El hermano de Ximo Puig y Rubén Trenzano, citados a declarar como investigados por una querella del PP por las ayudas al valenciano

El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha citado a declarar el próximo 10 de diciembre, en calidad de investigados, a Francisco Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions y hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

La citación se produce a raíz de la querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a las mercantiles, que según los populares, "han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 para ayudas al fomento del valenciano sin ningún tipo de control".

Así figura en una resolución del juzgado, datada de este lunes, 28 de octubre, y consultada por Europa Press, en la que el magistrado decreta, tras recibir diversa documentación requerida a la Conselleria de Educación –de la que depende la Dirección General de Multilingüismo– que se forme una pieza aparte con dichos documentos a fin de dar traslado a las partes.

Igualmente, en la providencia –contra la que cabe recurso en el plazo de tres días– pide que se informe al ministerio fiscal y a las partes personadas para que en una audiencia formulen alegaciones sobre el plazo de instrucción de la causa o la posible declaración de complejidad. Finalmente, decide citar a los querellados –Rubén Trenzano y Francisco Puig– el 10 de diciembre para que presten declaración como investigados.

En la querella, firmada por la diputada popular Eva Ortiz, se solicitaba el inicio de una investigación penal para analizar la documentación que acredita la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que "no se cumplían los requisitos exigidos". También se pedía investigar "las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones".

Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs (Castellón) –ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella– pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial. Posteriormente, se presentó en València y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs.

Por este conflicto de competencias se ha tenido que pronunciar la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha acordado finalmente que debe ser el juzgado de València el que se ocupe de la instrucción de los hechos, dado que el delito que lleva aparejada mayor pena –el de prevaricación– "debe ser investigado por el órgano judicial del territorio en el que se ha dictado la resolución injusta".

En este caso, la querella del PP atribuye su comisión a Trenzano y a su Dirección General desde donde se dio la orden de pago que, según los populares, provocó la "fraudulenta disposición de los fondos públicos" y cuya sede se encuentra en València.

Asimismo, añade que la acción de malversar "se consuma cuando se realiza el acto que genera la disposición de los fondos públicos" y que los expedientes administrativos se tramitaron en la Dirección General de Política Lingüística, por lo que la cercanía a las fuentes de prueba aconseja seguir la instrucción en València.

Falsedad documental

Cabe recordar que el PP interpuso otra querella contra Trenzano, en esta ocasión por falsedad documental, asegurando que el director general "mentía" cuando dijo que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas a dos empresas "vinculadas a la familia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig".

En concreto, los populares llevaron a los tribunales el acuerdo de 6 de abril de 2018, dictado por Trenzano, por el que desestimó una solicitud formulada el 27 de febrero por la diputada Eva Ortiz, en su calidad de su portavoz del Grupo Popular en Les Corts, en la cual "intimaba la cesación de la inactividad material y en la ejecución de sus propios actos de la Administración de la Generalitat en la fiscalización de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016" para el fomento del valenciano a las dos empresas mencionadas.

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En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 9 de València decidió sobreseer el procedimiento al entender que las manifestaciones de Trenzano debían encuadrarse "en el ámbito de las declaraciones con carácter político, administrativo y más propio de la disputa política", cuyo foro de tratamiento es la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras estudiar el recurso de apelación presentado por el PP, decidió a finales del mes de mayo revocar el archivo y ordenar la continuación de la causa.

El pasado mes de junio el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València citó a declarar en calidad de querellado al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y requirió documentación a la Conselleria de Educación. En julio, Trenzano acudió a los juzgados a declarar y se mostró "muy tranquilo" afirmando que esta causa formaba parte de "una estrategia del PP para erosionar".