La ley de eutanasia del PSOE vuelve por tercera vez al Congreso con más posibilidades que nunca de ser aprobada

Asun Gómez y David Lorente comparten historia. Ella es la viuda de Luis de Marcos, el técnico de televisión que falleció en 2017 después de mucho luchar por la aprobación de la eutanasia. Él es el hijo de Maribel Tellaetxe, la mujer bizkaína que falleció el año pasado después de que su familia también luchara por poder ayudarle a acabar con el sufrimiento que ella misma quería haber evitado. Tanto Gómez como Lorente reclamaron que era urgente y necesaria una ley que evitara que se produjeran más casos similares. Y en muchas ocasiones han parecido estar cerca de conseguirlo, pero nunca lo han hecho. Ahora ambos confiesan que sienten "esperanza" e "ilusión" porque opinan que este martes será el principio del fin de ese camino. El Pleno del Congreso aceptará tramitar la ley para la despenalización de la eutanasia del PSOE, un texto que ya fue tomado en consideración en la Cámara Baja en dos ocasiones, pero cuyo avance impidieron las dos convocatorias electorales de abril y noviembre de 2019. 

"Llego ilusionada y con la esperanza de que esta vez sí sea la definitiva. Ya toca", celebra Gómez. "Llegamos esperanzados. Estamos convencidos de que va a salir adelante porque es verdad que ha habido muchos intentos frustrados a lo largo de los últimos años, pero las condiciones son mejores que nunca", coincide Lorente. Se refiere a la aritmética parlamentaria que, como ya hizo el pasado mes de septiembre, permitirá que la ley socialista supere el primer trámite de este martes. Lo hará, salvo sorpresa, con la única oposición de Vox y del PP, que ya confirmó este lunes que registrará una ley integral de cuidados paliativos como "alternativa". Según explicó la vicesecretaria de Política social de los conservadores, Cuca Gamarra, sólo con esa iniciativa se garantizaría el "consenso" que, dijo, no tiene la ley de eutanasia. 

Sin embargo, las encuestas le quitan la razón. Tal y como recoge la Asociación Derecho a Morir Dignamente en su página web, todas las consultas que se han realizado hasta ahora han demostrado que más de la mitad de los españoles está a favor de regular la eutanasia. El primer sondeo que abordó este asunto fue elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el año 2009 y los resultados fueron tajantes: el 76,3% de la ciudadanía estaba a favor de regular por ley la eutanasia. Sólo el 10,3% lo rechazaba con "total seguridad". Casi una década después, los apoyos a la muerte digna se incrementaron. Según datos del barómetro Ipsos sobre neurociencia y sociedad, en 2018 un 85% de la población se mostraba a favor de la regulación. El "consenso", por tanto, parece evidente y que viene de lejos. 

Y también entre bastantes médicos. Los colegios profesionales de Bizkaia, Gran Canaria y Madrid —que engloban a aproximadamente el 24% de la profesión—realizaron cuatro encuestas para conocer qué opinión tenían los médicos sobre la regulación de la muerte digna. El apoyo fue mayoritario. 

Exclusión del sufrimiento psíquico: el antecedente de la propuesta morada

Fernando Marín es vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y, aunque asegura que la tramitación que comenzará este martes es un paso muy importante y positivo, afirma que el texto de los socialistas no es suficiente. "A nuestro juicio, la ley se queda un poco corta. Nosotros esperábamos una ley del siglo XXI y lo que se ha propuesto es una ley para el siglo XX", critica. ¿Por qué? Porque el PSOE, argumenta, no ha tenido en cuenta toda la experiencia acumulada de países como Bélgica, Holanda y Luxemburgo y ha elaborado unos requisitos para acceder a la eutanasia que, a juicio de Marín, excluyen de la muerte digna a personas que deberían poder acogerse a ella. 

Según el texto del PSOE, con la ley que llega ahora al Congreso "se busca [...] legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables". Ahí está el problema, a juicio de Marín.

La ley, explica, sólo alude a los casos de enfermedades puramente físicas, dejando fuera el "sufrimiento insoportable" de caracter psiquiátrico que puede padecer, por ejemplo, una persona con esquizofrenia. De hecho, en las deficiones incluidas en la proposición el PSOE se define "enfermedad grave, crónica e invalidante" como aquella "situación que resulta de una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, [...] y que llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable". "Dice que están asociadas, pero por sí mismas no sirven", denunca Marín.

Por eso cree que, en este punto concreto, que la proposición de ley orgánica sobre la eutanasia que presentó Unidos Podemos en enero de 2017 era más completa. Fue rechazada porque recibió 86 votos a favor (Unidos Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto), 131 en contra (PP, UPN y Foro Asturias) y 133 abstenciones (PSOE, Ciudadanos, PDeCAT y Nueva Canarias).

En ese texto, la formación morada definió eutanasia como el conjunto de acciones orientadas a "causar la muerte de manera rápida, eficaz e indolora a una persona con una enfermedad grave que conduce necesariamente a su muerte o que padece sufrimientos físicos o psíquicos que considera intolerables". No obstante, el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, aseguró este lunes en Al Rojo Vivo que "los matices con el PSOE en la Ley de Eutanasia están resueltos", por lo que no pedirán esta modificación. 

En cualquier caso, admite Marín, la expriencia de países como Bélgica, Holanda y Luxemburgo ha enseñado que alrededor del 90% de peticiones de eutanasia tienen que ver con enfermedades puramente físicas, por lo que, tal y como está redactado el texto, dice, se conseguirá dar salida muchos de los casos de pacientes que desean poner fin a su sufrimiento. 

