Los obispos cambian de presidente tras más de 20 años con Rouco y Blázquez turnándose

Lo más útil para empezar a entender cómo funcionan las elecciones en la Iglesia católica española es tirar a la basura casi todo lo que uno cree saber sobre cómo funcionan unas elecciones. Aquí no hay candidatos oficiales, no hay campaña pública. Pero por supuesto que hay aspirantes, cada uno con sus valedores entre bambalinas. ¿Qué hay en juego en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que empezó este lunes y dura hasta el viernes? Se elige, fundamentalmente, al presidente de la CEE, cargo que desde 1999 hasta ahora sólo han desempeñado, turnándose, dos hombres, Antonio María Rouco Varela (1999-2005, 2008-2014) y Ricardo Blázquez (2005-2008, 2014-actualidad). Más integrista y beligerante el primero, más contemporizador y moderado el segundo, ambos han sido haz y envés de una misma moneda episcopal, porque pocas instituciones habrá más corporativas que la Iglesia y que defiendan más al unísono su estatus y porque ambos comparten espectro conservador. No obstante, las sutilezas son decisivas en la Iglesia y un simple relevo acelera o frena procesos de gran alcance.

Esta vez, la decisión sobre el líder de la Iglesia en España, cuya identidad podría conocerse este martes, se antoja determinante. Habrá cambio. Y podría ser profundo.

Quién sea el nuevo presidente será un elemento de gran importancia en el rumbo de la institución católica para los próximos cuatro años, que correrán casi en paralelo a la legislatura política estatal –si no hay adelanto electoral– y que se avecinan plagados de retos e incertidumbres para la Iglesia. Toca implantar las medidas exigidas por el papa contra la pederastia.

También renegociar con el Gobierno su estatus económico, amenazado por la auditoría del Tribunal de Cuentas y por el programa de PSOE y Unidas Podemos, que prevé revisar las inmatriculaciones y rebajar las exenciones fiscales. Está por ver el alcance de las creciente reivindicaciones de la mujer en el seno de la Iglesia. La reforma de la ley educativa podría afectar a la concertado, bastión de influencia de la Iglesia.

Juan José Omella

El nombre que circula con mayor insistencia, aunque su elección no está en absoluto asegurada, es el del cardenal Juan José Omella (Cretas, Teruel, 1946), arzobispo de Barcelona, cuyo ascenso supondría, al menos a priori, una mayor sintonía con el papado del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, Francisco por su nombre de obispo de Roma, y una postura menos rocosa ante el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Omella es miembro de la Congregación para los Obispos, el organismo vaticano que gestiona el nombramiento de los obispos de todo el mundo. Es decir, tiene cargo en Roma. Indirectamente, su nombramiento podría implicar también una sintonía más sencilla entre el Gobierno español y el Vaticano.

Omella, aunque lejos de lo que entenderíamos por progresista fuera de los esquemas tradicionalistas de la Iglesia, está alejado de las tesis y el lenguaje del sector duro. Dentro de la jerarquía, es un moderado. Añade picante a su posible elección el que sea un activo defensor del "diálogo" como solución política en Cataluña, hasta el punto de que medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en vísperas del referéndum del 1 de octubre de 2017. La política no le es ajena. Lo ha dicho: la Iglesia debe servir al pueblo de Dios y a la sociedad civil en que se inserta. Omella, que defiende la "audacia" reformista del papa, es objeto de críticas feroces de la prensa católica más radical. Medios como Infovaticana son muy duros con él y Federico Jiménez Losantos lo pone a caer de un burro en Esradio. Otros medios que siguen la actualidad de la Iglesia, como Religión Digital, con un acento más progresista, ofrecen una descripción más matizada de Omella, "el Tarancón de la segunda transción de la Iglesia española".

De Tarancón a Blázquez

El cargo que abandonará Blázquez, a quien Carmen Calvo le dedicó la semana pasada unas amables palabras de despedida, no es cualquier cosa. Por la cabeza de la CEE, que en 2016 cumplió 50 años, han pasado nombres de la enjundia de Vicente Enrique y Tarancón (1972-1981), que prestó un tenaz apoyo a las reformas de la Transición y fue decisivo en la formulación constitucional de los aspectos que atañen a la Iglesia, con esa fórmula de aconfesionalidad asimétrica que tan buenos réditos ha dado a la institución. Ángel Suquía (1987-1993) dejó dicho: "Tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". Elías Yanes (1993-1999) abrió un agrio ciclo de enfrentamientos con el socialismo gobernante, en su caso con Felipe González en su etapa de decadencia. Luego vinieron Rouco –ya retirado formalmente, aunque con influencia en la sombra– y Blázquez, que han protagonizado dos décadas de tensión explícita o soterrada con el poder político, especialmente con los gobierno socialistas, en los que han logrado mantener y ampliar sus privilegios económicos y educativos, al tiempo que han asistido a una aceleración del proceso de secularización.

