La última dimisión en Vox siembra dudas sobre el funcionamiento de un partido que ya acumula una decena de escándalos

Continúa el goteo de salidas en el seno de la ultraderecha española. La presidenta de Vox Sevilla, María José Piñero, ha anunciado este martes su “dimisión irrevocable” del cargo tras apreciar que la formación política estaba tomando “una deriva” basada “en relaciones de poder, soberbia y miedo”. La salida de la líder del partido ultra en la ciudad andaluza se ha producido sólo un mes después de que la diputada del partido de extrema derecha en el Parlamento de Andalucía, Luz Belinda Rodríguez, abandonase el grupo parlamentario tras denunciar ante la Policía Nacional haber sufrido “acoso laboral” por parte de sus compañeros. Y a poco más de una semana de que Vox celebre su Asamblea General. Un cónclave en el que Santiago Abascal revalidará su liderazgo hasta 2024 sin oposición. La candidatura alternativa, que fue oficialmente descartada por no haber alcanzado los avales necesarios, ya ha denunciado pucherazo y ha amenazado con acudir a los tribunales por la “profunda opacidad” que ha rodeado el proceso. Una supuesta irregularidad más que se sumaría a la larga lista de denuncias internas que han marcado los últimos años de vida de la formación.

La carta enviada por Piñero a la militancia, adelantada por Diario de Sevilla, sembraba ciertas dudas sobre la gestión del partido. Así, la presidenta de Vox en la ciudad andaluza denunciaba la existencia de una “estructura paralela al margen de la voluntad democrática de los afiliados”, protagonizada por “determinados personalismos” y “apoyada” por la dirección de la formación “al margen del ordenamiento estatutario”. Y afirmaba que se ha “jugado irregularmente con los recursos económicos de los afiliados para lanzar la carrera política y las ambiciones de unos pocos, que fuera de todo talento, solo buscan su proyección personal”. “Hace diez días envié un burofax a las más altas instancias del partido para que estos problemas fuesen subsanados de manera fulminante, obteniendo la negativa y la amenaza por respuesta”, explica Piñero. Vox, sin embargo, ha desmentido la existencia de una “estructura paralela” y ha respondido a las dudas sembradas sobre el uso de los recursos económicos: “Las cuentas de la formación en el conjunto de España están auditadas y sometidas a todos los controles legales que establecen la legalidad escrupulosa de las mismas”.

Tras conocerse la renuncia de Piñero, el presidente del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, ha decidido formalizar su dimisión como vocal en la ejecutiva provincial de Sevilla. El movimiento es más bien simbólico, puesto que la salida de Piñero implica la caída de toda la dirección. Sin embargo, el juez ha querido dar este paso como gesto de respaldo a la ya expresidenta de Vox Sevilla y como rechazo al trato que el partido esta dando a todos aquellos que defendieron el proyecto desde su origen.

Supuestas irregularidades y dudas sobre la financiación

No es la primera vez que se denuncian irregularidades económicas dentro del partido que lidera Santiago Abascal. De hecho, el pasado mes de julio, la tesorera de Vox Baleares, Núria Díez, decidió renunciar al cargo ante la “absoluta confusión” que existía en las cuentas de la formación. Y lo hizo dejando constancia ante notario de que le había sido “imposible” llevar a cabo sus funciones “dadas las muchas trabas encontradas, la imposibilidad de acceder a los datos bancarios, facturas, certificado digital, datos de donantes”, tal y como desveló El Mundo. En el documento notarial, Díez señalaba que no había sido capaz debido a estas trabas de “hacer la auditoría de las cuentas” de Actúa Baleares, la formación coaligada con Vox en las islas que concentra el grueso de la estructura del partido de extrema derecha en el archipiélago. En el documento, además, apuntaba que “gran parte de los integrantes del Comité Ejecutivo de Actúa” habían “cobrado altísimas minutas por su ‘esfuerzo’ desde su creación”.

