La Audiencia tuvo que pedir a la firma auditora del BBVA datos sobre los contratos con Villarejo que el banco no entregó en un año
La resistencia del BBVA a entregarle al juez toda la documentación e información derivada de la investigación interna –el llamado forensic– oficialmente abierta en junio de 2018 sobre los contratos con el comisario José Manuel Villarejo llevó a la Audiencia Nacional a requerir en diciembre esos papeles a la firma auditora de la entidad financiera, PriceWaterhouseCoopers (PwC).
Sugerido en el auto que este lunes ha levantado el secreto de sumario sobre esa pieza del caso Villarejo y confirmado por infoLibre en fuentes conocedoras de lo sucedido, el paso de acudir a PwC en un nuevo intento de obtener información clave sobre el espionaje a políticos y empresarios pone aún más en aprietos a la segunda entidad financiera del país. ¿Accedió PwC a dar los documentos que aclararían qué rol jugó el BBVA en los contratos que, según el auto, reportaron a Villarejo 10.284.689 euros del banco por vulnerar los "derechos fundamentales" de quienes fueron objeto de seguimientos, investigaciones patrimoniales o pinchazos telefónicos? Las fuentes consultadas ponen en duda que la consultora haya aportado material sobre lo que en todo caso corresponde decidir a su cliente.
Este periódico pidió al BBVA su versión oficial sobre por qué Anticorrupción y el juez del caso decidieron llamar en última instancia a la puerta de PwC antes de que se levantase el secreto. No hubo respuesta más allá de la que el banco ha ofrecido en cada ocasión: que "la prioridad de BBVA ha sido y es colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos" y que "ha trasladado a la causa de manera proactiva toda la documentación relevante obtenida en la investigación interna".
Dictada por el juez Manuel García Castellón, que en la Audiencia Nacional instruye las diligencias de la llamada Operación Tándem sobre Villarejo, la resolución hace constar que quien durante décadas fue uno de los policías más poderosos del país y hoy ya ha traspasado los dos años en prisión preventiva cobró del BBVA por la "prestación de servicios" que en realidad implicaron "una reiterada injerencia en los derechos fundamentales" de aquellos a quienes espió por encargo de la entidad. Esa injerencia se produjo, dice el auto, "mediante el acceso a sus comunicaciones, mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria".
El aviso sobre la injerencia en los "derechos fundamentales" de los espiados aparece en el texto después de que el juez haga constar lo siguiente: "Dichas contrataciones [las de Villarejo] tendrían por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo Cenyt con su condición de funcionario policial en activo (delito de cohecho pasivo)".
De momento, lo que se conoce es que el primer contrato, desarrollado entre 2004 y 2005, supuso que Villarejo interviniese nada menos que casi 4.000 teléfonos y espiara al hoy exministro Miguel Sebastián así como al empresario Luis del Rivero o al entonces vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, entre otros para impedir que la constructora Sacyr entrase en el accionariado del BBVA. Ya en la siguiente década, Villarejo escudriñó con métodos supuestamente ilegales las propiedades de grandes deudores del banco como Fernando Martín (Martinsa) y Luis Portillo (Colonial). E investigó igualmente, en 2013 y por vías más que extraoficiales a Ausbanc, la ya extinta asociación de usuarios de banca enzarzada durante años en una guerra de ataques cruzados con el banco y cuyos dirigentes acaban de sentarse en el banquillo en un juicio donde lo que salga a la luz sobre Villarejo y su relación con el BBVA puede tener consecuencias.
El auto hace mención expresa al requerimiento de "información y de documentación" a Pricewaterhousecoopers. "Desde el dictado de la resolución ordenando formar la presente pieza separada [diciembre de 2018] se han practicado diversas diligencias en orden a comprobar la regularidad de determinadas transacciones realizadas en favor del Grupo Cenyt y de las políticas de cumplimiento de la mercantil BBVA", relata el texto. Y prosigue así: "Concretamente este juzgado ordenó en virtud de providencia de fecha 19 de diciembre de 2019 que se librara un requerimiento de información y de documentación a Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios SL, al tiempo que se procedió a tomar declaración judicial de varias personas". Y es aquí donde llega el desenlace, del que probablemente se conocerán más datos en las próximas semanas: "Del resultado del requerimiento librado (...) se ha conferido traslado al Ministerio Fiscal, habiendo informado que resultaba suficiente al objeto de proceder al levantamiento del secreto acordado".
Lo anterior significa que, tanto si Price ha facilitado la documentación como si ocurrió lo contrario, la Fiscalía entendió que ya no había por qué perpetuar el secreto. Porque –dice el auto– "el conocimiento de lo actuado por las partes no va a perjudicar la investigación en curso". La resolución judicial contiene un error: fechada este lunes, 3 de febrero, asegura que "en el día de la fecha" es cuando la Fiscalía ha interesado el levantamiento del secreto. Los dos fiscales asignados al caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, ya habían solicitado el levantamiento del secreto el jueves pasado (se publicó el viernes) aunque su decisión había trascendido a comienzos de semana. El secreto debía haberse levantado en enero, pero Alejandro Abascal, magistrado de refuerzo de García Castellón en el juzgado central 6, lo prorrogò un mes más para que pudieran realizarse diligencias pendientes.
La firma auditora del BBVA tampoco entregó los datos que le pedía la Audiencia sobre los contratos del banco con Villarejo
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Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de ex altos cargos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía y exjefe de seguridad del banco que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.
Salvo el expresidente de la entidad Francisco González, el exejecutivo Antonio Béjar –que ha comparecido varias veces– y el BBVA, cuyos representantes legales estuvieron declarando durante 14 horas repartidas en tres días, todos los imputados en esta pieza optaron por acogerse a su derecho a no declarar cuando fueron citados en la Audiencia Nacional al no haber tenido acceso a las actuaciones.
Ante el juez y los fiscales anticorrupción, el representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas, eximió de responsabilidad a la entidad financiera de las decisiones que pudieran haber adoptado personas físicas durante la presidencia de Francisco González, a quien no llegó a señalar explícitamente pero de quien deslizó en varias ocasiones que difícilmente habría desconocido las relaciones del banco con Villarejo. Fraguas alegó que lo desconocía casi todo del forensic.
