Consejo de Ministros
El Gobierno subirá las pensiones un 0,9% tras la investidura y deja el alza del salario mínimo en manos del Diálogo Social
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley de medidas urgentes de carácter tributario, catastral y de Seguridad Social en el que el Gobierno se compromete a subir las pensiones un 0,9% una vez se haya formado el Ejecutivo. El alza se corresponde con el aumento del IPC este año.
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras celebrarse el último Consejo de Ministros del año, donde ha resaltado también que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se elevará conforme a lo que acuerden sindicatos y patronal en el Diálogo Social cuando se forme Gobierno. En concreto, sobre las pensiones, Celaá ha explicado que se hará una única revalorización del 0,9% "en el momento preciso" y no dos, una del 0,25%, y otra con el 0,65% restante por el gasto que supone no sólo de coste, sino también de infraestructura logística de la liquidación, informa Europa Press. El Ejecutivo ha tenido que recurrir al instrumento legal del real decreto-ley al encontrarse en funciones y no haber podido tramitar las medidas por el cauce parlamentario ordinario, según ha explicado la portavoz.
Además, el Gobierno ha aprobado la prórroga de la cláusula de salvaguarda que permite a 26.000 trabajadores que fueron despedidos antes de agosto de 2011 jubilarse con las condiciones previas a la reforma de las pensiones que se aprobó ese año.
El real decreto-ley incluye también asuntos en materia fiscal, como la prórroga para 2020 de los límites de facturación en la tributación por módulos en el IRPF de los autónomos, la prórroga del Impuesto de Patrimonio y la actualización –al alza o a la baja– de los valores catastrales mediante aplicación de coeficientes. En concreto, prorroga para 2020, por quinto año consecutivo, los límites de facturación delimitada en la tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Medida bienvenida por los autónomos
Así, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros. Si no se hubiera aprobado este real decreto-ley, los límites anteriores quedarían establecidos en 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente. Además, los autónomos que adquieran bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán mantenerse en el sistema de módulos. Estaba previsto que este límite se redujera a 150.000 euros en 2019.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha celebrado inmediatamente que el Consejo de Ministros haya aprobado esta prórroga, porque ayudará a 396.000 autónomos a permanecer en este tipo de tributación fiscal, asegura. ATA recuerda que, de los 3,2 millones de autónomos que hay en España, 1,5 millones lo hacen mediante la estimación directa, más de 396.000 por el sistema de módulos y el resto como sociedades. "Mantener también para 2020 los límites actuales permitirá a muchos autónomos seguir con sus actividades, que de otra manera se verían abocados a echar el cierre", ha valorado el presidente de la ATA, Lorenzo Amor.
A juicio de ATA, el sistema de módulos es "ágil y sencillo" y está especialmente diseñado para aquellos autónomos con ingresos más bajos, ya que por un criterio objetivo se fija una cuota fiscal, lo que permite al trabajador por cuenta propia "despreocuparse" de llevar una contabilidad.
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Impuesto sobre el Patrimonio
El Gobierno ha aprobado también la prórroga para el ejercicio 2020 del Impuesto sobre Patrimonio para el ejercicio 2020, trámite necesario para que no decaiga el tributo, cuya recaudación supera los 1.100 millones de euros.
Además, el real decreto-ley recoge la actualización de los valores catastrales mediante aplicación de coeficientes, cumpliendo lo establecido en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Esta medida se aprueba como consecuencia de la prórroga presupuestaria, por lo que Celáa ha explicado que resulta necesario que los coeficientes se actualicen antes del 31 de diciembre de 2019 mediante decreto, tal y como ha venido sucediendo en los tres últimos ejercicios. El decreto concretará los municipios que han solicitado actualizarlos para poder subir –la mayoría– o bajar el IBI.