metros desde el interior de basílica a la explanada exterior, y ya a tiro a de las cámaras de TVE, ninguno de los 22 familiares autorizados a estar presentes en el acto exhiba ninguna bandera ni símbolo franquista. Si deciden hacerlo, desafiando el pacto con el Ejecutivo, nadie podrá impedirlo ni que millones de espectadores de todo el mundo puedan verlo. Eso sí: se expondrán a consecuencias legales, especialmente si la exhibición de esos símbolos supone enaltecimiento del franquismo, algo expresamente prohibido por la Ley de Memoria Histórica.

Será, sin duda, el momento más importante para los medios de comunicación, que no tendrán oportunidad de tomar ninguna imagen del interior de la basílica. Es más: el Gobierno no sólo cubrirá el área donde se llevará a cabo la exhumación con una carpa techada para proteger el operativo de miradas indiscretas sino que impedirá, mediante el uso de medios electrónicos, la introducción de teléfonos móviles o dispositivos para la toma de imágenes, también a la familia. Un objetivo —impedir que alguien pueda hacer fotografías de la exhumación— en el que ya trabajó la Guardia Civil para detectar cámaras ocultas en el interior de la basílica.

El procedimiento de apertura de la tumba es sencillo. Cuatro gatos hidráulicos elevarán la lápida de 1.500 kilos que desde hace cuarenta año tapa la tumba del dictador lo suficiente como para que, utilizando rodillos, sea posible desplazarla y dejar practicable la fosa.

La lápida, según fuentes consultadas por infoLibre, será trasladada en un camión a un almacén propiedad de Patrimonio Nacional cuya ubicación el Gobierno no quiere revelar —las mismas fuentes aseguran que la familia ni siquiera ha solicitado quedarse con ella—. En su lugar, y una vez retirados los restos del dictador, varios operarios completarán el enlosado de la basílica para que no quede resto visible del lugar donde hasta ese momento había una tumba. El proceso se demorará dos o tres días, de manera que, con toda probabildad el Valle de los Caídos reabrirá sus puertas al publico el próximo martes.

Por motivos de seguridad, los 22 familiares de Franco que estarán presentes —los nietos, acompañados de sus respectivos cónyuges, y algunos biznietos— serán recogidos por vehículos oficiales el día de la exhumación en tres puntos de Madrid y trasladados a Cuelgamuros. Además de ellos y los operarios de la funeraria y de la empresa que retirará la losa, estarán presentes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que actuará en calidad de notaria mayor del reino, y varias autoridades del Estado, entre ellas el secretario general del presidente, Félix Bolaños, que coordina todo el procedimiento.

La identidad de los restos

El Gobierno ha decidido dar por buena el acta levantada en 1975 por el notario mayor del régimen franquista que acredita que los restos humanos de esa tumba son los del dictador. Así que no tiene previsto hacer identificación alguna: la presencia de un forense en el interior de la carpa tiene como único objetivo ofrecer asesoramiento técnico para la extracción en el caso de que las cajas de madera y de zinc en las que fue enterrado Franco estuviesen en mal estado.

Sobre este punto, el Gobierno maneja varias hipótesis. Lo previsible es que el féretro de madera esté deteriorado por el paso del tiempo pero que la caja sellada de zinc con los restos de Franco se encuentre en buen estado. En este caso, bastará con trasladarla a un féretro nuevo, que será el que saquen a hombros los nietos del dictador. En el caso de que la caja de zinc esté también dañada, los operarios, siguiendo las indicaciones del forense, recogerán los restos y los introducirán en el féretro nuevo.

Nadie sabe con seguridad, a estas alturas, el grado de deterioro de los restos del dictador, porque ni siquiera hay constancia fiable de si fueron embalsamados o simplemente conservados.

En la operación de extracción y de introducción en el nuevo féretro sólo estarán presentes, además de los operarios y empleados de la funeraria, dos representanres de la familia —el único confirmado hasta la fecha es Cristóbal Martínez Bordiú, uno de los nietos más significados—, la ministra Delgado y probablemente otras dos autoridades del Estado, entre ellos Félix Bolaños. También estará, a petición de la familia, que le ha pedido que bendiga los restos del dictador, el prior de la comunidad benedictina del Valle, Santiago Cantera.

El procedimiento comenzará a las 10:30 horas del jueves 24 de octubre y tardará en completarse entre una y tres horas, dependiendo del estado de la caja de zinc.

Una vez que los nietos de Franco hayan sacado a hombros el féretro, se abren dos escenarios en función de las condiciones meteorológicas. Si no hay niebla ni viento fuerte, el coche fúnebre llevará los restos a un aparcamiento cercano donde un helicóptero Cougar Superpuma del Grupo 45 y el Ala 48 del Ejército del Aire estará esperando para trasladarlos a un helipuerto situado en unas antiguas instalaciones de la Guardia Real muy cerca del cementerio de Mingorrubio. A bordo irán el también nieto del dictador Francis Franco y la ministra Delgado, así como otra autoridad del Estado. Durante la mañana del jueves, el Gobierno ha ordenado restricciones en el tráfico aéreo, lo que incluye no sólo aviones sino también helicópteros y hasta drones.

Para evitar imprevistos, el Gobierno ha optado por procedimiento redundantes: habrá un helicóptero de reserva y dos coches fúnebres con los que hacer frente a cualquier eventualidad. Si el tiempo no permite el tránsito aéreo, la opción preferida por la Guardia Civil, el traslado se realizará por carretera. En este caso, el Instituto Armado, que es quien tiene a su cargo la seguridad del Valle, ha previsto diferentes itinerarios alternativos con los que afrontar imponderables como el tráfico o eventuales protestas de los nostálgicos del franquismo.

Una vez en Mingorrubio, los restos serán introducidos en el cementerio por un coche fúnebre —en el que hayan llegado por carretera desde Cuelgamuros o procedentes del helipuerto—. Una vez en el panteón —donde nuevamente habrá medios electrónicos para impedir que ni siquiera la familia pueda tomar imágenes— y ya a salvo de la mirada del público y de los periodistas, la familia tiene libertad de obrar como le parezca. De hecho, ya ha previsto una misa oficiada conjuntamente por el prior Cantera y por el sacerdote Ramón Tejero, hijo del exteniente coronel que tomó el Congreso de los Diputados durante el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

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El Panteón de Mingorrubio, donde desde hace años reposan los restos de la esposa del dictador, Carmen Polo, es propiedad del Estado en régimen de concesión. Y lo seguirá siendo durante los próximos 40 años, después de que la familia de Franco declinase el ofrecimiento del Gobierno de traspasársela al precio tasado en ese cementerio. Aunque una vez reparado y modernizado, con rejas y una puerta blindada, los gastos de mantenimiento son mínimos.

El coste del traslado lo asume íntegramente el Gobierno —se realiza en aplicación de una ley y de una decisión del Consejo de Ministros— pero en ningún caso superará los 63.000 euros, de los cuales más de la mitad corresponden al acondicionamiento del panteón de Mingorrubio.

El acceso a esta cripta seguirá, como hasta ahora, en manos del Gobierno. Si la familia quiere visitarlo sólo tiene que solicitar permiso, aunque hace años que nadie acude al lugar, en el que reposan desde 1988 los restos de Carmen Polo.