La Justicia de Hong Kong, el otro campo de batalla de las protestas de Pekín

Este 20 de noviembre, el banquillo de los acusados resultaba demasiado pequeño. Los bancos habían sido desplazados con torpeza para permitir la entrada de los 20 acusados. Ese día, permanecerían de pie, alineados en dos filas, durante toda la audiencia en el West West Kowloon. El más joven tiene 16 años; la gran mayoría es menor de 26 años y reside en viviendas sociales.

Muchos son estudiantes, aunque también hay camareros, técnicos, diseñadores o enfermeras. ¿Su error? “Haber participado en un motín el 18 de noviembre, en Nathan Road, cerca del cruce con Waterloo Road, en Yau Ma Tei”, en la península de Kowloon, según la acusación.

Algunos escaparon de la Universidad Politécnica asediada, otros estaban en la calle para distraer la atención y permitir que sus compañeros escaparan del campus. Un total de 242 acusados debieron comparecer de forma inmediata el mismo día que habían sido detenidos. Fue necesario abrir siete salas en seis tribunales del territorio semiautónomo para darles cabidas. Este es el primer juicio de una magnitud semejante desde el inicio de la protesta masiva el 9 de junio. Programada para las 14.00, la audiencia no comenzará hasta las 21.00.

Mientras tanto, cientos de jóvenes manifestantes, con máscaras negras en la nariz, esperan sentados en el suelo. Para la treintena de abogados implicados, se trata de “la maratón”. Esperan horas antes de ver a sus clientes, “a veces sólo nos reunimos con ellos unos minutos antes de la audiencia”, confiesa una joven abogada y algunos detalles se susurran al principio de la audiencia apresuradamente con los acusados o sus familias.

“Estamos desde el amanecer hasta el anochecer”, resume Lawrence Lau, abogado defensor de dos jóvenes. “El juez no entrará en detalles hoy, hay demasiados casos”. Pedirá 5.000 HKD (575 euros) de fianza, impondrá el toque de queda nocturno diario, la prohibición de salir de Hong Kong y de frecuentar la zona de detención. 60 acusados aún no han comparecido. La audiencia terminará por la noche.

Desde junio, según las autoridades, casi 5.900 personas han sido detenidas. De ellos, 3.921 tienen menos de 26 años y 900 son menores de edad. Las primeras condenas ya se han pronunciado. Un adolescente era condenado, el 25 de noviembre, a pasar tres meses en un reformatorio por “llevar un arma ofensiva”, en este caso un bolígrafo láser. Hasta la fecha, 870 personas han sido procesadas, incluyendo 508 por “disturbios”. Apenas unas pocas docenas están detenidas a la espera de juicio. Todos se mostraron contrarios a un proyecto de ley dado a conocer en primavera y que permitiría las extradiciones a China. El texto, que ha sido retirado, habría permitido juicios ante los tribunales chinos, que se consideran opacos y politizados, y en el extremo opuesto del sistema de Hong Kong. Este último, independiente y heredado de la época colonial, constituye la base del Estado de derecho en el que también se sustentan la separación de poderes y la igualdad ante la ley, principios fundamentales actualmente amenazados en Hong Kong, según la oposición.

Marc, uno de los acusados liberado después de la audiencia del 20 de noviembre, asegura que mantendrá un perfil bajo. “Dejaré de manifestarme hasta la próxima audiencia”, programada para el 11 de marzo. “Tengo demasiado miedo de que me arresten de nuevo”, dice el estudiante. De los “raptors” (unidad policial de élite) que lo capturaron, afirma: “Me amenazaron con sus armas, me insultaron, me llamaron cucaracha. Nos prohibieron pedir ayuda a riesgo de ser golpeados. Cuando pedí poder cambiar de postura porque me dolían las heridas del pie, los oficiales de policía me pisaron con una fuerza terrible”.

En la comisaría de Policía, sabe que tiene derecho a guardar silencio. Abogados voluntarios, desbordados, asesoran a los manifestantes, algunos de los cuales salen a protestar con el número de un letrado escrito en sus brazos y cubierto con esparadrapo para que la tinta no se diluya cuando se utilizan los cañones de agua.

Marc pasó horas esperando, negándose categóricamente a dar su código telefónico, por lo que se vio increpado “con rabia”. Entonces “me sacaron una foto con una máscara, pese a que no la llevaba puesta en el momento de la detención y un policía me gritó: ‘¡Deja, j…, de hacerme perder el tiempo!”. Muchos policías me rodearon y ya no pude resistir la presión, cedí. Seguí órdenes y presté declaración”.

Estas confesiones forzadas, que son contrarias a la ley, no son infrecuentes desde junio y han obstaculizado el buen funcionamiento del proceso judicial desde el principio”, apunta Esmond Wong, abogado voluntario de unos diez acusados arrestados durante la redada del 18 de noviembre y también miembro del grupo de abogados progresistas que defiende el Estado de derecho y los derechos humanos. “Los abogados han estado teniendo muchas dificultades desde junio, porque nos lleva mucho tiempo localizar a nuestros clientes. Si tenemos suerte, la persona arrestada en el lugar puede escuchar a qué comisaría de policía van a llevarla y gritarle a la multitud, al mismo tiempo, su nombre. Pero es bastante raro. La mayor parte del tiempo, tenemos que viajar mucho, tenemos que llamar a las puertas de las comisarías de Policía para averiguar si los detenidos están allí”, cuenta.

