Rosario Rey se desvincula del informe que Avalmadrid encargó para exculpar penalmente a Ayuso

La expresidenta de AvalmadridRosario Rey aprovechó este viernes su comparecencia en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la entidad semipública para desvincularse del informe que la propia sociedad de garantías encargó al bufete Racmo Gestión y que exoneraba de responsabilidad penal a Isabel Díaz Ayuso en relación con el aval concedido a la empresa de sus padres. “Ese informe no lo encargué yo”, declaró tajante Rosario Rey, que presidió Avalmadrid entre octubre de 2015 y agosto de 2019. Según dijo, ese documento tampoco “pasó” por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuando los diputados le preguntaron quién lo había encargado entonces, Rey respondió que, si no rebasaba determinado importe, podía pedir un análisis de ese tipo el director general o el Comité de Morosidad.

En 2019 Avalmadrid encargó a Racmo Gestión dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces la sociedad de garantías para el recobro de deudas.

Según publicó infoLibre, Racmo Gestión España es la empresa que acababa de firmar –en junio de 2019– un contrato con Avalmadrid para encargarse del cobro de deudas. Es decir, la compañía que ha sustituido a Cobralia en esa tarea. Su presidente, y quien firma los dos documentos es Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80 y abogado con más de dos décadas de experiencia en la gestión del cobro de deudas. No es un penalista. El análisis que hizo sobre la posible responsabilidad penal de los avalistas del aval impagado del caso Ayuso ocupa exactamente 23 líneas, poco más de medio folio.

Además de este informe, la sociedad de garantías también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de Cobralia, pese a que Racmo Gestión no sólo es uno de sus competidores, sino que además acababa de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio.

El análisis sobre el aval de MC Infortécnica SL fue filtrado a Libertad Digital, el periódico online de Federico Jiménez Losantos, el 13 de agosto de 2019, el mismo día que Isabel Díaz Ayuso se presentaba a la sesión de investidura como presidenta madrileña.

Ese documento exonera a la presidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de alzamiento de bienes. Primero examina la “situación de los avalistas” de MC Infortécnica SL, los cuatro matrimonios dueños de la empresa, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. La conclusión es que la “ausencia de solvencia es patente”. Lo curioso es que Racmo sólo analiza la situación de un avalista: Isabel Ayuso Puente , la madre de la presidenta. Después estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. Y su conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales.

Finalmente, se ocupa de la cuestión penal. Y lo hace de forma llamativa. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: “Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Díaz Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar –a quien en el informe unas veces se llama “Pitchar” y otras “Pitcher”, pero nunca por su verdadero nombre–. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos. Los juristas consultados por este periódico calificaron de “incomprensible” que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

“Riesgo reputacional”

En contraste con el informe encargado a Racmo, Rosario Rey reclamó para sí de forma contundente la iniciativa sobre el informe que la auditoría interna de Avalmadrid elaboró sobre la gestión del recobro del aval a MC Infortécnica SL. “Yo lo pedí”, casi interrumpió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera cuando le preguntó por el documento de julio de 2019 que hizo suyo la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría. Los diputados también le preguntaron por los motivos que le movieron a reclamar ese análisis. Rey explicó que, cuando se publicó en la prensa el supuesto trato de favor concedido a la empresa de los padres de Díaz Ayuso, advirtió en la noticia “aspectos relevantes” que podían suponer un “riesgo reputacional” para Avalmadrid. “Creí que se podía generar un ruido que podía tener un coste de reputación importante para la sociedad”, subrayó.

Aun así, intentó rebajar la importancia del gesto asegurando que había hecho lo mismo con otras operaciones y que el caso de MC Infortécnica SL no lo había comentado en la Consejería de Economía, a la que sí informaba, en cambio, sobre “temas de vital importancia”, o si tenía que tomar “decisiones estratégicas importantes”. Por ejemplo, sí le comunicó el expediente que abrió el Banco de España a Avalmadrid y la denuncia que la propia sociedad presentó ante la Fiscalía a raíz de esa inspección.

Otro tanto ocurrió con los informes que el consejo de administración, que Rosario Rey presidía, encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre la venta de la cartera de fallidos a Cobralia. También en esa operación la expresidenta halló aspectos revelantes que podían tener un coste reputacional. De hecho, habló de “posibles irregularidades” que podían “incidir en las cuentas o el patrimonio de Avalmadrid” y conducir a la toma de “medidas penales”. Más adelante declaró terminante que en la época en que ella presidió la sociedad de garantías –2015-2019– “no se vendió ninguna cartera de fallidos”. La operación con Cobralia se firmó en junio de 2012.

El informe de PwC, que lleva fecha de diciembre de 2018, dictamina que son “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos como de un contrato de subrogación anterior, de 2010, e igualmente la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas, presidente de Cobralia, para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba hasta entonces. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, concluían los analistas.

“La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”

El caso es que ni Avalmadrid ni Cobralia fueron muy diligentes a la hora de recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL dejó sin devolver. Así se lo recordaron los diputados a Rosario Reyes.