También en Murcia existen dudas después de que La Marea desvelara que el coordinador del partido en Cartagena, Luis Armada, había usado una cuenta bancaria personal para financiar a la formación a través de sus afiliados, lo que sería constitutivo de una infracción de la Ley de Financiación de Partidos. El caso fue puesto en manos de los tribunales a través de una denuncia interpuesta por un afiliado contra Armada y los diputados autonómicos Pascual Salvador y Francisco Carrera. En el escrito, aseguraba que tuvo que ingresar en una cuenta del coordinador del partido en Cartagena, que habría sido abierta por Carrera, parte de la cuota mensual. “Ante dicha discrepancia, y ante el hecho indiscutible que a pesar de negar todo conocimiento Pascual Salvador, no sólo no ha tomado medida alguna, sino que ha mantenido en puestos de responsabilidad a los otros dos denunciados, […] pudiera haberse cometido bien por los tres denunciados en grupo, bien por algunos de ellos individualmente, tanto delitos económicos como infracciones relativas a su actividad de financiación política”, completaba.

Pero las sombras sobre la financiación de Vox no son exclusivas de sus territorios. De hecho, el partido de extrema derecha se fundó con un millón de euros procedentes del exilio iraní. El dinero de las más de un centenar de transferencias internacionales realizadas por los seguidores del denominado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), un colectivo heredero de una organización que en su momento fue incluida en varias listas de grupos terroristas, se ingresó en una caja común que sirvió para abonar salarios, fianzas y alquileres desde la puesta en marcha de la formación. Entre los que percibieron sus sueldos gracias a los opositores iraníes destacan Santiago Abascal, que recibió 3.570 euros mensuales netos, y el portavoz de los ultras en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cuyo salario se fijó en 2.300 euros mensuales netos, según reveló el diario El País. En total, entre los dos percibieron alrededor de 65.000 euros. Tras conocerse la noticia, Espinosa de los Monteros insistió en que dicha financiación había sido “absolutamente legal” y “muy transparente”.

los negocios de algunos dirigentes

Además de por las dudas sobre el funcionamiento interno de la formación, Vox también acumula manchas por los negocios privados de algunos de sus dirigentes. Es el caso del presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano. En noviembre, la Fiscalía Provincial de Sevilla decidió abrir una investigación por un posible fraude de subvenciones en una ayuda pública de 2,3 millones de euros obtenida por la empresa Bio Wood Niebla SL, de la que el juez fue administrador entre marzo de 2016 y octubre de 2017. Serrano constituyó la empresa declarando que aportaba una maquinaria que no tenía, consiguiendo con ello un préstamo público de 2,48 millones de euros que no devolvió para una fábrica de pellets en la localidad de Niebla (Huelva) que no terminó. Las informaciones publicadas por infoLibre [ver aquí el dossier del caso Serrano] alertaron a la Policía Nacional, que las puso en conocimiento del Ministerio Público. La investigación sigue actualmente su curso, pendiente del resultado de nuevas pesquisas policiales que se encuentran en desarrollo.

Bajo la lupa de la justicia se encuentra también quien fuera colocado como número dos de los ultras por Albacete para las generales del 10N. Juan Francisco Robles Descalzo deberá comparecer el próximo mes de marzo en el Juzgado de lo Penal número 3 de la ciudad manchega, donde se le va a juzgar por seis delitos contra la Hacienda Pública por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 24 años de cárcel y el pago de una multa de 3,56 millones de euros. Tanto a él como a su esposa y a su suegro se les acusa de haber creado un entramado de empresas instrumentales con testaferros para confeccionar facturas falsas, con las que defraudaron 1,78 millones de euros entre 2007 y 2009, tanto en el impuesto sobre sociedades como en el IVA. Robles, cuyas empresas ya habían sido sancionadas en dos ocasiones por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha por el descontrol de sus registros, decidió renunciar a su puesto en las listas cuando se conoció que tendría que sentarse en el banquillo por seis posibles delitos fiscales. Tal y como desveló infoLibre, Robles utilizó a dos ciudadanos rumanos como testaferros en empresas creadas para defraudar al fisco.

