La industria celebra los cambios en las ayudas al cine que benefician a las directoras

Hay consenso en la industria: los cambios en el Real Decreto que desarrolla la Ley del Cine, anunciado el jueves, son una iniciativa "necesaria" para las mujeres del audiovisual, "positiva" para los guionistas y una muestra de "buena intención" para los productores. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo del Ministerio de Cultura dedicado al cine, hacía pública el jueves su propuesta de modificación de la normativa, a la que se pueden presentar aportaciones hasta el 29 de febrero. Con el texto, el Gobierno pretende ampliar lo que se considera una "obra audiovisual difícil", una categoría que puede gozar de determinados beneficios económicos, según el reglamento europeo. De aprobarse la modificación, pasarían a tener una protección especial las películas dirigidas por mujeres o por personas discapacitadas, y se aumentará la protección que ya tenían los cortometrajes, los filmes en lenguas cooficiales, las películas de directores noveles y las obras de "especial valor cultural y artístico". 

De todas estas modificaciones, la más sonada ha sido la referida a las mujeres directoras. El Real Decreto regula la intensidad de las ayudas a la producción, esto es, el porcentaje máximo del presupuesto de una película que podrá provenir de ayudas públicas. Este límite está fijado por Europa en un 50%, pero esta misma normativa permite una mayor flexibilidad con las obras audiovisuales "difíciles", de difícil producción. A partir de su aprobación, los filmes dirigidos por mujeres, ya sea por una novel como Lucía Alemany, que este año ha debutado en el largometraje con La inocencia, o por veteranas como Isabel Coixet, que ronda la veintena de películas, podrán obtener hasta el 75% de su presupuesto por medio de distintas ayudas públicas. Lejos de las viejas críticas a la supuesta discriminación positiva, el sector apoya en bloque la medida. "Si queremos impulsar la participación de las mujeres en ciertos roles, hay que ayudar a que medidas como estas salgan adelante", defiende Jose de Nevado, director general de la Asociación Estatal de Cine (AEC), el principal colectivo de productores. 

De todas las películas estrenadas en España en 2018, solo el 20% estuvo dirigida por una mujer, según los datos de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Además, los filmes de cineastas femeninas tienen de media la mitad de presupuesto de aquellos con hombres a la cabeza, según deducía la asociación a partir de los datos de 2017. Esta agrupación de creadoras se reivindica como impulsora de esta medida, cuyo anuncio estaba previsto para verano, pero que se pospuso a la espera de un Gobierno estable. En otoño de 2018, trasladaron al entonces ministro Jose Guirao, recién llegado al puesto, un "plan de acción" que incluía este punto, además de otros como la implantación de cuotas, la elaboración de estadísticas oficiales o un mayor peso de la participación de la mujer en los distintos equipos artísticos dentro de la concesión de ayudas.

La modificación del Real Decreto ofrece también especial protección a las películas dirigidas por personas con discapacidad —siempre que esta supere el 33%—, que podrán obtener por ayudas públicas hasta ocho de cada diez euros de coste. Se incluyen, de igual modo, las obras audiovisuales "con un especial valor cultural y artístico", según criterios que tendrán que establecerse en una orden ministerial posterior: esas podrán obtener el 75% de su coste con ayudas públicas. Los nuevos realizadores —se consideran así aquellos que no hayan dirigido o codirigido dos o más películas— podrán también obtener hasta el 80% de su coste de esta forma, siempre que el presupuesto no supere el millón de euros —en la versión anterior, el tope eran 300.000 euros—. Amplían su margen del 60% al 80% las obras filmadas en lenguas cooficiales del Estado distintas del castellano, así como los cortometrajes, del 75% al 85%. En ninguna de estas otras ayudas se tiene en cuenta el género del creador. 

¿Y los equipos técnicos?

"Llevamos años hablando del límite de intensidad. No se había cumplido hasta ahora nada de nuestro plan de acción", lanza Cristina Andreu, presidenta de CIMA, a pesar de que el documento fue una petición del propio Ministerio. Dice no entender "por qué esto no se había hecho antes", ya que al ICAA la modificación "no le cuesta nada". Es decir, el Ministerio puede mantener intacto el presupuesto para su próxima convocatoria de ayudas; el cambio lo que permite es que puedan acumularse distintas subvenciones públicas, incluidas deducciones fiscales, hasta un porcentaje más alto del presupuesto total. Ahora, Andreu se permite ciertas dosis de optimismo: "Son buenas noticias, es un buen primer paso, la directora general [del ICAA, Beatriz Navas] está muy receptiva y parece que la igualdad es una prioridad para este Gobierno". Eso no significa que se den por satisfechas: anuncian que van a seguir luchando tanto por las cuotas femeninas en los equipos como por una modificación en la orden que regula las ayudas a la producción que otorga el Ministerio. "Esto es muy bueno para las directoras, pero nosotras luchamos para todas, no solo para ellas, y estamos muy preocupadas por los equipos técnicos".   