La doble opinión y la posible desigualdad autonómica

Al texto de los socialistas, además, se le puede sacar otro incoveniente. Según dice Marín, el requisito de la segunda opinión médica es "extraordinario" y único. ¿A qué se refiere? Como establece la ley socialista, al paciente no le basta con que su solicitud sea estudiada y aprobada por su médico. Este, después, tendrá que "consultar a un médico o médica consultor" que "deberá corroborar el cumplimiento de las condiciones" y elaborar un informe para continuar con el proceso de la eutanasia. 

Si los dos aceptan la petición, entra en juego la Comisión de Control y Evaluación. Su función, señala el texto, será revisar que todo se ha hecho según el procedimiento establecido. Pero el problema, según explica Marín, es que será un órgano dependiente de las comunidades autónomas. "Nos preocupa muchísimo", lamenta. Y es que está convencido de que las autorizaciones para llevar a cabo la eutanasia dependerán de las fuerzas políticas que ocupen los Gobiernos autonómicos y no sólo de las consideraciones puramente médicas. "Puede ocurrir que en Andalucía, Murcia o Madrid no haya apenas autorizaciones y la gente, ante la dilación del proceso, opte por ir a otra comunidad". Y eso, a su vez, podría provocar un importante atasco del sistema. Por eso opta, dice, por que ese control sea posterior a la realización de la eutanasia. 

No obstante, no todo es negativo. Según Marín, la ley introduce un concepto "muy positivo": se puede dejar por escrita la voluntad de someterse a la eutanasia en el testamento vital. "Esto supone una esperanza enorme para las personas con demencia porque hay muchas a las que les angustia su futuro", celebra. "Lo pueden comunicar en cuanto sean diagnosticadas y tener una salida que no sea aguantar todos esos años de dependencia si consideran que es una vida indigna", dice. Además, los socialistas abogan por incluir la práctica dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y regular la labor de los médicos ante estos casos, permitiendo que los profesionales puedan apelar a la objeción de conciencia. 

La experiencia de Holanda, Bélgica y Luxemburgo

Salvo sorpresa, la tramitación de la ley de eutanasia comenzará este martes. Pero eso es sólo el comienzo del camino. A ese trámite parlamentario tendrá que seguir el periodo de enmiendas y, más tarde, de debate y de aprobación final de la normativa. En caso de que eso se produjera —en la fecha que fuera—, España entraría a formar parte del grupo de países europeos que apuestan con firmeza por el derecho a morir dignamente. Un reducido club que se encargó de abrir Holanda con una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2002 y que permite la eutanasia activa para las personas que están sometidas a un sufrimiento insoportable sin expectativas de mejora incluso si son menores de edad o tienen trastornos psiquiátricos. Pero para ello, el paciente lo tiene que decidir libremente y el médico que la aplica debe consultarlo antes con otro doctor, o con dos en el caso de que el sufrimiento sea psicológico.

Bélgica siguió el camino marcado por Holanda y en septiembre de 2002 despenalizó la eutanasia bajo estrictas condiciones, como que exista un sufrimiento físico insoportable o que la muerte a corto plazo sea inevitable. Para ello, la petición debe ser reiterada y voluntaria y el médico tiene la obligación de consultarlo con otro especialista de la patología determinada. Siete años después, el que se encargó de legalizarla fue Luxemburgo.

Caso diferente es el de Suiza, donde la eutanasia activa está penada con hasta cinco años de cárcel pero es legal el suicidio asistido cuando se produce a petición de la víctima y no está motivado por "razones egoístas", tal y como recoge el Código Penal. No existe una ley al respecto que establezca requisitos como los existentes en el resto de países con legislación sobre muerte digna, lo que motiva que personas se trasladen a ese país para acabar con sus vidas.

En esos países, según Marín, la experiencia ha sido "muy positiva". "Allí también hay grupos que intentan encontrar un hueso para hincar el diente, pero todavía no lo han conseguido", celebra. 

El pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional italiano avaló, a pesar de la presión ejercida desde el Vaticano, el suicidio asistido "bajo ciertas condiciones", dejando claro que la ayuda a una persona con una patología irreversible para que ponga fin a su vida no puede ser punible en cualquier situación. De momento, no obstante, el Parlamento no ha tomado ninguna decisión. 

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Un paso muy importante

En cualquier caso, según dicen Lorente, Gómez y Marín, el paso que este martes dará el Congreso de los Diputados es muy importante. Con la aprobación de una norma como la que se propone, los casos de Maribel Tellaetxe, de Luis de Marcos o de María José Carrasco, la mujer con esclerosis múltiple a la que su marido, Ángel Hernández, ayudó a morir, no volverían a repetirse. 

Aunque llega tarde, según Lorente. "El respeto a los Derechos Humanos siempre llega tarde porque nunca deberían de haber sido vulnerados", dice. Y opina que la ley, una vez aprobada, deberá continuar un recorrido político y social acorde con las demandas de la ciudadanía. Y en este sentido, dice, su deseo es que el único requisito para poder someterse a la eutanasia sea la voluntad del paciente. "¿Quiénes somos nosotros para decirle a nuestro vecino que no se puede morir porque no está tan mal?", se pregunta. "Pero bueno, entendemos que por desgracia los derechos no se conquistan de golpe y hay que ir dando pasos. Y este no es un paso pequeño", celebra.