El difícil camino para ejecutar la sentencia que anula la venta de viviendas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre

La Comunidad de Madrid sufre un duro revés en los tribunales. Y con ella, el fondo buitre Goldman Sachs-Azora. El Supremo, en un auto emitido este jueves, confirmó la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (el antiguo IVIMA) a la sociedad en el año 2013. No obstante, no es el primer tribunal que considera que la operación que llevó a cabo el Gobierno autonómico presidido por Ignacio González (PP)  es ilegal. Ni el segundo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 29 de Madrid lo hizo primero y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo hizo después. Por eso, el Ejecutivo regional y Goldman Sachs-Azora acudieron al alto tribunal para intentar que diera marcha atrás y dictaminara que la venta se hizo correctamente. Pero este inadmitió sus recursos. Se abre, de este modo, un camino de "esperanza absoluta" para los afectados, tal y como celebra Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) que ha seguido el periplo judicial hasta esta victoria. No obstante, lamenta que la ejecución de la sentencia no será "nada fácil". 

Según Jacinto, la decisión del Supremo anula la venta de todas las viviendas, de las 2.935. Fuentes de la Comunidad, por su parte, dicen en declaraciones a infoLibre que "la anulación, de producirse de manera definitiva, y con sentencia firme, sólo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes, de forma que no es posible que dicha anulación afecte a terceros ocupantes de las casi 3.000 viviendas".

Todo comenzó en el año 2013. El IVIMA, dependiente de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Ignacio González, decidió vender 2.935 viviendas públicas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora, que pagó por ellas 201 millones de euros. Pero cuando se produjo la operación, las viviendas ya tenían inquilinos. Según explica Jacinto, algunos estaban en régimen de arrendamiento y otros en régimen de arrendamiento con opción a compra. Ninguno de ellos se enteró de que sus pisos cambiaban de manos hasta que ya lo habían hecho. "La única notificación que tuvieron fue por una carta que envió el fondo de inversión comunicando que las viviendas habían pasado a ser suyas y que, por tanto, pasaban a ser su casero", dice la abogada. 

Y como ocurrió así, los inquilinos no tuvieron, en ningún caso, posibilidad de recurrir la decisión de vender las viviendas. "Pero habría cabido un recurso", explica Jacinto. Así que se interpusieron después. Por un lado lo hizo Rachid Bouikoi con el abogado César Pinto; por otro, el equipo de Jacinto. "Interpusimos varios recursos con cuatro promociones: Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Parla y Leganés", explica. "Ahí agrupamos a varios afectados", añade. Y así comenzó el "periplo" judicial que, a pesar de la decisión de este jueves, todavía no está cerrado del todo. 

Una sentencia "nada fácil de ejecutar"

No lo está porque, según confirmaron fuentes de la Comunidad de Madrid a infoLibre, la Abogacía del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso "está valorando el auto, contra el que cabe la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". Algo que, a juicio de Jacinto, es "muy torticero" y busca, únicamente, dilatar la resolución final del asunto. Ella duda, además, sobre si el Ejecutivo puede acudir al tribunal de garantías, que sólo interviene cuando hay "derechos fundamentales afectados". No obstante, en caso de que el caso llegara al Constitucional, Jacinto opina que sería un recurso con muy poco recorrido y que, nuevamente, les daría la razón. 

Además, según informan desde la Comunidad y según recordó la propia PAVPS a través de un comunicado emitido este mismo lunes, todavía queda un recurso planteado por el Gobierno madrileño y por Azora ante la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "No obstante", añadió la organización, "la esperanza es cada vez mayor y la victoria para cientos de familias y para la defensa de la vivienda pública y social está más cerca que nunca". 

Porque en cualquier caso, y tal y como explica Jacinto, la sentencia se puede ejecutar. No influye, dice, si la Comunidad decide recurrir. "Cuando nosotros recurrimos un desahucio, el desahucio se ejecuta igual", compara. Pero hacerlo "no va a ser nada fácil", lamenta. 