Las condenas

En la actualidad, Vox tiene gestoras en casi una treintena de provincias. Es el caso por ejemplo de Las Palmas, que se encuentra en situación de interinidad desde que en febrero del año pasado tomaran la puerta de salida tanto el presidente como el coordinador provincial, Ricardo Baña y José Luis Moyano, respectivamente. Al primero, se le exigió la dimisión después de conocerse que había sido condenado por sentencia firme de la Audiencia Provincial a dos años de cárcel por un delito fiscal y que tenía que pagar 281.000 euros más los intereses antes de enero de 2021 para evitar la prisión. Moyano, por su parte, estaba siendo investigado en ese momento por estafa a una comunidad de apartamentos turísticos. Sin embargo, en su caso se le decidió apartar por “comportamientos y actitudes amenazantes inapropiadas”. En concreto, por varios mensajes que mandó por un grupo de mensajería instantánea conformado por los propietarios del complejo turístico que le habían denunciado por estafa y administración desleal. “Quién sabe, igual dentro de cinco años soy el ministro del Interior o, al que lo sea, lo conozco”, escribió dirigiéndose a un policía nacional que firmó dicha denuncia.

Sentencias en su contra tienen también algunos de los máximos responsables nacionales de la formación ultraderechista. Uno de ellos es el vicepresidente primero de Vox, Víctor González Coello de Portugal. El Tribunal Supremo confirmó en 2018 una resolución de la Audiencia Provincial de León que inhabilitaba al también vicesecretario de Recursos del partido para administrar bienes ajenos y “representar o administrar a cualquier persona” durante un periodo de tres años. “Se han cometido irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación real, financiera y patrimonial de la empresa concursada”, sostuvo en su resolución el órgano judicial sobre Marmolería Leonesa, de la que el dirigente ultra fue administrador único. La firma fue comprada por González Coello de Portugal en 2007, entrando siete años después en concurso voluntario de acreedores. Con una deuda de casi 4 millones de euros, la compañía, que según la Audiencia Provincial de León “llevaba una contabilidad no adecuada a la normativa legal”, cerró y despidió a sus 60 trabajadores.

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También ha recibido varapalos judiciales el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. La primera sentencia llegó en noviembre de 2014, cuando se condenó a Pedro Heredia 6 SL –la sociedad del dirigente ultra– a pagar 74.108 euros a la empresa a la que Espinosa de los Monteros había contratado para la construcción de su vivienda. La condena fue ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid, que rebajó el montante hasta los 57.038 euros. Sin embargo, Pedro Heredia 6 SL nunca pagó esa deuda, por lo que la firma perjudicada decidió demandar directamente al político. De nuevo, tanto en primera instancia como en Audiencia Provincial el dirigente ultra fue condenado a pagar de su bolsillo el dinero que dejó a deber por las obras de su casa –63.183 euros– más las costas judiciales. Además de esta mancha, tanto Espinosa de los Monteros como la actual líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, acumulan ya más de una docena de casos de irregularidades urbanísticas.

Violencia machista en Ceuta

El último escándalo que ha salpicado a Vox se conoció hace justo una semana, cuando trascendió que la Guardia Civil estaba investigando al senador ultra por Ceuta, Juan Ros, por una agresión sufrida por su pareja. Los hechos ocurrieron sólo un día antes, cuando agentes del Instituto Armado acudieron al domicilio tras una llamada al 112. Allí, el parlamentario reconoció la agresión, según adelantó eldiario.es. El pasado lunes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga decretó una orden de alejamiento de 500 metros respecto a su pareja. Tras conocerse los hechos, Ros fue suspendido de militancia y sometido a expediente disciplinario. El político también renunció a su escaño, aunque esta misma semana ha enviado un burofax a la Cámara Alta para rectificar su renuncia y solicitar su reingreso en la institución. “No es una responsabilidad de Vox”, apuntaron entonces desde el partido, asegurando que será la Mesa y los letrados del Senado los que tengan que resolver el conflicto.