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Libertad de expresión

César Strawberry, sobre la criminalización de la apología del franquismo: “Prohibir al prohibicionista es darle la razón”

El líder del grupo de música Def con Dos, César Strawberry; Antonia Ávalo Torres, co-creadora de la perfomance del coño insumiso y el humorista de Mongolia, Darío Adanti, posan tras su participación en la Mesa Redonda sobre Libertad de Expresión.

El cantante y líder de Def con dos, Cesar Strawberry, consideró este jueves en el Congreso que “la libertad de expresión tiene un problema muy grande en España”. El músico argumentó que “extender los delitos de odio y de opinión es un error” ya que “empobrece” nuestra democracia: “Nos muestra nuestra incapacidad de debate y gestión”. De este modo, el artista, condenado por enaltecimiento del terrorismo a un año de cárcel tras escribir unos tuits, señaló que la medida anunciada por el PSOE de tipificar como delito la apología del franquismoapología del franquismo supone un error, ya que entiende que “prohibir al prohibicionista es darle la razón”.

“En democracia el tener mal gusto es un derecho, y que hay que reivindicar al bufón y defenderlo, porque es donde una sociedad puede enfrentarse al poder”, argumentó el músico. “El poder teme al humor, a la sátira, a todo lo que no hace que no estés triste y cabreado”, señaló.

Cesar Strawberry fue uno de los ponentes que participó en la mañana de este jueves en el Congreso en la Jornada sobre Código Penal y libertad de expresión en España, organizada por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)con motivo del quinto aniversario de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Junto al músico, intervinieron Antonia Ávalos Torres, cocreadora de la perfomance del coño insumiso, y el humorista de Mongolia Darío Adanti, cuyo medio fue condenado a indemnizar al torero Ortega Cano con 40.000 euros por una portada satírica publicada en la revista.

Respecto a la resolución de su recurso por parte del Tribunal Constitucional, el artista espera "que el TC acate lo que es la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en lo referente a la libertad de expresión" e insistió en que el Tribunal de Garantías "sea coherente con la ley europea, a la que debe obligada obediencia".

"Creo que tengo derecho a estar aquí"

Antonia Ávalo Torres, feminista y activista y co-creadora de la perfomance del coño insumiso, denunció el “terrorismo verbal” de muchos parlamentarios contra las minorías, y reivindicó de paso su apoyo a los menores no acompañados perseguidos en un acto de campaña de Vox en Sevilla.

Torres denunció que sus compañeras salieron a reivindicar el derecho de la mujer frente a la violencia machista, y criticó que su denuncia provenía de Abogados Cristianos. “Pensamos que fue una represión selectiva”, argumentó la feminista. Señaló que la asociación ultracatólica busco tres blancos específicos: una mujer joven, otra de mediana y anarquista, y por último a ella, más mayor e inmigrante, con el objetivo de “dar un escarmiento” por "brujas que se atreven a apropiarse de esa parte del cuerpo y a tener placer, y no estar sometidas y destinadas a parir".

“Creo que tengo derecho a estar aquí”, reivindico la activista ante la protesta de Vox por su presencia, junto a Strawberry, en el Congreso. “Soy una buena ciudadana, una buena cuidadora, trabajo en un comedor social en La Macarena donde estoy rodeada de mujeres pobres víctimas de violencia de género. Chicas jovenes, chicos de los barrios, chicos de casas okupas de Los Huertos, y ahí tenemos un espacio de encuentro donde comemos y nuestra lucha es a golpe de lentejas, de gazpacho, de amor, de ternura, de baile, de chistes… de todo lo que tiene la ciudadanía de abajo, todo lo bonito que tiene la ciudadanía de abajo”, sentenció.

Los juristas asistentes coincidieron con el músico en que la tipificación del delito de exaltación del franquismo supone un error ya que consideran que este tipo de delitos ya está recogidos en el Código Penal. Jon Barata, jurista de PDLI, estimó que el discurso político está protegido por los estándares internacionales, independientemente de la ideología. “Incluso las contrarias al texto constitucional”, incidió.

Barata insistió en alejarse del referente de la legislación alemana, que sí condena el enaltecimiento del nazismo, y poner el ojo en otros países como Hungría cuando decidió criminalizar la apología del comunismo, “incluso mostrar la hoz y el martillo”.

En las misma línea se ha expresó Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, que defendió que la exaltación al franquismo solo debe ser perseguida en tanto que haya una incitación a la comisión de un delito. El portavoz destacó que “las mayorías son cambiantes” y, por encima de todo, argumentó que “no hay que convertir en mártires de la libertad a los franquistas”.

España, a la cabeza de alertas contra la libertad de prensa

Juan Carlos Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas, defiendió por su parte, que “hay un deterioro general de la libertad de expresión por toda Europa” y destacó que, de los 27 miembros que forman la UE, se han registrado en los últimos cinco años 272 violaciones graves de la libertad de expresión, y 14 asesinatos de periodistas.

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Gutiérrez incidió en que de las 20 alertas registradas en España en estos años, 14 siguen estando activas y produciendo efectos en la libertad de prensa, como es la ley mordaza. De este modo, España se sitúa en el cuarto lugar dentro de la Unión por mayor número de alertas, por detrás de Italia, Francia y Grecia.

También destacó que el resto de las alertas resueltas trataron sobre el caso de Football Leaks, algunas de cuyas informaciones acabaron en los tribunales, o la posibilidad de toma de control de los medios públicos catalanes por parte del Gobierno español en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, bajo el mandato de Mariano Rajoy en 2017.

También destacó las agresiones a periodistas en el marco de las manifestaciones de Cataluña en 2019, y la denuncia la pasividad del Estado, que a través de la ley mordaza “no permite a los periodistas ser testigos de la violencia policial”.

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