"Trampas" y mejoras de la directiva europea sobre demandas colectivas

Este viernes se abre una de las etapas clave a la hora de impulsar la directiva que legislará sobre las demandas colectivas en los países europeos. La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo comienzan un diálogo a tres bandas –los conocidos como tríalogos– para ultimar los detalles de la propuesta, que nació hace cerca de dos años. Su objetivo principal tiene que ver con mejorar el acceso a la justicia por parte de grupos numerosos de ciudadanos afectados por un mismo escándalo. Un paso que, a priori, resulta positivo para los ciudadanos pero que a juicio de la plataforma Xnet encierra algunas "trampas".

En abril de 2018, la Comisión Europea confeccionó y planteó una directiva relativa a las "acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores". La propuesta, presentada como parte del proyecto New Deal for Consumers –Nuevo Marco para los Consumidores–, tenía por objeto implantar, perfeccionar y desarrollar las acciones de representación conjuntas para los ciudadanos de la Unión Europea. El planteamiento inicial se valía de un informe, elaborado meses antes por la propia Comisión, donde se detallaba que tan sólo diecinueve países miembros contaban con recursos colectivos de indemnización y donde se advertía de las diferencias en su funcionamiento.

La propuesta comenzó a superar aquel año las primeras barreras. Enseguida emitieron sus posicionamientos el Comité Económico y Social Europeo, además del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Ya en marzo de 2019, el Parlamento Europeo desgranó su posición después de una primera lectura y en diciembre la propuesta aterrizó en el Consejo Europeo, que alcanzó un "acuerdo de compromiso" de cara al desarrollo de un proyecto. Este miércoles, la Comisión de Asuntos Jurídicos confirmó la posición negociadora del Parlamento Europeo.

Uno de los motivos más sólidos que empujaron a la Comisión Europea a sugerir el cambio de modelo tiene que ver con el escándalo del conocido como DieselgateDieselgate, un ejemplo de la imposibilidad para los afectados de ejecutar acciones colectivas en gran parte de los países miembros. Para evitar escenarios similares, la directiva abre la puerta a la acción colectiva, que limita a entidades muy concretas que deben cumplir con unos mínimos básicos, como las organizaciones de consumidores u otros organismos independientes. Entre las condiciones trazadas, se encuentra la ausencia de fines lucrativos o de acuerdos financieros con despachos de abogados.

Xnet recuerda que "ésta es una directiva de mínima transposición", de manera que aquellos países que ya cuenten con sistemas de acción colectiva "preservarán sus sistemas existentes a nivel nacional, los cuales coexistirán con un nuevo régimen común" al resto de países europeos. Pero ese régimen común, ese punto de partida, no resulta del todo satisfactorio. La propuesta "podría haber sido una gran oportunidad para atajar los vacíos de la multitud de sistemas colectivos nacionales existentes", sostiene la plataforma, "a la vez que extender la acción colectiva al resto de las jurisdicciones europeas que aún no cuenten con los mismos". No ha sido así.

Es cierto que la directiva "armoniza el derecho de los consumidores" y es una "buena noticia porque legisla" respecto a un problema palpable, pero "la izquierda no ha sabido ver la trampa" que habita en "los muchos matices". Así lo interpreta Simona Levi, fundadora de Xnet, en conversación con infoLibre.

La plataforma carga contra lo que entiende como "una limitación injustificada" del acceso a la representación colectiva por parte de la sociedad civil, cuya iniciativa se verá completamente supeditada a las clásicas asociaciones de consumidores. Es el modelo español y no es el ideal, reflexiona la portavoz de la organización. Por el contrario, la activista cree importante la coexistencia entre estas plataformas tradicionales y otras "ciudadanas ad-hoc de carácter temporal" que tengan como único objetivo la acción colectiva y cuya actividad cese tras el cierre del caso.

Otro de los puntos débiles de la directiva tiene que ver, en su opinión, con haber dejado al margen "la colaboración entre entidades" de diferentes países o incluso "la legitimación para actuar" fuera de las propias fronteras nacionales. Levi echa en falta una mayor libertad de movimiento, para que cada plataforma pueda acoger afectados de países vecinos, o conglomerar a los perjudicados por "abusos transnacionales" para que "puedan unirse" con el propósito de litigar de manera conjunta.

Finalmente, uno de los grandes ausentes del acuerdo es el refuerzo material y humano. "Una justicia lenta, no es justicia", destaca la organización, que plantea un límite temporal máximo para la resolución de los casos, con el fin de blindar "la tutela judicial efectiva".

En definitiva, lamenta Levi, "hay muchos aspectos positivos pero cierra la puerta para siempre a la autoorganización de los afectados por abusos sistémicos". Es importante, a su juicio, que los consumidores "puedan reagruparte ad-hoc, no de forma permanente constituyéndose en plataformas de consumidores".

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Margen de actuación

Pero aún hay posibilidades de mejora. Simona Levi recuerda que los grupos parlamentarios todavía tienen margen de actuación para negociar la forma final que adoptará la legislación. Si bien las negociaciones entre los tres organismos europeos comienzan este viernes, el proceso hasta consolidar la directiva se prevé largo.

Por el momento, Xnet ha tratado de contactar con los diferentes grupos del bloque de la izquierda, pero todavía no ha obtenido respuesta. Con el inicio de la nueva etapa de negociación a tres bandas, la portavoz de la plataforma recuerda que "todavía estamos a tiempo" y pide que el nuevo marco legislativo no se convierta en "una oportunidad perdida".