Las obligaciones que la disciplina fiscal de Bruselas impondrá al Gobierno de Sánchez e Iglesias

El preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos compromete al futuro Gobierno a impulsar “políticas sociales y nuevos derechos” pero “con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”. También reconoce como “esenciales” “la evaluación y el control del gasto público” para sostener un “Estado del bienestar sólido y duradero”. Y a recalcar su voluntad de cumplir con las exigencias del Pacto de Estabilidad se han dedicado estos últimos días tanto Pedro Sánchez como Nadia Calviño en todos los foros a los que han acudido, ante los temores empresariales y europeos a que la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo pueda arrastrar los próximos Presupuestos por la senda del gasto.

En el Foro de Gobernanza Digital de Berlín, la ministra de Economía en funciones dejó claro que “la responsabilidad fiscal, la reducción lo más rápido posible del déficit y la deuda”, combinadas con la responsabilidad social, serán las guías maestras del futuro Gobierno. Además, precisó que destinará “todo el margen” que sea posible a bajar la deuda pública, “uno de los desequilibrios más importantes” de la economía nacional.

Más taxativo aún había sido sólo unos días antes Pedro Sánchez. “Quiero subrayar que la estabilidad presupuestaria, en definitiva, nuestro compromiso con la disciplina fiscal y, por tanto, los objetivos de estabilidad acordados con la Unión Europea, formará parte de los ejes vectores del nuevo Ejecutivo”, aseguró el presidente del Gobierno en funciones en el VI Congreso de las Empresas Familiares Europeas”. “¿Apostamos decididamente por el equilibrio presupuestario?”, se preguntó retóricamente después. “Sin duda alguna”, contestó detallando a continuación que el futuro Gobierno reducirá la deuda pública hasta el 97,6% del PIB y recortará el déficit público al 2% del PIB en lo que queda de año y al 1,7% en 2020.

Ese mismo 20 de noviembre, Bruselas advertía a España, no obstante, de que con las cuentas prorrogadas que acababa de enviar a la Comisión Europea corría el riesgo de incumplir las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: una desviación del gasto público del 1,2%, del déficit estructural en otro 0,8% y una deuda pública que no bajará del 96,6% de PIBdel déficit estructural en otro 0,8%. De ahí que exigiera al nuevo Gobierno ajustes por importe de 9.600 millones de euros.

Además, este miércoles el Eurogrupo apremió a España para que mande “cuanto antes” un proyecto de Presupuestos para 2020 actualizado, que sustituya a la prórroga de las cuentas enviada a mediados de octubre. Ese documento incluía la revalorización de las pensiones según el IPC y la subida de salarios de los funcionarios, pero no alzas de impuestos o nuevas partidas de gasto social.

Un 1,2% más de gasto público

Cómo conjugar las invocaciones a la responsabilidad fiscal con los compromisos sociales que un posible Gobierno de izquierdas quiere lucir como seña de identidad va a ser, por tanto, el primer desafío del nuevo Ejecutivo. “A mayor compromiso social, una gestión económica más pulcra y también más rigurosa para hacerlo posible”, prometió Pedro Sánchez ante las empresas familiares europeas.

Bruselas ha recomendado a España un aumento del gasto público que no supere el 0,9% del PIB pero, según los cálculos de la Comisión, la desviación excederá el 1,2%, dos décimas por encima de lo presupuestado por el Gobierno antes de las elecciones del 10 de noviembre y del acuerdo con Unidas Podemos. Además, la UE le reclama “medidas compensatorias” que sustituyan al factor de sostenibilidad –cuya aplicación ha quedado aplazada a 2023– y al 0,25% de revaloración de las pensiones –desde 2018 vinculadas de nuevo a la inflación–, dos medidas de la reforma de 2013 que según Bruselas contribuyeron a la sostenibilidad del sistema de prestaciones públicas. Sólo la partida para subir las pensiones asciende a 1.404 millones de euros. El acuerdo de gobierno incorpora el “blindaje” de las pensiones, combinando la “sostenibilidad” del sistema con la “revalorización de las prestaciones conforme al coste de la vida”. La subida de los salarios de los funcionarios supone al menos 3.264 millones de euros más.

'Tasa Google', impuestos a las rentas más altas

De forma que, además de la “gestión económica más pulcra y rigurosa” que promete Sánchez, el Gobierno debería aumentar la partida de los ingresos si quiere gastar más y ajustarse el corsé de Bruselas al mismo tiempo. El preacuerdo PSOE-Unidas Podemos promete, en el mismo punto donde ambas fuerzas se emplazan a cumplir con sus deberes fiscales, una “reforma fiscal justa y progresiva” que acerque España a Europa y “elimine privilegios fiscales”.

Así, el PSOE mantiene su intención de aplicar la tasa Google, el impuesto a las grandes tecnológicas con el que pretendía recaudar unos 1.200 millones de euros. En el tintero se ha quedado, por el contrario, el impuesto sobre las transacciones financieras, que debería aumentar los ingresos del fisco en 850 millones de euros. Y está por ver cómo se traduce la reforma fiscal “progresiva” en las subidas del impuesto sobre sociedades o del IRPF para las rentas más altas reclamadas por Unidas Podemos pero eliminadas en el programa del PSOE a las últimas elecciones.

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Otro tanto puede decirse de los ingresos de la Seguridad Social. La recaudación de cotizaciones sociales ha crecido un 8%, 2,5 puntos más que en 2018, según presumió este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. De hecho, dijo, la subida triplica el alza del empleo. El aumento de los salarios y del salario mínimo explican estos mejores ingresos, que se ven amenazados no obstante por la desaceleración del empleo. En cualquier caso, a estas alturas del año el déficit de la Seguridad Social roza los 5.000 millones de euros, un 0,4% del PIB. Y este año el Gobierno deberá echar mano de nuevo a la hucha de las pensiones para abonar la extra de navidad: 2.900 millones de euros.

Pero Bruselas no sólo pide al futuro Gobierno un ajuste de 9.600 millones de euros, sino también que dedique todos sus recursos extra –provengan de nuevos ingresos o de menores gastos, incluido el ahorro en intereses por los bajos tipos– a recortar la deuda. Lo que reduce el margen para sufragar los compromisos sociales pactados. Pedro Sánchez se comprometió ante los empresarios familiares a dejar la deuda pública en un 97,6% del PIB, pero la Comisión Europea le exige un punto más, después de un quinquenio en que casi ni se ha movido.

Mientras los líderes de Unidas Podemos no han entrado a explicar cómo se cuadrará el círculo de sus reivindicaciones sociales con las exigencias europeas de disciplina fiscal, Pedro Sánchez insiste en que gestionará las “prioridades sociales muy marcadas” del Gobierno que promete siempre dentro de “los márgenes financieros que permite la realidad económica”.