La empresa de los padres de Díaz Ayuso no reintegró ni la primera cuota del aval, que debía abonar el 15 de diciembre de 2011. Por entonces ya estaba en quiebra: sólo tres meses después de embolsarse los 400.000 euros dejó de pagar las nóminas de los trabajadores y el 23 de septiembre de aquel año despidió a la práctica totalidad de la plantilla. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió regularizar el importe vencido e impagado —100.000 euros de principal más los intereses, que en ese momento ya superaban los 6.000 euros—, ejecutar la hipoteca sobre una nave del pueblo abulense de Sotillo de la Adrada y embargar los bienes de los avalistas. Pero no hizo nada. Hasta que en noviembre de ese año entregó el expediente a Cobralia para que recuperara el dinero. En 2015, tres años después, esta empresa pidió instrucciones a Avalmadrid sobre cómo proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL e incluso propuso dos posibles vías de acción. Pero la sociedad de garantías no contestó. El resultado fue que durante siete años Avalmadrid no actuó contra los avalistas morosos, que mientras tanto, en varias operaciones de posible alzamiento de bienes, se han deshecho de todo el patrimonio con el que respaldaron la operación de MC Infortécnica SL.

Al respecto Rosario Rey recalcó que las empresas externas encargadas por Avalmadrid de recuperar las deudas están “obligadas a hace todo lo que les dicta” la sociedad de garantías. Como fue Avalmadrid la que no contestó a las propuestas de Cobralia, la expresidenta expresó su descuerdo con “esa práctica”. “La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”, sostuvo. Lo mismo remachó sobre el Comité de Morosidad: “Lo que aprueba debe cumplirse”.

Eso sí, Rosario Rey respondió con evasivas a una pregunta clave que le planteó el diputado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid: si Avalmadrid lleva ocho años sin actuar contra los avalistas, y de ese periodo Rey fue presidenta durante cuatro años, ¿no le toca acaso una parte alícuota de la responsabilidad por esa actuación negligente?

La denuncia ante la Fiscalía

Tras comunicar el Banco de España los resultados de su expediente y proponer sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y ejecutivos, así como a la propia Avalmadrid, el consejo de administración que presidía Rosario Rey encargó un informe más, a Forest Partners. En este caso, la consultora debía analizar los 167 avales en los que el Banco de España había descubierto irregularidades. Ese documento destapó los avales que Avalmadrid había concedido a empresas vinculadas con miembros de su consejo de administración o con el PP. Acto seguido, Avalmadrid presentó una denuncia ante la Fiscalía contra algunas de las personas mencionadas en el expediente del Banco de España. Que el ministerio público terminó archivando al considerar prescritos los posibles delitos.

Sin embargo, ese movimiento no fue pacífico en el interior de la sociedad de garantías. Los diputados le preguntaron a Rosario Rey por qué su director general, Pedro Embid, se negó a firmar aquella denuncia. La expresidenta no contestó y remitió a los grupos al propio Embid. Sólo mencionó unos “motivos personales”. La diputada socialista Pilar Sánchez Acera le mostró su sorpresa por el hecho de que, 10 meses después de aquella discrepancia, Pedro Embid siga siendo el director general de Avalmadrid. “Pero usted ya no esté allí”, apuntó. “Eso debería contestarlo el actual consejo de administración”, se limitó a contestar Rey.

Rotellar no recuerda, Carrasco no conoce

En la comisión también compareció otro presidente de Avalmadrid, José María Rotellar, que apenas contestó a las preguntas de los diputados. “No recuerdo”, “no tengo constancia” fueron las respuestas que dio a casi todo lo que le fue planteado. También aseguró que no estaba en “el día a día” de la empresa, por lo que no podía dar información sobre operaciones concretas. Se trata de la misma línea que siguieron los otros dos expresidentes que comparecieron en la comisión el pasado diciembre, Eva Piera y Juan Luis Santos-Suárez. Así, no recordaba ningún detalle sobre los cinco avales por importe total superior a los tres millones de euros que Avalmadrid concedió al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Es una de las operaciones señaladas por el Banco de España.

Tampoco recordaba nada de los diferentes avales otorgados a empresas participadas por Capital Riesgo Madrid –participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de Avalmadrid–, igualmente incluidos en el expediente del supervisor financiero. O del aval aprobado para Madrid Network, una entidad privada que también dirigió Rotellar, cuando éste se sentaba en el consejo de administración de Avalmadrid –entre 2008 y 2014–.

El director general de Avalmadrid no es capaz de explicar por qué encargó un informe a medida para exculpar penalmente a Ayuso

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José María Rotellar admitió que mantiene“una cierta amistad” con Isabel Díaz Ayuso desde 2006, cuando la conoció “en Navacerrada”. Con ella “coincidió” en Madrid Network, donde también trabajó la hoy presidenta madrileña.

Antes había comparecido en la comisión Antonio Carrasco Reija, que como secretario general técnico de la Consejería de Economía había ocupado un puesto de vocal en el consejo de administración de Avalmadrid entre 2015 y 2019 y antes había sido interventor de la Comunidad de Madrid. Carrasco negó en dos ocasiones conocer a Jesús Juan Ciro Martín Sanz, vicepresidente de la patronal CEIM, consejero de Avalmadrid y, al mismo tiempo socio –con un 5% del capital– y padre del accionista mayoritario de la empresa Cubenube SL, una de las analizadas tanto por el Banco de España como por la consultora Forest Partners por sus vinculaciones.

Pese a la insistencia del diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, Antonio Carrasco rechazó cualquier conexión con Martín Sanz, pese a que ambos compartieron en la misma época, 2016, dos consejos de administración: el de Avalmadrid y el del Centro de Transportes de Coslada, una sociedad pública participada por la Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento de ese municipio madrileño. Forest Partners dictamina que el aval nunca debió concederse no sólo por las vinculaciones entre la empresa y el consejero de Avalmadrid, sino también porque Cubenube incumplía su plan de negocio y no presentó garantías suficientes.