Las zonas grises del acuerdo PSOE-UP que dificultan su unidad de acción en el Congreso

El pacto PSOE-Unidas Podemos negociado por ambas formaciones antes de la investidura de Pedro Sánchez es la hoja de ruta de la coalición que desde hace tres semanas gobierna España. A ese texto fundacional se remiten los miembros del Ejecutivo cuando son preguntados por los periodistas en relación con los proyectos que se proponen desarrollar en sus departamentos y con los asuntos a los que quieren dar prioridad. Algunos de ellos están claramente enunciados en el documento. Sin embargo, otros apenas son un esbozo.

Socialistas y morados basaron su acuerdo en impulsar medidas sobre las que ya se han puesto de acuerdo y en buscar un punto común en aquellos asuntos en los que, aunque están próximos, no defienden la misma posición. Los temas sobre los que discrepan y, en principio, un pacto era improbable, quedaron fuera del acuerdo y es ahí donde se concentran los asuntos que potencialmente pueden desembocar en un encontronazo en el Congreso de los Diputados.

Ese es, precisamente, uno de los motivos por los que PSOE y Unidas Podemos suscribieron un protocolo de coordinación en el que han previsto, incluso, la gestión de las discrepancias. En él acordaron que en las iniciativas, propias o de terceros, sobre asuntos “ajenos a la acción del Gobierno o a los acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno progresista, pero que tengan alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal, los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre sí. En todo caso, los socios se comprometen a coordinar la comunicación de las mismas”.

En caso de discrepancia, una comisión todavía no constituida e integrada por seis miembros del PSOE y cuatro de Unidas Podemos, tratará de buscar una salida. Si no lo logra, los dos partidos se han comprometido al menos a acordar el “alcance y la publicidad” que darán al desacuerdo, “tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación”.

Más allá de los imprevistos derivados de lo que suceda en los próximos años, infoLibre repasa los principales asuntos que constituyen una fuente potencial de desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos que, con toda seguridad, la oposición intentará explotar durante la legislatura.

La reforma laboral

El acuerdo PSOE-Unidas Podemos es muy explícito en relación con algunas modificaciones como el despido por absentismo causado por enfermedad, las limitaciones al ámbito temporal de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios de empresa, las subcontratas, la modificación unilateral de las condiciones de los contratos o las causas de inaplicación de los convenios colectivos. Pero deja abierto todo lo demás bajo la fórmula genérica de una reforma pactada del Estatuto de los Trabajadores. Y es aquí donde socialistas y morados mantiene discrepancias de fondo. Los de Iglesias llevan años defendiendo la recuperación de los derechos laborales perdidos no sólo con Mariano Rajoy sino también con José Luis Rodríguez Zapatero. Los de Sánchez, en cambio, se resisten a mirar tan atrás: algunos incluso defienden el mantenimiento de una buena parte de las normas que en la actualidad rigen el mercado laboral, presionados por la Comisión Europea.

El desbloqueo de las investiduras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere cambiar la mecánica de las investiduras para que nunca más el bloqueo político pueda desembocar en una repetición de elecciones. Lo defendió en la legislatura pasada y lo recuperó el pasado 7 de enero, el día en que obtuvo, por mayoría simple, la confianza del Congreso de los Diputados. “En los últimos cuatro años España ha carecido de un Gobierno en plenitud de facultades durante un total de año y medio. Un país sin Gobierno es un país desprovisto de herramientas para abordar sus problemas y para encarar los desafíos de futuro. Por tanto, es inadmisible que una situación así se repita en el futuro”, proclamó desde la tribuna. “Por eso”, anunció, “una vez concluya esta sesión, será el momento oportuno de buscar mecanismos para que ese vacío que hemos vivido no se vuelva a producir. Quiero manifestar mi compromiso y el del Grupo Parlamentario Socialista de buscar con los distintos grupos fórmulas para facilitar en el futuro la formación de mayorías de Gobierno frente a las mayorías de bloqueo”.

Pedro Sánchez y Pablo iglesias se saludan ante los fotógrafos en el Congreso inmediatamente después de la investidura.

