El BBVA admite que ya sabía en 2014 que Villarejo era el dueño de la firma de detectives pero no que a la vez fuese policía en activo

El departamento de prevención de blanqueo del BBVA ya sabía en 2014 que Cenyt, la empresa cuyo espionaje a políticos y empresarios ha sacado a la luz la investigación judicial, pertenecía a José Manuel Villarejo pero ignoraba entonces, porque "en ningún sitio consta", que fuera policía en activo. Eso, exactamente, es lo que el representante legal del BBVA, Adolfo Fraguas, declaró el 20 de noviembre ante el juez que investiga el caso. La versión del banco sobre cuándo se enteró de que Villarejo estaba tras el grupo de investigación privada había permanecido hasta ahora en el ángulo ciego de una historia de espionajes a políticos y empresarios con medios policiales y parapoliciales por los que el BBVA pagó 10,28 millones.

Lo dicho por Fraguas dibuja una línea de defensa frente a la acusación central de la Fiscalía Anticorrupción: que los contratos con Villarejo, en cuya plasmación sitúa la Fiscalía al expresidente Francisco González como figura decisiva e inculpa al propio banco como persona jurídica, se hicieron "a sabiendas" de su condición policial. Se llevaron a cabo, dice el ministerio público en uno de sus informes, mediante "la utilización por éste [Villarejo] de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales". 

Fraguas, quien admitió que se había producido un quebrantamiento de las normas de contratación del banco y que consideró "lógico" que el presidente conociera el contrato para investigar a Ausbanc y su fundador, Luis Pineda, lanzó por sorpresa su relato sobre lo sucedido en 2014.

A raíz de una pregunta sobre un contrato de diciembre de 2014 sobre cuyo objeto real manifestó sus dudas el fiscal Ignacio Stampa, Fraguas hizo una afirmación por completo inesperada: que en 2014 el departamento de blanqueo de capitales supo quién era "el titular real" de Cenyt porque así figuraba en la "declaración de actividades económicas". Y  añadió aquí un pero: "En ningún sitio consta que sea policía. Blanqueo no sabía que fuera policía".  Como el banco levanta "murallas chinas" como medida de protección de datos –siguió argumentando el representante del BBVA– tampoco Blanqueo comunicó a ningún otro departamento la identidad del propietario de Cenyt. 

En resumen, la versión oficial sostiene que el entonces director de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, conocía la doble trayectoria profesional de Villarejo pero el banco como tal, no. En cuando a Corrochano, Fraguas no descartó que recibiese instrucciones aunque no precisó de quién o quiénes.

Pero tres meses después de la firma del contrato de diciembre de 2014 con Cenyt, contrato del que deriva un pago de 211.750 euros que podría estar conectado al encargo de investigar a Pineda, ocurrió algo que metió a Fraguas en un callejón de difícil salida. El 10 de marzo de 2015, el principal diario español, El País, llevó a portada una amplia información con el siguiente titular: "El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital".  

Y aquí comenzó uno de los más importantes forcejeos dialécticos del interrogatorio. Porque el fiscal Ignacio Stampa le preguntó si el BBVA tuvo conocimiento en tiempo real de aquel artículo, firmado por el exdirector de comunicación del BBVA, Javier Ayuso. Fraguas respondió así: "Bueno, no sé quién tuvo ese artículo, pero luego hay un artículo de un mes posterior en el que se dice que la Policía ve compatibles los negocios privados de Villarejo".

El fiscal no se detuvo. "¿Y ustedes se quedaron tranquilos con eso?", inquirió cuando Fraguas invocó aquella segunda noticia. "No –respondió– si lo que me dice es que debiera haber preocupado que un policía estuviera prestando unos servicios, llevando a cabo una actividad incompatible, pero lo que se dice es que el Ministerio del Interior lo ha investigado y es compatible".

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En efecto, el 21 de abril de 2015, El País había publicado una segunda información compartida por otros medios cuyo titular corroboraba lo dicho por Fraguas: "Interior considera compatibles los negocios privados de Villarejo". Pero el texto incorporaba un entrecomillado de relevancia. Que Villarejo tuviese empresas privadas se consideraba compatible, aseveraba el informe policial realizado tras la noticia de Ayuso, si su actividad privada “no tiene relación con asuntos relacionados o que se refieren a las actividades que desarrolla en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia". ¿Podía un policía, tanto si operaba como agente encubierto como si no, dedicarse a la investigación privada? Anticorrupción y el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, creen de forma tajante que no.

Lo que no consigió Stampa es que Fraguas explicase por qué el BBVA no hizo alguna averiguación directa a través del Ministerio del Interior y se conformó con una noticia de prensa. 

Desde que en diciembre de 2004 el BBVA contrató a Cenyt para espiar, entre otros, al político socialista Miguel Sebastián y al empresario Luis del Rivero para abortar el desembarco de la inmobiliaria Sacyr en el accionariado, la empresa de Villarejo hizo valer sus poderes a través de la marca "V&V Developments". Su carta de presentación, y así lo subraya la Fiscalía en su informe, la definía como "la división de inteligencia empresarial de Cenyt",  una organización "dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad".