Los 'mausoleos' que aún ocupan algunos referentes del franquismo

Cuarenta y cuatro años después de su inhumación en la Basílica del Valle de los Caídos, los restos de Francisco Franco abandonaron este jueves el megalómano mausoleo levantado en plena sierra de Guadarrama para dejar constancia de la victoria de los golpistas durante la Guerra Civil. Bajo la atenta mirada de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el féretro con el cuerpo embalsamado del dictador salió del templo tras más de dos horas de exhumación. A hombros de sus familiares, el ataúd, adornado con una corona de flores y cubierto con un estandarte con la Cruz Laureada de San Fernando, fue trasladado al coche fúnebre, donde el prior administrador del Valle de los Caídos ofició un responso que terminó con los gritos de “¡Viva España!” y “¡Viva Franco!” de la familia. Una hora después, los restos del dictador salieron en helicóptero de Cuelgamuros en dirección al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Allí, lejos de las decenas de miles de víctimas que todavía continúan inhumadas en el mausoleo franquista, el cuerpo fue despedido en la más estricta intimidad.

La exhumación ha puesto fin, de una vez por todas, a la anomalía democrática que suponía tener los restos del verdugo junto a los de sus represaliados en un inmenso mausoleo levantado piedra a piedra por miles de presos políticos. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para que las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura alcancen la verdad, justicia y reparación que llevan décadas reclamando. Pendientes están, por ejemplo, la resignificación de Cuelgamuros, la apertura de las más de 2.000 fosas comunes que hay esparcidas por toda la geografía española, la eliminación completa de la simbología franquista o la exhumación de algunos de los principales golpistas de 1936 cuyos restos mortales todavía continúan enterrados, a día de hoy, en lugares preeminentes. Con la salida de Franco de Cuelgamuros y de los generales Emilio Mola y José Sanjurjo del Monumento a los Caídos de Pamplona, todavía ocupan lugares privilegiados Queipo de Llano en Sevilla o Moscardó y Milans del Bosch en Toledo. Y, por supuesto, Primo de Rivera.

El fundador de la Falange en un lugar preeminente

Con el traslado del dictador a Mingorrubio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tachado una de las recomendaciones que en 2011 hizo la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos para llevar a cabo una resignificación integral del complejo monumental. Sin embargo, todavía sigue quedando un escollo más. Aquel grupo de trabajo también planteó la necesidad de exhumar los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, de la tumba situada a los pies del altar mayor de la Basílica. “El objetivo de resignificar el conjunto (…) sólo será posible si los enterramientos se reservan únicamente, como estaba previsto, para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil”, exponían los expertos en el informe que elaboraron para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el caso de Franco, este órgano planteaba su salida del complejo monumental. En el del fundador de la Falange, sin embargo, sostenía que no podía ocupar un lugar preeminente en el templo “dada la igual dignidad de todos los allí enterrados”.

La exhumación de Primo de Rivera, ejecutado el 20 de noviembre de 1936 en la prisión de Alicante e inhumado en 1959 en la Basílica de Cuelgamuros, es otra de las cuestiones que están sobre la mesa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, en este caso no sería completamente necesario, a ojos del Gobierno, su traslado lejos del mausoleo. Principalmente, porque el Real Decreto aprobado para la salida de Franco del Valle de los Caídos establece claramente que en Cuelgamuros “solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”. Un requisito que el Ejecutivo socialista entiende que se cumple. “Primo de Rivera es una víctima de la contienda. Por lo tanto, la permanencia de sus restos mortales en el Valle de los Caídos está justificada en las mismas condiciones que lo está para el resto de las víctimas”, apuntó en agosto de 2018 la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Es decir, que en caso de que no abandone Cuelgamuros será trasladado junto al resto de víctimas.

Queipo de Llano no sale de la Macarena

En un lugar destacado reposan también desde hace siete décadas los restos de otro de los cómplices de Franco en el golpe de Estado de 1936: Gonzalo Queipo de Llano. Apodado el “virrey de Andalucía” por el extraordinario poder que llegó a atesorar, el general que llamaba a violar rojas y que lideró la brutal represión en el sur de España se encuentra enterrado en la emblemática Basílica de la Macarena, la mayor hermandad de Sevilla. Ya han pasado dos años y medio desde que se aprobara en el Parlamento andaluz –sin votos en contra– la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Y más de tres desde que el Ayuntamiento de Sevilla reclamase al Arzobispado y la hermandad la retirada de los restos del militar. Pero Queipo de Llano sigue sin moverse del templo. Los únicos cambios que se han producido han sido los de 2009, cuando se eliminaron de la lápida las referencias franquistas: “El excelentísimo teniente general” se sustituyó por “Hermano mayor honorífico” y el “18 de julio de 1936” desapareció de la tumba.

