El expresidente del BBVA declara casi tres horas por los contratos con Villarejo y se marcha sin ninguna medida cautelar

El expresidente del BBVA Francisco González abandonó este lunes la Audiencia Nacional pasadas las 13.15 horas sin ninguna medida cautelar tras haber declarado durante más de dos horas y media como imputado por cohecho y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad bancaria efectuó durante años al comisario José Manuel Villarejo. 

A la salida y en declaraciones a los periodistas sin admitir preguntas, el financiero se ha congratulado de haber tenido "la oportunidad" de comparecer ante el juez Manuel García Castellón. González asegura que durante el interrogatorio ha sido "transparente" y que jamás participó en nada que pueda calificarse de ilegal. "Una vez que termine esta investigación –ha dicho– quedará muy claro que el Grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco".

El espionaje a políticos y empresarios para evitar que Sacyr entrara en 2004 en el accionariado del banco, entre ellos el exministro socialista Miguel Sebastiá, constituye una de las claves esenciales en esta pieza secreta de la Operación Tándem. Porque marca el inicio de una relación –la del banco con Villarejo– que se prolongó durante 15 años. Todos ellos bajo el mandato de González, quien aseguraque se enteró de los contratos con el policía hace año y medio.

Aunque la cifra podría aumentar, de momento parece confirmado que el BBVA pagó siete millones de euros al policía. ¿Resulta creíble que una cuantía de esa envergadura saliera de las arcas de un gran banco sujeto a controles estrictos y permanentes sin que su presidente fuera nunca informado?  Esa es una de las preguntas que, probablemente, resuelva la investigación.

Aunque permanece bajo secreto esta parte de la investigación sobre las actividades del que durante años fue el poderoso comisario Villarejo, las palabras de González ante los periodistas indican que ante el juez ha hecho lo que todas las fuentes vaticinaban: declararse ajeno a cualquier ilegalidad que pueda derivarse de los contratos que el BBVA suscribió con la agencia Cenyt, mascarón de proa empresarial de Villarejo. Ajeno e ignorante antes que estallase el escándalo de los vínculos entre el policía y el banco. Fuentes del BBVA confirmaron este lunes que la defensa de Francisco González se sufraga con cargo al seguro suscrito por la entidad "para todos los directivos". Como persona jurídica, el BBVA consta entre los investigados de la causa. Su representante legal declara este miércoles.

"Algunos servicios"

"En mayo de 2018  tuvimos conocimiento de que el Grupo Cenyt había prestado algunos servicios al Grupo BBVA", narró González ante la prensa. "Inmediatamente –prosiguió– abrimos una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos. Posteriormente, se abrió una pieza judicial". El BBVA, remarcó su expresidente a continuación, "es una gran institución internacional enormemente respetada que trabaja en beneficio de clientes y accionistas" y "también presta servicios relevantes a la sociedad".

Que, usando lo que parece aquí un plural mayestático -"tuvimos conocimiento"–, González haya negado que antes de 2018 conociese la existencia de contratos con Villarejo afianza la idea de que el expresidente del BBVA dispara hacia abajo. Es decir, que su estrategia pasa por desligarse de cualquier contacto con el controvertido policía y endosar por tanto esa responsabilidad a los escalones inferiores.

Entre quienes de momento llevan la peor parte figura, por ejemplo, Julio Corrochano, un excomisario que pasó a ser el jefe de seguridad del BBVA. Corrochano, que se acogió a su derecho a no declarar cuando compareció ante el juez en julio, desembolsó una fianza de 300.000 euros y fue despedido en condiciones económicas que no han trascendido. Tampoco quiso someterse a interrogatorio Ángel Cano, exconsejero delegado del banco e igualmente despedido.

