Los activistas celebran los compromisos en bienestar animal del nuevo Gobierno

Las organizaciones en defensa de los animales miran con expectativas al nuevo Gobierno. Creen que la recién estrenada legislatura puede marcar un precedente en la lucha contra el maltrato animal y que la batalla que los activistas llevan décadas librando en las calles puede tener un impacto real en las instituciones. La Vicepresidencia Segunda, timoneada por Pablo Iglesias, acaba de anunciar la creación de una Dirección General de Protección Animal que, entre otras cuestiones, tendrá como prioridad una ley de bienestar animal. "Gandhi decía que la grandeza de una nación se mide por el trato que da a los animales. España debe ser referencia de grandeza en ese sentido", exclamó este miércoles el vicepresidente segundo.

"Era una demanda antigua por parte de todo el movimiento de protección animal", recuerda Alberto Díez, director de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA). En conversación con infoLibre, el animalista explica que la petición nace de una circunstancia particular: la protección animal está actualmente recogida en diferentes entidades administrativas. Las competencias en materia de animales de granja, por ejemplo, las gestiona el Ministerio de Agricultura, mientras que todo aquello relacionado con los zoológicos recae sobre el Ministerio de Transición Ecológica. La experimentación con animales de laboratorio, por otro lado, sería abordada por el Ministerio de Ciencia; todo lo vinculado al Código Penal entraría en el Ministerio de Justicia y la actividad del Seprona, por el contrario, está organizada por el Ministerio del Interior.

"Por lo tanto llevamos muchos años pidiendo una entidad supraministerial, independiente de un ministerio concreto, capaz de armonizar las decisiones lógicas que toma cada cartera y que pueda caminar hacia un fin común", reflexiona el activista. Coincide en el diagnóstico Anna Mulà, abogada y responsable de la asesoría jurídica en la Fundación Franz Weber. La letrada, especialista en defensa de los derechos de los animales, también cree positiva la creación, dentro del poder ejecutivo, de un órgano capaz de "armonizar todas las legislaciones existentes, que en algunos casos establecen su propia regulación". Para Mulà, la entidad deberá asumir el reto de "ser integradora y armonizar todas las políticas de bienestar animal". A falta de mayor concreción, el nuevo organismo puede consolidarse como un buen primer paso que cimente las bases de una política en favor de los animales. Al frente estará Sergio García Torres, responsable del área de derechos animales de Podemos.

Ley de bienestar animal

Entre sus objetivos prioritarios Pablo Iglesias menciona la creación de una ley de bienestar que proteja a los animales. Lo cierto es que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ya avanzaba este propósito. "Impulsaremos una ley de bienestar animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios", planteaban las dos formaciones. Asimismo, el texto se comprometía a estudiar la "posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos", así como "mejoras en el control de los animales domésticos y en el control de la producción de animales de consumo".

Que la futura norma esté sobre la mesa supone para Díez un avance sin discusión. "Nos alegramos enormemente de que tan pronto se esté anunciando que es una prioridad y que no se quede en una promesa", reconoce. El activista, no obstante, cuida de que la celebración no confronte con la realidad: "Una cosa es lo que a las ONG nos gustaría y otra cosa es hasta dónde puede llegar la Administración Central", subraya para enseguida incidir en que toca "ser prudentes y realistas". "Hay que tener muy en cuenta las capacidades de la Administración Central para, dentro de sus competencias, intentar mejorar la situación", pero también es importante no perder de vista que las competencias en protección de los animales domésticos están transferidas a las comunidades, por lo que el margen de actuación no es todo lo ancho que podría parecer.

En ese sentido, Díez cree que la fórmula adecuada para trabajar sobre una ley estatal pasa por "aprovechar las diferentes legislaciones que ya existen y hacer un conjunto de todas añadiendo ciertos aspectos que ahora no están reflejados en ninguna y que pudiera ser interesante incorporar". Entre las novedades, el animalista plantea el desarrollo de un "listado positivo de especies susceptibles de compra, venta y tenencia", afinando la definición de animales de compañía y dejando fuera a las especies exóticas. "La ley nacional puede avanzar en definiciones, en las obligaciones de los propietarios o en un régimen sancionador", plantea.

