La guerra de poder en El Corte Inglés llega al Tribunal Constitucional

La guerra de poder en El Corte Inglés, que en junio de 2018 condujo al cese de Dimas Gimeno como presidente y un año después a la designación de su prima Marta Álvarez, ha llegado al Tribunal Constitucional (TC). El salto en esta batalla, que hace más de dos años comenzó a dirimirse en varios juzgados, lo ha dado María Antonia Álvarez, madre de Dimas Gimeno y hermana de Isidoro Álvarez, el hombre que catapultó hasta la cima al grupo de distribución y lo convirtió en un auténtico emporio.

La madre de Gimeno ha recurrido en amparo ante el TC después de que la Audiencia de Madrid confirmase en abril el archivo de su denuncia contra dos de los consejeros con mayor anclaje en la empresa, a los que señalaba como autores de una confesión de "presuntos delitos" relacionados con la herencia de Isidoro Álvarez, fallecido en 2014.  La presentación del recurso no garantiza que el TC lo admita a trámite. A día de hoy, el tribunal no ha comunicado aún en qué punto se encuentra la tramitación del asunto.

¿En virtud de qué acude la hermana de Isidoro Álvarez al Constitucional? Con el argumento de que considera vulnerado su derecho constitucional a la tutela judicial activa "por indefensión". La clave que esgrime es que el archivo de la denuncia se produjo sin que se hubiera efectuado ninguna diligencia de prueba. Ni siquiera la que el mismo juez instructor que cerró el caso había ordenado previamente: la toma de declaración de la denunciante. El día fijado para su comparecencia, María Antonia Álvarez, entonces con 82 años, no acudió al juzgado. Remitió un justificante médico por enfermedad y esperó una nueva cita. No le llegó.

La madre de Dimas Gimeno había presentado su denuncia el 20 de julio de 2018, un mes después de que su hijo fuera destituido por ocho votos de los 10 del consejo de administración. Al texto, muy escueto y sin un relato de hechos definido, María Antonia Álvarez adjuntó dos audios en sendos pendrives que declaró haber recibido en su domicilio en sobre anónimo y en los que, según narraba la denuncia, se oye a los consejeros Florencio Lasaga y Carlos Anselmo Martínez Echavarría "confesando presuntos delitos y actuaciones ilegales sobre diferentes hechos pertenecientes a la herencia de D. Isidoro Álvarez Álvarez". infoLibre no ha podido acceder a esos audios.

Portavoces de El Corte Inglés declinaron este lunes pronunciarse sobre el nuevo eslabón en lo que ya constituye una larga cadena de acciones judiciales en el campo de la jurisdicción civil y mercantil que, según fuentes jurídicas, continúa pendiente de resolución final. Otras fuentes, en cambio, sostienen que Dimas Gimeno y su madre han perdido todos los casos. Al menos una de las demandas civiles seguía viva el 10 de octubre, fecha en que la Audiencia de Madrid dejó constancia de la presentación de un recurso.

Una herencia multimillonaria

Una vez presentada la denuncia y desvelada la identidad de los dos consejeros señalados por la hermana de Isidoro Álvarez, eldiario.es publicó en agosto de 2018 que ambos negaban la acusación y anunciaban acciones legales. Por lo que este periódico ha podido conocer ahora a través de fuentes de muy distinto tenor, ninguno de los dos acudió a los tribunales.

Ni la denuncia ni el recurso de amparo incorporan detalles sobre el contenido de los audios que María Antonia Álvarez conceptuaba como cruciales para sustentar su acusación: la de que en la herencia dejada por su hermano había asuntos delictivos por medio. Uno de los dos señalados por su denuncia, Carlos Martínez Echavarría, había sido el albacea del testamento de Isidoro Álvarez. Tras su muerte, elconfidencial.com publicó que solo las acciones de El Corte Inglés legadas a sus herederos ascendían a 1.500 millones.