En lo que Sánchez está pensando es en una fórmula similar a la que rige en el País Vasco, donde, si durante el proceso de investidura nadie obtiene mayoría absoluta en un tiempo razonable, es elegido presidente el candidato con más votos. Y ese es un modelo que a Pablo Iglesias, su vicepresidente segundo pero también el líder de Unidas Podemos, no le gusta nada. Así lo hizo saber durante la legislatura fallida cuando Sánchez planteó esta idea por primera vez. En opinión del líder morado, la idea del presidente pretende que otros “le hagan el trabajo” por el que le pagan y que consiste en buscar acuerdos con los partidos para ser investido. “Va contra el espíritu de la Constitución”, porque en España hay un “sistema parlamentario” muy distinto del sistema presidencialista o a dos vueltas que hay en otros países, en el que “el que gana se lo lleva todo”.

Política exterior

Las relaciones con otros países apenas están detalladas en el pacto PSOE-Unidas Podemos. En este campo las diferencias afectan especialmente a América Latina y, particularmente, a Venezuela, como se ha hecho perfectamente visible durante la visita a Madrid del autoproclamado presidente encargado de la república bolivariana, Juan Guaidó. Los socios de gobierno han evitado cuidadosamente polemizar entre sí, pero eso no ha impedido que se hiciera visible que mientras Sánchez, y a través de él el Ministerio de Asuntos Exteriores, mantiene el reconocimiento de Guaidó, Iglesias le sigue considerando un mero “dirigente de la oposición”. El jefe del Gobierno español ha rebajado sus expectativas en relación al “presidente encargado”, de ahí que optase por no dar a su visita el estatus reservado a los jefes de Estado, pero el vicepresidente segundo, a su vez, ha evitado calificar a Guaidó de golpista y defender la legitimidad de Nicolás Maduro.

Las relaciones con Venezuela son un asunto estratégico para España. En la república bolivariana viven 200.000 españoles y un número similar de venezolanos se han mudado a la península huyendo de las condiciones económicas y políticas de su país.

Saludo entre Juan Guaidó y la ministra de Exteriores.

PSOE y Unidas Podemos mantienen también serias discrepancias en relación con la negociación, puesta en marcha y vigencia de los nuevos tratados de libre comercio, como los que afectan a Canadá y Japón. Y diferencias muy marcadas en torno a la autodeterminación del Sáhara y las relaciones con Marruecos, otro país de importancia estratégica para España, no sólo por los intereses económicos sino por la importancia del país africano en relación con las migraciones.

Unidas Podemos defiende asegurar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, y materializar el apoyo al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui en las organizaciones internacionales. Pero también impulsar el respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas en Siria, Turquía e Irak, un asunto en el que el PSOE, cuando está en el gobierno, se pone de perfil, como la mayoría de los países de la Unión.

Comercio de armas

Amnistía Internacional ya ha denunciado que la carencia más grave en política exterior del nuevo gobierno es es la ausencia de medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el comercio de armas y la no exportación a países donde se usan para cometer gravísimos abusos contra la población civil. “No hay ni una sola palabra, cuando se trata de una cuestión de mucho impacto en la vida de millones de personas vulnerables que sufren las consecuencias de los conflictos armados más allá de nuestras fronteras”.

Podemos ha defendido en los últimos años auditar la aplicación de la ley española de comercio de armas y del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, garantizando la prohibición de venta de armas y material bélico en casos de conflicto y violaciones de derechos humanos. Y decretar un embargo militar a Israel por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en la franja de Gaza, así como impulsar una investigación internacional de estas. El PSOE defiende que el Gobierno ya cumple las normas y descarta el embargo a Israel.

El 22,4% de las exportaciones de material bélico que se realizaron en los últimos años, también bajo mandato socialista, tuvieron como destino final Estados en los que entonces existían tensiones o, directamente, conflictos armados, según consta en el informe La espiral de violencia de la España fortaleza del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y el Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (Novact). Unas cifras que permiten a los investigadores afirmar que durante el periodo analizado “la legislación vigente en materia de exportación de armamento ha sido vulnerada de manera reiterada”.

La banca

En el pacto de gobierno tampoco están las demandas de Unidas Podemos en esta materia. Iglesias defiende obligar por ley a la banca a devolver el rescate bancario. “Los bancos tienen ingentes beneficios, y creo que es razonable pedirles que hagan el mismo esfuerzo que hace la gente trabajadora, la pequeña empresa y los autónomos”, declaró en abril. Y propone además una banca pública que se articularía a través de Bankia y de un banco de inversión público.