A esos dos exdirectivos le siguió en el despido el responsable de operaciones inmobiliarias, Antonio Béjar, a quien ciertos medios señalan como quien contrató a Villarejo para cobrar deudas de los grandes morosos del ladrillo. Pero esa contratación se remonta a 2010. Y mucho antes de eso, el comisario ya había trabajado para el banco desarrollando un importantísimo trabajo de espionaje: la Operación Trampa, destinada a evitar la entrada de Sacyr en el accionariado. A diferencia de Corrochano, Cano y el también despedido Eduardo Arbizu, hasta julio responsable de control interno del BBVA. A diferencia de los anteriores, Béjar sí accedió a declarar ante el juez. Es más, pidió seguir haciéndolo cuando, según fuentes jurídicas, topó durante el interrogatorio con algo que consideró no solo lesivo para sus intereses sino chocante. ¿Pensó que alguien lo había señalado como el futuro chivo expiatorio y decidió cooperar con la justicia a partir de ahí? Esa es una de las incógnitas, como lo es saber si su testimonio ha contribuido de manera decisiva a la imputación de Francisco González.

Una trampa para políticos y empresarios

Desde febrero, el exministro socialista Miguel Sebastián está personado como acusación particular en la pieza donde se investigan los servicios prestados por Villarejo al BBVA. Sebastián fue, entre 2004 y 2005, una de las víctimas del espionaje que el banco encargó al entonces policía buscando frenar la entrada de la constructora Sacyr en el accionariado del banco. 

En la Operación Trampa, Villarejo espió por encargo del BBVA a políticos, empresarios y periodistas. Pero no fue un episodio aislado sino un eslabón en lo que ya se perfila como una larga cadena. Sustentada en el ingente volumen de documentación intervenida a Villarejo y su círculo, esa es la premisa bajo la que la investigación judicial sobre el BBVA y sus pagos a Villarejo examinará con lupa y de forma conjunta no solo aquel espionaje a gran escala sino la serie completa de trabajos de inteligencia que el policía realizó para la entidad a lo largo de casi tres lustros.

El encargo del equipo de Francisco González a Villarejo había saltado la barrera del secreto antes de que los digitales moncloa.com y elconfidencial lanzasen el 10 de enero la primera información sobre la  y sus 15.000 llamadas interceptadas de 3.925 teléfonos diferentes, entre ellos los del exministro socialista Miguel Sebastián; los empresarios Luis del Rivero, en 2004 presidente de Sacyr, y Juan Abelló; y los de quienes en aquel periodo ostentaban la presidencia y la vicepresidencia nada menos que de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas.

Villarejo ofreció al jefe de seguridad de Iberdrola por 10 millones información comprometedora sobre Florentino: "Me sale más barato matarle", respondió Asenjo

Ver más

A su llegada, donde estaba citado a las 10 de la mañana, González se había mostrado tranquilo y sonriente y declinó hacer comentarios a los medios porque "no es el momento de hablar". Su larga declaración ante el juez García Castellón y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano indica que ha optado por una estrategia distinta a la seguida por otros ex ejecutivos del banco también imputados y que se han ido acogiendo a su derecho a no contestar porque las actuaciones permanecen bajo secreto e ignoran por tanto hasta dónde alcanza el conocimiento de los investigadores.

La imputación de González se ha acordado a instancias de Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo, quien habría estado desempeñando tareas de información y espionaje para el BBVA durante más de una década y por importe superior a 10 millones de euros

Además del ex número uno del BBVA, por la Audiencia también desfilarán Juan Asúa, otra ficha clave —el exresponsable de la entidad en España y Portugal, además de actual asesor del presidente Carlos Torres, coordinó la investigación interna para analizar la dimensión del caso Villarejo—; Eduardo Arbizu, exresponsable legal; Manuel Castro, exjefe de riesgos; Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos; y José Manuel García Crespo, también del equipo legal. A ellos se sumarán el expolicía Antonio Bonilla, que llegó a la Audiencia con un casco de motorista para evitar ser fotografiado; y Javier Ayuso, exresponsable de Comunicación del BBVA hasta 2009 y experiodista de El País, que ha acudido en calidad de testigo.