El juez al que había correspondido el caso, el 41 de instrucción de Madrid, dictó el sobreseimiento provisional el 19 de diciembre de 2018. "De lo actuado –se lee en el único folio a una cara que conforma la resolución dictada por el magistrado Juan Carlos Peinado– no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa". El recurso de amparo coloca en primerísimo plano esa frase: "No puede entrar a valorar el Juez instructor “que de lo actuado” [no se justifica la perpetración del delito], cuando no se ha realizado ninguna actuación".

La denunciante impugnó el auto de arhivo, primero ante el propio juez de instrucción y luego ante la Audiencia Provincial. La Fiscalía se había declarado favorable a la reapertura y aunque un tanto farragoso, el escrito del ministerio público dejó claro el porqué de su posición: "Por entender que procede citar en calidad de testigo a la recurrente requiriéndola para que detalle los extremos de su denuncia inicial y aporte la documental relativa a las imputaciones realizadas".

Pero el 26 de abril de este año, la Audiencia de Madrid confirmó el cierre. En lo que quien ahora acude al TC en amparo considera un acto sorprendente, la Audiencia entró en el fondo del asunto. El tribunal madrileño dedicó el grueso de sus fundamentos jurídicos a subrayar que la grabación y difusión de una conversación de terceros es ilegal. La Audiencia no reservó ningún espacio a lo que la recurrente esgrime: que el juez no llegó a escucharla.

La presentación del recurso se inscribe en una compleja y se diría que cruenta guerra de familia dentro de una de las más poderosas empresas del país. La adopción de las hermanas Marta y Cristina por Isidoro Álvarez –adopción cuando eran mayores de edad y a las que se opone la madre de Dimas Gimeno– así como el referido y primordial reparto de la herencia tras su fallecimiento ya habían originado varias demandas de María Antonia Álvarez. 

Pero la discordia no giró nunca en torno a esos dos únicos puntos. En mayo de 2018, el consejo de administración ya dio el primer paso hacia la destitución de Dimas Gimeno como presidente, cargo que había asumido tras la muerte de su tío Isidoro. En la primavera de ese año y apoyadas en ejecutivos históricos de la compañía, las hijas de Isidoro Álvarez acusaban a su primo de hacer una mala gestión y de "deslealtad". 

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La desconfianza hacia Gimeno venía de más lejos. En octubre de 2017 y en una decisión inédita el consejo retiró los poderes ejecutivos a Gimeno y nombró a dos históricos de la casa, Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo consejeros delegados, el primero al cargo del área corporativa y el segundo, de los grandes almacenes. "Fue toda una declaración de guerra", esgrimieron en declaraciones a infoLibre fuentes próximas a Gimeno, que consideran la medida un ataque a la "voluntad de Isidoro Álvarez": "Él –dijeron los próximos a quien ya había iniciado un declive imparable– quiso que Dimas Gimeno fuera el presidente de El Corte Inglés".

Para las hermanas Marta y Cristina Álvarez, así como para quienes en aquel momento ya eran sus claros apoyos dentro de los grandes almacenes españoles por antonomasia, quien había sido "desleal" con Isidoro Álvarez era el sobrino Dimas Gimeno. Isidoro Álvarez –sostenían en aquel momento– "dejó claro en el testamento que quería que las acciones de IASA [Isidoro Álvarez SA] se mantuvieran unidas”, destacan. Por el contrario, Dimas Gimeno quiere disolver la sociedad patrimonial, dueña del 22,18% del capital de El Corte Inglés y segundo mayor accionista tras la Fundación El Corte Inglés, que posee el 37,39% y preside Florencio Lasaga. IASA se reparte, tal y como dejó escrito Isidoro Álvarez en su testamento, entre un 69% para ambas hermanas y un 31% para Dimas Gimeno, su madre, María Antonia Álvarez, y su tío César Álvarez. El objetivo de segregar las participaciones sería controlar de forma directa lo que ahora es un control indirecto de las acciones de El Corte Inglés. En total, Gimeno y su familia poseen el 7,2% del capital. Las hermanas, a través de IASA, el 15%.