Por varios motivos. El primero porque se debe "deshacer esa venta para que las viviendas vuelvan a ser propiedad de la Comunidad de Madrid". Y el segundo porque hay algunas de esas viviendas —"desconocemos el número exacto", reconoce Jacinto— que fueron "vendidas a terceros de buena fe". Lo hizo el fondo a través de Encasa Cibeles, "la marca comercial" que usó Azora para gestionar los inmuebles en España. "Esos terceros que hayan comprado las viviendas están protegidos. No sabían que quien les vendió la casa no podía haberlo hecho", explica Jacinto, que afirma que habrá que determinar cuántas personas se encuentran en esta situación. 

Desahucios y una posible responsabilidad patrimonial

Según explica Jacinto, los inquilinos de las viviendas han pasado estos siete años de batalla judicial de maneras muy diferentes. Ha habido algunas personas, "la minoría, desgraciadamente", que han continuado viviendo allí a pesar "de los procedimientos de desahucio emprendidos por Encasa Cibeles". Y es que cuando se ejecutó la venta, recuerda Jacinto, el fondo subió los precios del alquiler, haciendo que muchas personas no pudieran pagar. "Algunas continuaron pagando el mismo importe que al IVIMA porque consideraban que era lo justo", asegura. A otras, en cambio, las expulsaron de sus casas por "expiración del contrato" de arrendamiento. 

Muchas personas, por tanto, fueron desahuciadas. Otras se marcharon voluntariamente tras soportar amenazas de ser desalojadas.

Por eso Jacinto afirma que los abogados defensores de los inquilinos afectados por la operación declarada nula por el Supremo estudiarán "la vía de la posible responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid". 

El largo camino hasta el Supremo

El camino hasta llegar a la nulidad del Supremo no ha sido corto. Ni siempre ha dado la razón a los inquilinos. Los primeros recursos presentados por ellos, que fueron a los juzgados de lo contencioso administrativo, fueron inadmitidos. "Se consideró que los inquilinos no tenían legitimación para interponer recursos porque no eran perjudicados por la venta", explica Jacinto. Así que fueron al Supremo que, ya adelantando la decisión de este jueves, decidió instar a los juzgados de lo contencioso a valorar la cuestión de fondo porque, según recuerda Jacinto, interpretó que no era lo mismo que la propiedad de las viviendas perteneciera a una entidad pública que a un fondo buitre y sentenció, por tanto, que los inquilinos sí eran parte afectada de la operación.

Y una vez analizado el fondo de la cuestión, ganaron los inquilinos. "El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 29 de Madrid declaró que la venta tenía que ser anulada porque no se ajustaba a Derecho", explica la abogada. El IVIMA, argumentó el tribunal, no había justificado de manera adecuada el argumento en el que sustanció la venta, que era la innecesariedad de la propiedad de esos pisos. 

Entonces, la Comunidad y Azora recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Vino a confirmar lo que ya había dicho el contencioso: que había que anular la venta global de las viviendas porque estaba injustificada la innecesariedad" argumentada, dice Jacinto. Además, estimó que la venta fue "irregular" y quebró "la protección social" de las personas que vivían en ellas. 

Y entonces acudieron al Supremo, que emitió su decisión este jueves. Y dijo lo mismo. En el auto se argumenta que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo "no se ha justificado debidamente" que esas viviendas concretas vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA". 

Azora insta ante notario al Gobierno de Ayuso a que recupere 1.721 de las casi 3.000 viviendas que le vendió la Comunidad

Ver más

El Ayuntamiento y Blackstone

La operación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid fue similar a la que realizó el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba en manos de la conservadora Ana Botella. Vendió 1.860 viviendas públicas pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS)al fondo buitre Blackstone. El Gobierno municipal se embolsó 128,5 millones de euros contando también con los garajes y trasteros que entraron dentro de la operación. 

La operación fue tan cuestionada y levantó tanta indignación que el posterior Ejecutivo municipal de Manuela Carmena y los inquilinos afectados llevaron la venta a los tribunales. Y el pasado mes de diciembre el Tribunal de Cuentas condenó al máximo responsable de la empresa pública, a Botella y a sus concejales al pago de 25 millones por el daño causado a las arcas públicas. Pero el Tribunal de Cuentas decidió finalmente absolver a la exalcaldesa y a los demás implicados.