Un juez cita a declarar como investigados a directivos de Tragsa por la adjudicación irregular de contratos a la consultora del ERE

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha abierto diligencias por la adjudicación irregular que hizo Tragsa entre 2012 y 2016 de cuatro contratos a la consultora Reinforce para que elaborara los informes técnicos de causas organizativas y productivas para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa pública ejecutó en 2015. También ha citado a declarar en calidad de investigados –antes imputados– a varios directivos de Tragsa.

Según ha confirmado la compañía estatal a infoLibre, Tragsa se ha dirigido a la Abogacía del Estado para que se persone en el procedimiento en defensa de sus intereses. Fue la propia empresa pública la que abrió una investigación sobre los contratos y remitió un informe a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas el pasado mes de junio tras detectar irregularidades en esas adjudicaciones.

Reinforce es la consultora que contrató a quien fue secretario general de Tragsa entre febrero de 2012 y septiembre de 2018, José Manuel Díez Quintanilla, cuando éste abandonó la empresa pública con el cambio de gobierno. Era el número dos de Tragsa durante la presidencia de Miguel Giménez de Córdoba y quien llevaba la gestión efectiva de la compañía. Este periódico ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con Díez Quintanilla para recabar sus comentarios sobre el caso.

Tragsa, un ente instrumental, sólo puede trabajar para la Administración. Para ella ejecuta obras y servicios, a través de la matriz, así como proyectos e ingeniería a través de su filial, Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, que cobra según unas tarifas prefijadas. Fue creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), y su principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas.

Tras los números de un largo y conflictivo ERE

En octubre de 2013 presentó el mayor ERE de una empresa pública, que iba a suponer el despido de 1.639 trabajadores. Sin embargo, la oposición de la plantilla, que se trasladó a la Audiencia Nacional en forma de demanda judicial, terminó con la anulación del ERE en abril de 2014. Mientras la empresa negociaba con los comités de la matriz y la filial las condiciones de los despidos, Tragsa contrataba a personas vinculadas con el PP para cargos directivos: un exalcalde de El Escorial (Madrid) que fue condenado por las tarjetas black blackde Caja Madrid, Javier de Miguel Sánchez; a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche, y a Luz Reverón González, exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera y exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife. También estuvo a punto de contratar como gerente en Galicia a Ángel Currás, exalcalde popular de Santiago de Compostela y entonces imputado en dos causas por corrupción. La publicación de su inminente nombramiento terminó por frustrarlo.

Fuera del organigrama pero dentro de la asesoría jurídica figuraban, además, otras dos personas relacionadas con el Partido Popular. En noviembre de 2012, fue empleada en ese departamento de Tragsa Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete. Y en junio de 2013 entró en la asesoría Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, a su vez nieto del ministro franquista de Agricultura de igual nombre.

Los sindicatos también denunciaron entonces que al mismo tiempo que Tragsa negociaba más de un millar de despidos, no dejaba de contratar trabajadores temporales.

Finalmente, en octubre de 2015, y tras el recurso de la empresa, el Tribunal Supremo consideró ajustado a derecho el ERE. Los despidos se acometieron en enero de 2016, dos años después de haberse presentado la medida, pero afectaron sólo a 555 trabajadores, una tercera parte de los inicialmente anunciados. De hecho, para entonces Tragsa ya había vuelto a beneficios, una senda que no ha abandonado hasta ahora.

Durante toda la negociación del ERE, Tragsa se basó precisamente en el informe técnico de causas organizativas y productivas redactado por Reinforce Consulting para sostener sus cifras de despidos, según recogen tanto la sentencia de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo sobre el ERE.

El grupo público Tragsa recontrató como temporales a 100 de los 555 trabajadores indefinidos despedidos en el ERE de 2016

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Aprueba un nuevo Código Ético

En febrero de 2019, el consejo de administración de Tragsa la presidencia del consejo de administración encargó un informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la empresa tras plantearse dudas sobre “la legalidad de los contratos suscritos en su día con empresas colaboradoras” en relación con el ERE. El responsable de Cumplimiento Normativo y la Dirección de Auditoría realizaron una investigación que culminó en el informe finalmente enviado a la Fiscalía, según explica Tragsa a preguntas de este periódico. Entonces se descubrió un posible fraccionamiento de contratos a Reinforce: un ilícito penal que se produce al realizar varios contratos para un mismo objeto y con el mismo adjudicatario, a fin de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación.

Tragsa acaba de anunciar la aprobación de un nuevo Código Ético –el anterior era de 2015–, un reglamento interno de la Comisión de Gobierno de Responsabilidad Corporativa y Prevención de Riesgos Penales, así como una normativa regulador de la figura del responsable de Cumplimiento Normativo. En noviembre también aprobó un protocolo de actuación y decisión ante posibles ilícitos. Además, ha unificado todos los buzones de reclamaciones en un único canal de denuncias para que cualquier trabajador o tercera persona pueda alertar de vulneraciones del Código Ético o ilícitos penales.