El juez Florit sostiene en el juicio del 'caso móviles' que incautar teléfonos a un periodista "no compromete" el secreto profesional

El juez Miguel Florit, acusado por el denominado caso Móviles, ha asegurado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que con su orden de incautación de móviles a redactores "no comprometía el derecho al secreto profesional de los periodistas", informa Europa Press.

En su declaración, el juez ha señalado que con su orden, realizada a instancias de la Policía, "en cierto sentido" sí "tenía la intención de saber quién era el autor" de un presunto delito de revelación de secretos. Además, ha señalado que tenía fundadas sospechas de quiénes eran los autores del mismo.

"Este informe fue la gota que colmó el vaso" pues, según ha contestado Florit a preguntas del representante de la Fiscalía, Bartomeu Barceló, ya se habían producido otras denuncias por actuaciones similares y lo consideró un "hecho gravísimo".

Tras el interrogatorio de Florit, ha intervenido un representante de la defensa de los medios afectados que ha apreciado una "contradicción" en lo declarado por el juez. La defensa de los medios afectados –Europa Press y Diario de Mallorca–, así como los dos periodistas –Blanca Pou y Kiko Mestre– presentaron una querella contra Florit en la que le piden penas que suman 42 años de inhabilitación por vulnerar el secreto profesional, la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

Así, ha dicho que en instrucción Florit dijo no haberse planteado la vulneración de derechos y ante la Sala, este jueves, ha dicho que sí valoró que con la incautación de móviles no vulneraba el derecho al secreto profesional.

La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al caso Cursach.

"Era más importante averiguar el delito que el derecho al secreto profesional"

El juez ha asegurado que "era más importante averiguar el delito, que no el derecho profesional de los periodistas" en cuanto a que sus fuentes, según ha dicho, "no eran tan secretas" puesto que "los mismos periodistas ya decían en sus publicaciones que lo conocían a través de fuentes policiales". "Pensé que era mi deber investigar el delito y que el delito era grave y debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremo", ha dicho. 

Durante el juicio, también ha declarado como testigo el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, que ha explicado que informó a favor del rastreo de llamadas a dos periodistas pues se estimó que era "menos invasivo" pedir los listados de sus terminales y "aplicar una búsqueda selectiva" con los teléfonos de los policías que "podían haber cometido el delito" para obtener las "evidencias" que pedir el listado de "30 o 40 funcionarios".

El fiscal ha explicado que se mostró a favor de las actuaciones, que también incluyen el decomiso de los dispositivos móviles a los dos periodistas, pues no era "solo el asunto del informe de la Agencia Tributaria, sino que se habían filtrado muchas cosas a lo largo de mucho tiempo". "Era un delito continuado", ha asegurado. Así, ha detallado que conocían que las informaciones publicadas tenían su origen en funcionarios policiales pues "una foto que se filtra provenía de un chat en el que solo intervenían policías".

Por otro lado, Carrau ha dicho que Florit le dijo: "Estoy muy presionado, voy a devolver los teléfonos". Así, ha dicho que no entró a discutir el origen de las presiones y ha dicho desconocer porque el juez decía sentirse así, pero ha explicado que también le explicó que ya no era "tan necesario ni tan eficaz" inspeccionar los móviles pues ya tenían "mucha prueba" contra los policías que investigaban.

Mestre no vió alternativa

El periodista de Diario de Mallorca Francisco Mestre ha explicado que cuando la Policía le requirió su dispositivo móvil no vio una alternativa a entregarlo pues los agentes tenían una orden judicial: "¿Cuál era la alternativa, ser acusado de un delito de desobediencia, tirarme al suelo?".

Según ha dicho Mestre ante la Sala, desde que tuvo lugar el suceso, ha cambiado su vida a nivel familiar pero "sobre todo a nivel profesional" pues ha quedado "marcado" y ha perdido sus fuentes. Además, ha expresado que está en "tratamiento médico" desde entonces y que tiene un "cuadro de ansiedad y casi depresivo".

"Tú no tienes que hablar nada, esto es la ley"

La periodista de Europa Press Blanca Pou ha explicado que la Policía accedió a su móvil durante el registro a Europa Press. Durante su declaración, ha explicado también que antes de que le requisaran su teléfono móvil personal, dos ordenadores, un pendrive y distinta documentación en papel pidió hablar con la asesoría jurídica de su empresa pero los agentes policiales se lo impidieron. "Tú no tienes que hablar nada, esto es la ley", le dijeron, ha explicado la redactora antes de decir que le insistieron con que tenían una orden judicial.

La FAPE lamenta la absolución del juez Florit por requisar los móviles de dos periodistas

Ver más

Ante esto, Pou les dijo a los agentes que, si actuaban de esa manera, su secreto profesional "quedaba en papel mojado" y estos le respondieron que "aquí se investiga un delito y con lo cual tu secreto profesional pasa a un segundo plano".

Pou también ha relatado cómo uno de los agentes navegó en el menú de su dispositivo móvil. Según ha precisado, no sabe si miró el contenido de sus whatsapps pero sí que "accedió a la caja fuerte del teléfono" y para llegar hasta ese apartado hay que realizar varios pasos, ha precisado.