La detención policial debe durar un máximo de 48 horas en locales no aptos para detenciones masivas, a menudo con sólo dos o tres salas para interrogatorios. Antes de las elecciones del 24 de noviembre, la Policía les detuvo con acusaciones a veces tan “ridículas” y con “pruebas tan débiles” que “dejaron en libertad a los manifestantes durante la detención policial, porque nadie en la comisaría de Policía podía convencerse de que una acusación era válida”, cuenta Esmond Wong.

Los fiscales se han dirigido repetidamente al Ministerio de Justicia para pedir que se respeten los derechos que deben regir una acusación y que se recuerde a la Policía los conceptos de “fiabilidad y honestidad”. Además de pedir una investigación independiente sobre la violencia policial y las reformas electorales, los manifestantes piden que se retire el cargo de “motín”, que puede significar diez años de prisión. Dichas acusaciones se remontan a los disturbios de 1967 y, desde entonces, se ha utilizado en raras ocasiones. Hasta el pasado mes de junio... Los observadores critican una acusación vaga que permite a las autoridades asustar a la población. “Utilizan nuestro sistema judicial para hacer cumplir su propia agenda y el tribunal no puede hacer nada al respecto”, prosigue Esmond Wong.

“La Policía marca el camino y marca el ritmo”, subraya Lawrence Lau. Según él, “el mensaje enviado a la sociedad es claro: estos jóvenes manifestantes sirven de ejemplo. En esencia, que sepáis que seguimos vuestros pasos, también sufriréis un largo período de ansiedad. Es probable que al final seáis absueltos, pero mientras tanto, sufriréis”.

En una sentencia reciente queda recogido que el proceso judicial suele ser lento. El 26 de noviembre, la activista Amy Pant fue condenada a 46 meses de prisión por arrancar adoquines del suelo durante la revolución de las albóndigas de pescado, en febrero de 2016.

Hoy, “ante el gran número de acusados, la Policía tardará mucho más tiempo en recabar pruebas (si las hay), a menos que cuenten con más recursos humanos y más poder. También les llevará mucho tiempo a los jueces hacer su trabajo, probablemente años y sin duda pedirán varios aplazamientos de audiencias para hacerlo”, apunta el abogado Lawrence Lau.

Durante este tiempo, cientos de jóvenes permanecerán sometidos al toque de queda. Y a la intimidación. Para evitar este destino, decenas de manifestantes atrincherados en la Universidad Politécnica se negaron a marcharse durante más de una semana, prefiriendo permanecer en el campus fantasma y finalmente escapar. Uno de ellos explicó su obstinación por el “miedo” y el hecho de que “las autoridades nos mienten. No confío en la Policía ni en el Poder Judicial”.

A lo largo de las semanas, la violencia ha aumentado en uno y otro bando. “Hace tiempo que comprendí que si me detenían, no evitaría los malos tratos. Sabía que me iba a pasar a mí”, dice Kelvin, que todavía era menor de edad el día de su arresto, el 2 de noviembre, cuando fue golpeado en una camioneta sin luces y luego hospitalizado mientras estaba bajo custodia policial. Su preocupación es que “los jueces estén del lado del Gobierno y de las autoridades chinas”. Asegura que seguirá manifestándose pero “no tan en primera fila” antes del juicio.

Varios casos en las últimas semanas han puesto de manifiesto una aplicación selectiva de la ley, según los opositores. Uno de los ejemplos más convincentes es el de un agente de Policía que disparó a quemarropa el 11 de noviembre en el abdomen de un manifestante desarmado que se le acercaba. Ingresado en un hospital, en estado crítico, el adolescente fue arrestado unos días más tarde, en su cama de cuidados intensivos y acusado de “reunión ilegal”. No se tomaron medidas disciplinarias contra el policía.

La posición de Pekín es clara: “La tarea más importante para Hong Kong en este momento es detener la violencia y restaurar el orden”, dijo Han Zheng, primer vicepremier de China, a principios de noviembre. “Es responsabilidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial”, que deben cooperar en este sentido. Desde 2014, el Gobierno central ha recordado sistemáticamente lo que había escrito en un libro blanco: “Ejerce el poder de la gobernanza mundial sobre Hong Kong”. Ha hecho varios intentos de desestabilizar las instituciones jurídicas, interpretando la Basic Law (el texto que hace las veces de mini-constitución para el territorio semiautónomo desde el traspaso en 1997).

El Parlamento chino es la única autoridad que puede pronunciarse sobre la Basic Law, repitió el 19 de noviembre uno de sus portavoces, criticando una decisión del Tribunal Superior de la Región Administrativa Especial que declaró inconstitucional la prohibición del uso de máscaras por parte de los manifestantes decidida por el gobierno local. Varias asociaciones de abogados denunciaron de inmediato el ataque que supone a la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, reconocidos ambos por el principio de “un país, dos sistemas”, que es fundamental para la prosperidad y la sostenibilidad a largo plazo del centro financiero internacional.

En este contexto se están celebrando los primeros juicios contra manifestantes en 2019. Para Esmond Wong, “la Justicia debería desempeñar su papel” a pesar de la amenaza de Pekín y el riesgo de que el Gobierno central imponga leyes que no han sido previamente sometidas al Parlamento local. Lawrence Lau se muestra más confiado: “La Justicia sigue siendo el pilar de nuestro sistema”. ___________

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Traducción: Mariola Moreno

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