La posibilidad de retirada de los restos del militar golpista, como en el caso de Franco, está abierta a debate jurídico. La ley autonómica recoge en su artículo 32.4 que “cuando los elementos contrarios a la memoria histórica estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. En este caso, dicha responsabilidad recae sobre la cofradía. En este sentido, el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ya aseguró el pasado mes de septiembre que la ley andaluza no obliga a la retirada de los restos: “No tenemos ninguna obligación con esa ley. No tenemos obligación de sacar eso”. Ante la negativa de la hermandad quedaría, por tanto, la vía de los tribunales, en la que se podrían poner sobre la mesa los tan recurridos Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 sobre Asuntos Jurídicos, en los que se establece la “inviolabilidad” de los lugares de culto. Una excusa que ya rechazó que ya rechazaron los magistrados del Tribunal Supremo en el caso de Franco.

Moscardó y Milans del Bosch ‘resisten’ en el Alcázar de Toledo

También está enterrado en un lugar privilegiado José Moscardó, el militar que encabezó el golpe de Estado de 1936 en la provincia de Toledo y que se convirtió en un héroe del franquismo por resistir atrincherado durante meses en el Alcázar de Toledo el asedio republicano tras el fracaso de la intentona golpista en la capital castellanomanchega. Condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando y premiado con el título nobiliario de conde, el que fuera durante la dictadura jefe de la Casa Militar de Franco y jefe de Milicias de Falange Española Tradicionalista y de las JONS permanece enterrado desde su muerte en 1956 en la cripta del Alcázar de Toledo, que en su día fue la sede de la Academia de Infantería y que en la actualidad alberga el Museo del Ejército –adscrito al Ministerio de Defensa– y la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En ese mismo lugar se encuentran también inhumados los restos de Jaime Milans del Bosch, militar que también combatió en el Alcázar de Toledo y que fue uno de los protagonistas del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Aprovechando la exhumación de Franco, IU Castilla-La Mancha ha exigido también la exhumación de los dos golpistas en Toledo. El Gobierno de Sánchez ya fue preguntado por esta posibilidad en agosto de 2018 por el senador de En Comú Podem Joan Comorera. Sin embargo, el Ejecutivo socialista consideró, en relación con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que “no existe exaltación pública relacionada con los militares allí enterrados, pues dicha cripta es un espacio no incluido en el discurso museológico del Museo del Ejército”. “Por lo tanto, su consideración es privada al no ser visitable por el público en general, existiendo un procedimiento de visitas solo para familiares de los enterrados, por el que pueden acceder a la cripta los días en los que el museo está cerrado al público”, apuntó el Gobierno en su respuesta, en la que recordaba que el uso de la cripta y el régimen de enterramientos se encuentran adaptados a la normativa autonómica de Castilla-La Mancha y se hacía hincapié en el carácter de Bien de Interés Cultural del Alcázar.

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Mola y Sanjurjo abandonan Pamplona

Sí que abandonaron el mausoleo en el que llevaban décadas enterrados los generales Emilio Mola y José Sanjurjo. El primero, que apostaba por crear “una atmósfera de terror (…) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros”, es considerado por la Real Academia de la Historia como el principal responsable de organizar el golpe de Estado de 1936 contactando con los jefe y oficiales comprometidos, definiendo objetivos o fijando fechas. Sanjurjo, por su parte, protagonizó el fallido golpe de Estado de 1932 contra la Segunda República y falleció cuando viajaba a Burgos para unirse a las tropas sublevadas cuatro años después. Los restos de ambos permanecieron enterrados en el Monumento a los Caídos de Pamplona hasta que fueron exhumados en 2016 por decisión del Ayuntamiento de la capital navarra en aplicación de la Ley de Memoria Histórica autonómica. “No hay aquí ningún atisbo de revanchismo, sino más bien de cumplir la legalidad vigente y de hacer justicia con una parte de nuestra historia”, apuntó entonces el alcalde, Joseba Asiron.

Mola fue trasladado por la familia a un lugar discreto, mientras que Sanjurjo se llevó al Panteón Militar de Melilla, donde fue enterrado, según aseguró el Ejército, sin “honores militares”. Sin embargo, el protagonista de la Sanjurjada a punto estuvo de volver a Pamplona. En julio de 2018, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital navarra ordenó devolver los restos a su lugar original tras considerar que la cripta del Monumento a los Caídos era “un lugar de culto privado, no accesible al público y sobre el cual la parroquia de Cristo Rey tiene un derecho de usufructo”, por lo que el Consistorio carecía de “competencia” para “acordar el cierre de los enterramientos”. Sin embargo, aquella resolución fue recurrida. Y el pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio la razón al Consistorio al considerar que era “competente”, recordando además que en el caso enjuiciado había un “consentimiento expreso a las exhumaciones” emitido por el Arzobispado.