Moncloa confía en que la reunión entre Sánchez y Torra sea un trámite que no dinamite el acuerdo con Esquerra

La primera reunión en trece meses entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo catalán, Quim Torra, programada para este jueves a mediodía en el Palau de la Generalitat, servirá para que ambos dirigentes midan sus diferencias en torno a los límites en los que cada uno de ellos está dispuesto a enmarcar su participación en la mesa de diálogo entre Gobiernos pactada por el PSOE con Esquerra a cambio de la abstención de los republicanos en la votación de investidura que hizo posible desbloquear la legislatura.

Sánchez y Torra han hablado en alguna ocasión por teléfono en el último año pero no se ven las caras desde que, en diciembre de 2018, en la ya célebre reunión del Palau de Padralbes (Barcelona), acordaron una declaración que debía haber servido de punto de partida a una negociación sobre el conflicto político catalán. Aquel documento no tuvo mucho recorrido: el Gobierno de Sánchez puso fin al diálogo pocas semanas después con el argumento de que los independentistas, Junts per Catalunya y Esquerra, querían incluir en el temario de las negociaciones la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Aquella demanda era entonces inaceptable, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, que lideraba entonces los contactos con el vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès, y la entonces portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi (Junts). La negociación con los independentistas, decía entonces la número dos del Gobierno, encalló en su insistencia en dirigir la negociación sobre una salida política a la crisis de Cataluña hacia el derecho de autodeterminación, una opción que “este Gobierno no aceptará nunca” porque la solución ha de darse “en el marco propio de la democracia” y de la Constitución. “No es aceptable sentarnos a hablar de un referéndum de autodeterminación”, zanjó entonces la vicepresidenta, que en cambio sí defendía la incorporación a la mesa de negociaciones de la figura de un “relator”, con funciones teóricamente de coordinación, pero detrás de la cual la derecha vio siempre la figura, inaceptable para ellos, de un mediador.

Paradójicamente, el Gobierno de Sánchez se sitúa ahora justo al revés. La mesa de diálogo pactada con Esquerra no incluye a relator alguno pero, en cambio, acepta la posibilidad de que el Govern plantee, como pretenden, la celebración de un referéndum de autodeterminación, aunque la oposición del Ejecutivo español a esta posibilidad sigue siendo la misma que hace un año.

La reunión con Torra se ha convertido en el sapo que Esquerra obliga a Sánchez a tragar a cambio de mantener tendidos los puentes que el PSOE necesita para sacar adelante los Presupuestos porque sin el respaldo de los republicanos tendrá muy difícil obtener la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados. Moncloa da por descontado a Torra, con un pie en la inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral en las elecciones de abril y con el otro fuera del Govern después de anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas. Los socialistas creen que hay muy poco territorio común que abordar con él, con Junts per Catalunya y con su líder, el eurodiputado Carles Puigdemont, a quienes siguen considerando en la senda del desafío a la legalidad que condujo al referéndum ilegal del 1 de octubre. Y no es ningún secreto que preferirían tener otro interlocutor para abordar el conflicto catalán, preferiblemente de las filas de Esquerra, una formación de la que valoran haberse desmarcado, al menos de momento, de la vía unilateral.

La relación entre Sánchez y Torra es rica en desencuentros. Cuando todavía no era presidente del Gobierno, el actual inquilino de La Moncloa recibió la elección de su homólogo catalán con una declaración que todavía hoy le persigue: la decisión del Parlament “ha destapado las vergüenzas racistas del secesionismo”, aseguró. “Torra no es más que un racista al frente de la Generalitat de Cataluña” y con su designación los independentistas se han convertido en “falsos expendientarios de carnets de buenos y malos españoles, o de buenos y malos catalanes”.

Una frase que no le impidió, apenas unos meses después, ya elegido presidente en una moción de censura apoyada por esos mismos independentistas, abrir un diálogo con la Generalitat para intentar normalizar las relaciones entre ambas administraciones y explorar la posibilidad de una negociación política capaz de reconducir también el conflicto territorial. Lo impulsó reuniéndose con Torra primero en La Moncloa, poco después de tomar posesión, y después en Barcelona, donde ambos acordaron la Declaración de Pedralbes.

Todo se fue al traste con la ruptura del diálogo, hace ahora exactamente un año, y la decisión de Junts y Esquerra de unir sus votos a los de la derecha —PP y Ciudadanos— en contra del proyecto de Presupuestos negociado por el PSOE y Unidas Podemos, lo que acabó provocando la convocatoria anticipada de elecciones y el prolongado periodo de bloqueo institucional que acaba de terminar.