También Mulà repara en las competencias que recaen sobre las comunidades autónomas, pero remarca igualmente las posibilidades de maniobrar por parte del poder central. Entre los objetivos urgentes menciona "evitar el abandono de animales a través de medidas de prevención", donde la educación tendrá un papel clave. Habla asimismo de la modificación del Código Civil para que los animales domésticos dejen de ser "cosas" a efectos jurídicos, una propuesta que quedó enquistada en la Cámara Baja. También entiende Mulà que los responsables de estas políticas deben ser "suficientemente valientes para una reforma del Código Penal en cuanto al maltrato animal", de manera que los animales salvajes no se queden fuera. Hoy día, lamenta la activista, "muchas conductas y acciones de crueldad animal quedan impunes".

Finalmente, Mulà cree importante incorporar la instancia de Naciones Unidas para evitar la exposición de menores de 18 años a los espectáculos taurinos. Un paso que la formación morada intentó andar en diferentes ocasiones, pero que se encontró con la abstención de los socialistas en varias comunidades y en el Congreso.

Animales de granja

Después de cinco años dedicada a la política, Silvia Barquero dejó a finales del pasado año la presidencia de Pacma para asumir la dirección de la organización Igualdad Animal. Al otro lado del teléfono, se confiesa optimista con las nuevas decisiones en materia de bienestar animal e insiste en una apuesta: poner el acento en los animales de granja.

En ese sentido, destaca tres propuestas que la organización defiende con uñas y dientes. La primera es "poner fin a la producción del foie gras, un producto que resulta de torturar a los animales, alimentando a los patos y ocas de manera forzada para lograr a un hígado enfermo". Prohibiendo el producto, apunta Barquero, "dejaremos de ser el eterno vagón de cola y nos pondremos al nivel de otros 18 países" que ya han dado el paso. En la actualidad, sólo cinco países europeos, España entre ellos, siguen permitiendo la producción de foie gras.

La activista pide asimismo poner fin a los sistemas de cría de gallinas en jaulas. "En España existen 38 millones de gallinas enjauladas, pese a que cada año vamos avanzando mediante el compromiso de las empresas", subraya. Un compromiso, opina, que debería ser puesto en práctica también desde el plano político. "El Gobierno podría llevar adelante medidas políticas que den respuesta a las demandas de los ciudadanos", sugiere Barquero. Países como Alemania, Austria o Luxemburgo ya han declinado de manera definitiva el uso de este sistema.

Finalmente, la animalista cree fundamental incluir en la lucha contra el cambio climático una batalla decidida contra la industria cárnica. "Sabemos que la transición a un nuevo modelo alimentario eliminando las proteínas de origen animal acabaría con el 14,5% de los gases de efecto invernadero que provienen de la industria de la carne", sostiene.

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La confección de una norma estatal obliga a dirigir la mirada a las comunidades autónomas, que cuentan ya con leyes propias en la materia. "No existe una que sea perfecta", valora Díez, esencialmente porque "las normas autonómicas reflejan inquietudes autonómicas". Sí menciona, entre las más novedosas, las de Cataluña, Galicia, Madrid o Comunitat Valenciana, que son "modelos a mirar, aunque cada una tenga muy en cuenta las circunstancias propias".

Mulà explica que en los últimos años se han llevado a cabo importantes reformas para actualizar buena parte de las leyes, que datan en su mayoría de los años noventa. "La última que se ha modificado es la de Navarra", que incluye matices interesantes "como el hecho de que los veterinarios, ante sospecha de maltrato animal, estén obligados a denunciar". Otro elemento común en las normas más avanzadas, recuerda, tiene que ver con la prohibición de los circos con animales, un asunto que la animalista cree importante abordar también a nivel estatal.

Al final, reflexiona Díez, "la mejor ley es la ley realista, mientras que la peor será la que luego sea inaplicable".