La reforma del Estatuto vasco encara el debate político con profundas diferencias en torno al derecho a decidir

El Estatuto de Gernika afronta su primera renovación cuatro décadas después de recibir el visto bueno de la ciudadanía vasca en referéndum. Los expertos designados por los grupos políticos del Parlamento Vasco para la elaboración del borrador de texto articulado han registrado este lunes en la Cámara autonómica sus propuestas de reforma, paso previo al arranque del trabajo estrictamente político. Y lo han hecho divididos en tres bloques en los que, a su vez, también hay fricciones. El primero de ellos es el que integran los juristas del PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, que han consensuado un documento que ha generado discrepancias en temas como el derecho a decidir y un consenso general alrededor de la acción exterior o la actualización de los derechos sociales. La segunda propuesta presentada es la de EH Bildu, que aunque pactó con el PNV las bases de la reforma ha decidido ir por separado al considerar que la propuesta jeltzale se queda corta. El experto del PP, por su parte, ha presentado un tercer texto que, según ha señalado, es “perfectamente constitucional” e “incrementa el nivel competencial” del País Vasco.

La Ponencia de Autogobierno de la Cámara vasca acordó en julio de 2018 el documento Bases consensuadas para la actualización del Autogobierno, que contó con el respaldo firme de PNV y EH Bildu, el apoyo parcial de Elkarrekin Podemos y el rechazo del PSE-EE y el PP. Aquel documento recogía el derecho a decidir como la “capacidad de los vascos para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva”, establecía que “el pueblo vasco es una nación” y que “Euskal Herria es un pueblo con identidad propia” y contemplaba someter la reforma a una consulta “habilitante” antes de que el nuevo texto se tramitara en las Cortes. Sin embargo, el pacto alcanzado por jeltzales y abertzales está rotojeltzalesabertzales. Por ello, ambas formaciones han presentado propuestas diferentes, que todavía no se han hecho públicas, en el Parlamento Vasco. EH Bildu acusa al PNV de haber practicado un “juego de trileros” y de haber presentado una “chapucilla dentro de los límites de la Constitución” que “no tiene nada que ver con las bases y principios acordados”. Los segundos, por su parte, han criticado la posición “absolutamente maximalista” de Bildu.

La propuesta de PNV-PSE-Podemos

La primera propuesta que se ha puesto sobre la mesa es la consensuada por el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE. Existe un consenso general alrededor de cuestiones como la acción exterior o la actualización de los derechos sociales, que se incluiría en el Título Primero con referencias directas a la igualdad, a los migrantes, a la diversidad sexual o a la violencia machista. Pero los continuos votos particulares de los expertos jeltzale, morado y socialista evidencian importantes discrepancias. Así, por ejemplo, el documento establece en su séptimo artículo consensuado que la ciudadanía vasca corresponde “a todas las personas que tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios” de Euskadi. Sin embargo, el jurista del Partido Nacionalista Vasco, Mikel Legarda, ha pedido en un voto particular que se incluya un apartado en el que se “reconozca la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca, sin que ello pueda afectar a la igualdad del individuo y los grupos en que se integra, ni suponer factor de discriminación alguna”.

Otro punto de fricción se ha encontrado en el título preliminar. En concreto, donde se indica que “la ciudadanía de los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte integrante de Euskal Herria, en expresión de su identidad nacional y de su voluntad democrática, se constituye en Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto”. Legarda pide que se incluya el término “político” tras Estatuto. Alberto López Basaguren, el jurista designado por los socialistas vascos, plantea a través de votos particulares que se suprima la alusión a “como parte integrante de Euskal Herria” y que se cambie “identidad nacional” por “nacionalidad”. Sobre esto último, considera que hay que integrar “con naturalidad” el uso del término nación “por quienes lo consideren necesario”, aunque añade que solo es aceptable cuando hace referencia a “un sentimiento personal” vinculado a características “lingüísticas, culturales, religiosas o políticas” diferentes. Y recuerda que el término nacionalidad ya está en la Constitución “y no es objeto de controversia”.

Pero el mayor distanciamiento en la propuesta, que contiene siete títulos con 145 artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos transitorias, gira alrededor del derecho a decidir. Esta cuestión estará incluida en la adicional segunda. Pero de dos formas diferentes, aunque ambas rechazan la unilateralidad que ha caracterizado al procés en Cataluñaprocés. La del PNV establece que “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco” se exterioriza “a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”, mientras que la de Elkarrekin Podemos y la de su experta designada para el proceso, Arantxa Elizondo, recoge el “derecho de la ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado”. Sin embargo, los socialistas vascos han incluido un voto discrepante en el que rechazan esta disposición adicional segunda al considerar que “puede poner en riesgo el conjunto del consenso alcanzado”.