En su informe, CIMA señalaba también que en 2018 solo el 27% de las películas españolas contaba con una mujer como guionista, ya fuera en solitario o como coguionista, y que en categorías especialmente masculinizadas, como la fotografía, estas solo llegaban al 6%. El sindicato de guionistas ALMA, de hecho, va a plantear una aportación en este sentido durante el periodo de consulta. En su momento, la organización envió una propuesta para que las películas escritas por mujeres noveles pudieran obtener hasta el 85% de su presupuesto mediante ayudas públicas, un planteamiento que ahora modificarán para hacerlo similar al aprobado: ALMA reclama que la intensidad de las ayudas se amplíe hasta un 75% del coste para los filmes escritos por mujeres, ya sean noveles o veteranas. "Este año, entre todos los nominados al Goya", dice su directora general, Ana Pineda, "solo había una coguionista", Isabel Peña por Madre junto a Rodrigo Sorogoyen. "El guion suele ser un apartado olvidado", protesta, "pero es ahí donde empieza una película, y por lo tanto es especialmente relevante si miramos, además a los contenidos". 

Tanto AEC como ALMA aseguran que la especial protección a las películas dirigidas por mujeres ha suscitado un apoyo unánime de sus socios. "Creemos que el cine requiere una protección especial, porque la televisión y las plataformas están fuertes, pero el cine no", dice la representante de los guionistas, "de forma que en el cine hay una doble amenaza, la de la propia debilidad de la industria y la presencia de las mujeres, que es mucho menos significativa que en televisión". "No hay ningún tipo de discusión, todo lo contrario", asegura Nevado, representante de los productores. "Si no existen este tipo de iniciativas, es más improbable que se den ciertas oportunidades a las mujeres. La diferencia de acceso está clara, no hay ni que discutirla, y hay que darles esa posibilidad". 

Cuotas, puntos y la sombra de Hacienda

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Otras propuestas de CIMA corren el riesgo de resultar más polémicas. Entre ellas, la propuesta de establecer cuotas paritarias en los equipos, algo que apoyan las productoras pero que puede toparse con la oposición del resto de la profesión. Otra podría ser la modificación en la orden de las ayudas propuesta por CIMA. Este texto, que se publica cada año, establece un baremo de puntos que otorgan una nota a las películas que optan a la ayuda: a más puntos, más posibilidad de obtenerla. Entre otras consideraciones, en él se otorga más nota las películas cuyos equipos —dirección de fotografía, jefatura de montaje o de sonido directo, etcétera— están dirigidos por mujeres, incluso si esta labor se desempeña junto a un hombre, en cuyo caso el reparto de puntos es proporcional a la presencia de creadoras.

Pero las socias de CIMA aseguran que esto ha dado lugar a cierta picaresca, por la que los productores inscriben a mujeres en esta categoría solo por ganar puntos, sin que estas tengan una responsabilidad real, algo que proponen eliminar otorgando puntos solo a los equipos dirigidos exclusivamente por mujeres. Los guionistas no lo ven claro: "Hay gente que dice que hecha la ley, hecha la trampa, pero eso en principio no ha sido un motivo de duda para nosotros, es como si dices que Isabel Peña no escribe en realidad los guiones pero la ponen ahí, no es verdad. En este caso obviamente no es una cuota de ningún tipo. El problema sería que alguien firmara sin ser autora…", dice Ana Pineda. Y tampoco los productores: "Como en general no se tiene muy claro a qué se dedica un productor", explica Jose Nevado, "la gente ha sido más creativa en esta categoría, pero no tanto en otros equipos, nadie va a poner como responsable a alguien que en realidad no lo es". 

Al margen de las consideraciones de género, los productores están preocupados por un posible choque entre este Real Decreto y la Ley del Impuesto sobre Sociedades. "A nivel de Hacienda", defiende José Nevado, "lo que define el nivel de intensidad de ayudas es la Ley de Impuesto sobre Sociedades", que establece las deducciones en las inversiones audiovisuales. Esta normativa establece que "el importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50% del coste de producción", lo que según los productores limita el alcance de lo anunciado por el ICAA. Esto, en opinión de los productores, haría que solo se beneficiaran de la modificación las películas de bajo presupuesto, pero "para que haya mujeres que puedan hacer películas de cuatro o cinco millones, va a haber que contar con la colaboración de Hacienda". El Ministerio de Cultura asegura, por su parte, que "no es indispensable" modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades: "Con el aumento de la intensidad para las obras de difícil financiación ( 75% y 80%) lo que se permite es que esos largometrajes, además de las ayudas directas (estatales, autonómicas, locales) puedan percibir desgravaciones fiscales". Tienen hasta el 19 de febrero para deshacer el entuerto.