Sánchez, en esto, ha cambiado de posición. En fecha tan reciente como enero de 2018 defendió la creación de un impuesto a la banca, una promesa que abandonó en cuanto llegó al Gobierno, en junio de ese mismo año. Y no está de acuerdo con la idea de mantener Bankia bajo control público: esta misma semana la Portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró que el Gobierno privatizará la entidad en cuanto las condiciones del mercado lo permitan. Y que ni siquiera considera la posibilidad de mantener la entidad bajo control público.

El futuro de Cataluña

El conflicto político catalán fue el problema que, con diferencia, más citó el año pasado Pedro Sánchez para ilustrar las diferencias insalvables con Unidas Podemos que le impedían formar un Gobierno de coalición. Sobre este asunto el acuerdo de gobierno se limita a establecer un compromiso deliberadamente vago: abordar “el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

Es verdad que Iglesias, durante la legislatura fallida, se comprometió a someterse al criterio de Sánchez en esta materia si al final acordaban formar un Gobierno de coalición, pero la posición oficial de Unidas Podemos no ha variado y pasa por defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña y la celebración de un referéndum para zanjar la cuestión. Además de por cuestionar la persecución judicial de los responsables de la declaración unilateral de independencia, a los que Iglesias sigue considerando “presos políticos”.

Migraciones

Como en todas las materias en las que PSOE y Unidas Podemos mantienen diferencias de fondo, el apartado del acuerdo de gobierno que se ocupa de este asunto es deliberadamente ambiguo. La formación morada rechaza el modelo de fronteras asumido por el PSOE tras la moción de censura. Considera que se basa en la “militarización” y la “securitización de la política migratoria”, en vez de regirse en primer lugar por el cumplimiento de los derechos humanos por parte de España en esta materia.

Los de Iglesias defienden el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) que el PSOE quiere mantener, lo que motivó que los morados les acusasen en el pasado de practicar “una política racista”.

Valla de Ceuta

Las llamadas devoluciones en caliente —la entrega a Marruecos de inmigrantes sin respetar su derecho a solicitar asilo—, que el PSOE denunciaba cuando quien gobernaba el PP pero que ha practicado en varias ocasiones desde que Sánchez llegó a la Presidencia, también alimentó la controversia con Unidas Podemos. Como el trato dado al Open Arms, el barco de rescate de náufragos en el Mediterráneo al que el Gobierno de Sánchez no sólo puso dificultades para seguir operando sino al que negó el año pasado la posibilidad de desembarcar inmigrantes en puerto español alegando que, por proximidad, deberían ser trasladados a Italia o Malta.

Puertas giratorias

Desde su creación, Unidas Podemos reclama la prohibición de las llamadas puertas giratorias, que permiten a los responsables políticos formar parte de consejos de administración de grandes empresas, sobre todo del sector eléctrico, cuando abandonan el Gobierno. Hay muchos ejemplos del PP, pero también del PSOE, y Pablo Iglesias se refirió a ellos durante las sucesivas campañas de 2019 como la razón por la que es tan difícil poner coto a la factura de la luz y luchar contra el cambio climático.

El programa con que el PSOE se presentó a las elecciones nada dice sobre este asunto a pesar de que Pedro Sánchez, cuando se presentó por primera vez a las primarias del partido, en el año 2014, sí defendía tomar medidas y “poner fin a las puertas giratorias” entre la política y el sector privado porque “no puede ser que un expresidente del Gobierno forme parte de empresas de sectores estratégicos”.

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La cadena perpetua fue introducida en España en marzo de 2015 con el nombre de prisión permanente revisable a través de una reforma del Código Penal aprobada en el Congreso exclusivamente con los votos del PP, que entonces tenía mayoría absoluta en la Cámara.

El PSOE no sólo se opuso a la medida sino que respaldó un recurso de toda la oposición ante el Tribunal Constitucional —que sigue pendiente de sentencia, casi cinco años después de su presentación— por considerar que es incompatible con la Carta Magna, en sintonía con los juristas que sostienen que “sin aportar eficacia a la evitación de los delitos más graves compromete algunos de los valores fundamentales” de la democracia, especialmente el objetivo de reinserción que preside el Derecho Penal en España.

Unidas Podemos apoya su derogación, igual que el PNV y otras fuerzas políticas minoritarias claves para la construcción de mayorías en el Congreso, pero el PSOE, aunque oficialmente no ha variado de posición, no lo considera prioritario. La dirección socialista prefiere esperar a conocer el criterio de Tribunal Constitucional antes de tomar una decisión sobre un asunto socialmente muy controvertido y del que la derecha ha hecho bandera en los últimos años aprovechando algunos crímenes con gran impacto social.