El discurso más duro

Por el medio Pedro Sánchez recuperó su discurso más duro contra el independentismo, con constantes referencias a la aplicación, una vez más, del artículo 155. Y tuvo lugar la sentencia del procés, que desató durante semanas protestas en la calle con algunos episodios violentos que a su vez desencadenaron una fuerte presión por parte de la derecha exigiendo a diario una intervención de la autonomía catalana.

Sánchez no atendió estas demandas pero sí mantuvo un pulso con Torra negándose a atender sus llamadas telefónicas en tanto no condenara los disturbios que algunos radicales estaban protagonizando en las calles de varias localidades catalanas. En campaña electoral llegó incluso a recuperar su propuesta de devolver al Código Penal el delito de celebración de referéndums ilegales, eliminado durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero por decisión de todos los grupos parlamentarios excepto el PP.

Forzado por los resultados del 10 de noviembre, que aumentaron su dependencia de los votos de Esquerra, Sánchez no tuvo más remedio que regresar a la estrategia del diálogo. Fueron los republicanos quienes, en plenas negociaciones para facilitar su apoyo a la investidura a cambio de la creación de una mesa sobre Cataluña, obligaron a Sánchez a iniciar la normalización de relaciones con Torra llamándole por teléfono.

El presidente disimuló la conversación diluyéndola en una jornada de llamadas a los 17 presidentes autonómicos, pero cumplió con ERC. Y pactó la celebración de la reunión que tendrá lugar este jueves en Barcelona.

En Moncloa no lo dicen, para no añadir más dificultades a una cita ya de por sí complicada, pero muchos en el equipo del presidente temen que Torra intente reventar el mecanismo de diálogo pactado por PSOE y Esquerra tratando de imponer, con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas y su batalla política con los republicanos, nuevas condiciones que no forman parte del acuerdo entre ambos partidos. Como por ejemplo la participación de un mediador que facilite el diálogo y levante acta de los avances y las dificultades. O exigiendo garantías para que las conversaciones acaben en un referéndum pactado, algo que el Gobierno de Sánchez ha rechazado en numerosas ocasiones.

Así que, más allá de la mesa, Sánchez tiene intención de aprovechar la reunión para tratar de poner en marcha algunos proyectos en colaboración con la Generalitat, entre ellos la atención a las personas, las empresas y las administraciones perjudicadas por la borrasca Gloria, o las necesidades de modernización de la red ferroviaria de cercanías, entre otros asuntos. No obstante, su equipo no prevé ningún desenlace: ni la celebración de una rueda de prensa, la difusión de un comunicado o la fijación de una fecha para la primera reunión de la mesa entre Gobiernos.

confirman que el presidente expondrá a su homólogo catalán “una agenda para el reencuentro” en torno a varios ejes: diálogo político y regeneración institucional, financiación autonómica, mejora de la cooperación, política social y apoyo a los servicios públicos, impulso a las infraestructuras y apoyo ante catástrofes naturales.

Y ha dispuesto una agenda de dos días que incluye hasta cinco reuniones destinadas a reducir el peso político de la cita en el Palau: con el PSC, con representantes de Barcelona Global, sindicatos, empresarios, con la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, y con la presidenta de la Diputación, Núria Marín.

Torra, en cambio, sí quiere resultados concretos. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró este martes que de “esta reunión debería salir un calendario aproximado sobre cuándo deben empezar las negociaciones entre gobiernos”.

Sánchez llama a dialogar sobre Cataluña tras una década “lamentable” en la que “nadie ha ganado” y “todos hemos perdido”

Ver más

Además de la fecha, uno de los asuntos que más expectación despierta es la composición de las dos delegaciones que participarán en los contactos cuando efectivamente se produzcan y que, según el acuerdo PSOE-ERC, depende exclusivamente de la voluntad de cada una de las partes. El Gobierno de España da por hecho que del lado catalán habrá representantes de Junts pero también de Esquerra. El Govern, por su parte, espera que Sánchez reserve algún espacio a Unidas Podemos, a quien consideran un aliado en relación con su demanda de celebración de un referéndum de autodeterminación.

Mientras tanto, y en el marco de su ofensiva contra Sánchez por reunirse con Torra, el PP presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su anunciada querella contra el president, al que acusan de cometer un presunto delito de usurpación de funciones al “empecinarse en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto”. La querella afrima que esta situación“produce una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución es el representante del Estado en dicha Comunidad”.

El PP, como el resto de la derecha española, sostiene que Torra no puede seguir ejerciendo como president después de haber perdido la condición de diputado en aplicación de una decisión del Tribunal Supremo.