El PSE-EE ya advirtió el pasado sábado, a través de su portavoz parlamentario, de que no participará en “ningún texto” que incluya el “derecho a decidir, que es puro y duro derecho de autodeterminación, algo que no existe en ninguna Constitución”. De hecho, el escollo en este punto podría acabar tumbando la propuesta. Desde el PNV han avisado este lunes a los socialistas que esta cuestión se encuentra en el ADN su partido. Y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido a las formaciones políticas “altura de miras” para llevar la reforma a buen puerto y ha defendido que aunque sea un “principio democrático” que no está “normatizado estrictamente” es “posible” en “una interpretación flexible de los derechos históricos, respetados y amparados en la Constitución”. La formación morada, por su parte, ha intentado destensar las relaciones señalando que es posible “desbloquear la situación” con “diálogo” y recordando que “en muchos aspectos”, como las cuestiones sociales, “se va a conseguir un consenso amplio entre diferentes”.

Xabier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, explica que “no es una cuestión de ‘de acuerdo con el Estado’, sino que no está en la Constitución”. Por ello, ve “difícil que se pueda encajar”. En este sentido, recuerda la amplia doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. En concreto, pone el foco en la sentencia STC 42/2014, centrada en la resolución del Parlament por la que se aprobaba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y en la que se señalaba que aunque “el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento”, el intento de la “consecución efectiva” tiene que realizarse “en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”. Esa modificación, dice Arbos, afectaría al artículo 1 y al 2 de la Ley Fundamental. Una reforma que, por tocar el Título Preliminar, necesitaría el respaldo de dos tercios del Congreso, algo complicado.

Otra cosa sería, explica el catedrático de Derecho Constitucional, que por derecho a decidir se refieran a un “referéndum no vinculante, que naturalmente tiene que ser acordado con el Estado”. En este caso, señala Arbos, también existe una “gran polémica”. Por un lado, explica, está sobre la mesa la sentencia del Constitucional STC 103/2008 sobre la Ley del Parlamento Vasco de convocatoria y regulación de una consulta popular de autodeterminación. En este caso, el tribunal de garantías aseveró que como lo que se iba a preguntar a la ciudadanía chocaba con el artículo 2 de la Ley Fundamental, el relativo a la “indisoluble unidad de la Nación española”, sólo podía ser “objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional”. “Yo aquí discrepo y pienso igual que otros como Francisco Rubio Llorente [que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, fallecido en 2016]. Sin embargo, los que se muestran en contra tienen a su favor la jurisprudencia del TC”, sentencia el catedrático de la Universitat de Barcelona.

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Bildu se decanta por la vía unilateral

EH Bildu, por su parte, se ha plantado en el Parlamento Vasco con su propia propuesta de reforma del Estatuto de Gernika a pesar de que pactó con el PNV las bases sobre las que se tenía que sostener la modificación normativa. Así, el jurista propuesto por la formación abertzale, Iñigo Urrutia, ha remitido un escrito a la presidenta de la Ponencia de Autogobierno expresando su “total discrepancia” con el documento planteado por jeltzales, socialistas y morados, que asume “plenamente el marco autonómico” cuando debería haberse dado un salto hacia un modelo “confederal”. En concreto, Bildu discrepa de los otros tres partidos en aspectos como “la naturaleza jurídico-política del sujeto”, el “enfoque del principio de territorialidad”, en materia de “capacidades y competencias”, en la configuración del denominado “Concierto Político”, en el “sistema de resolución de conflictos competenciales”, en las “relaciones entre ordenamientos jurídicos” y en el derecho a decidir.

Sobre esta última cuestión, los fragmentos de la propuesta filtrados a los medios de comunicación no hacen ninguna referencia a acuerdos con el Estado. Así, la propuesta abertzale establece que las instituciones vascas “tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums en lo que corresponde tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado Español y otros espacios políticos europeos e internacionales”. Urrutia, además, ha deslizado en el texto remitido a la presidenta de la Ponencia que la reforma debería recibir el visto bueno de la Cámara autonómica y ser sometida luego a referéndum, dejando la negociación con el Estado para después de la consulta. El actual Estatuto recoge que la modificación debe ser aprobada en el Parlamento Vasco por mayoría absoluta, que requiere la aprobación de las Cortes mediante Ley Orgánica y que “finalmente precisará la aprobación de los electores mediante referéndum”.