Con Rouco, que se echó a la calle contra la ley del matrimonio gay, llegó la consolidación de los privilegios fiscales de la Iglesia en la Ley de Mecenazgo. También la Lomce, la ley educativa que más ha cedido a los obispos en democracia. Con Blázquez, que ha liderado la CEE con discreción y perfil bajo, la Iglesia se apuntó el tanto de la revisión al alza hasta al 0,7% de la asignación por cada casilla marcada en el IRPF. Este mismo lunes Blázquez se despidió con un discurso austero, como todos los suyos. Es difícil sacarle titulares. "Estas elecciones no son un reparto de poder", señaló como elemento más destacado. El nuncio apostólico, el diplomático de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, lanzó un discurso en el que reivindicó "el encuentro para dialogar" con las "instituciones en las que se decide el bien común". Fue una llamada al diálogo, siempre significativa en el seno de una jerarquía que tiene una rama que ve al poder político como un enemigo al que sólo cabe responder con beligerancia.

Auza es ya un nuncio alineado con Francisco, no como su predecesor, Pietro Parolin, que chocó con el Gobierno tras acusarlo de "resucitar a Franco" con la exhumación. Está por ver si este cambio, de menor a mayor sintonía con Francisco, se extiende a la Conferencia Episcopal. Lo seguro es que el presidente será nuevo y pondrá fin a más de 20 años de alternancia de Rouco y Blázquez, ambos considerados del ala conservadora, aunque el primero más ortodoxo y tradicionalista que el segundo.

De Jesús Sanz a Antonio Cañizares

Un sector significativo de la jerarquía sigue anclado en la línea dura marcada por Rouco, a su vez en sintonía con el papado ideológicamente contencioso y antiizquierdista de Juan Pablo II. Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo –que advirtió contra el regreso de una "dictadura totalitaria" tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa–; Mario Iceta, obispo de Bilbao; Demetrio Fernández, obispo de Córdoba; Javier Martínez, arzobispo de Granada; José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián o Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares... Han sonado como posibles presidentes Sanz e Iceta. Su elección sería un mensaje claro a Roma: la reforma franciscana no pasa de los Pirineos.

Está la opción del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, del ala conservadora, pero con el marchamo de pragmatismo que le da ser el vicepresidente de Blázquez. Él mismo no se ha descartado. "No me apetece para nada ser presidente, pero si los obispos me votan, aceptaré”, declaró a eldiario.es. Su elección sería la más continuista.

Las negociaciones, propuestas y contrapropuestas no cesan. Hay posibilidad de fórmulas intermedias, que impliquen cierto grado de acuerdo entre sectores. Desde luego, esta asamblea no es el mejor lugar para hacer apuestas, más aún cuando hay votación secreta, lo cual lo hace todo menos previsible. Sea cual sea el resultado, los nuevos estatutos otorgan un importante papel al Consejo de Cardenales. Es decir, no todo el poder se concentrará en una persona. Aunque las competencias del presidente son significativas: modera la actividad general de la CEE, cuida la relación con la Santa Sede, atiende la relación con el Gobierno...

La reforma pendiente

En la jerarquía española no ha habido pleno aggiornamento con la era del papa Francisco, doctrinalmente más laxo que Juan Pablo II y que Benedicto XVI, y que todavía no ha visitado España. ¿Cuándo lo hará?, dijo. "Cuando haya paz", respondió en abril de 2019. A qué se refería exactamente el pontífice argentino ha quedado en la penumbra de los misterios vaticanos. Pero la interpretación más extendida es que Francisco se refiere a las disputas internas en el seno de la cúpula española.

A pesar de que el Código de Derecho Canónico establece que el obispo de Roma, el papa, es "Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra", con potestad "suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente", la realidad es más compleja. Hay contrapoderes. No todo se decide desde la silla de Pedro. Lo está comprobando el propio Francisco, que está encontrando dificultad para acometer sus reformas en la curia y la banca vaticana, para establecer un mecanismo homogéneo de reacción diligente ante los casos de pederastia y para abrir debates sobre moral, familia y sexualidad. A todo esto se suma en España la persistencia de un bloque integrista, resistente a los postulados de Francisco: el ala dura.

Las reglas de la asamblea

Además del presidente de la CEE, la asamblea plenaria elige al resto de sus cargos, a excepción de Luis Argüello, secretario general de los obispos, elegido en 2018 y con un mandato de cinco años, consolidado ya en su posición de voz del episcopado. Es decir, se elige también vicepresidente, miembros de la Comisión Ejecutiva, presidentes de las Comisiones y Subcomisiones Episcopales, presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos y miembros del Consejo de Economía. Una treintena de cargos.

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Votan 87 religiosos. Por supuesto, todos hombres: cuatro cardenales –Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE; Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia; y Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, considerado el más afín a Francisco de toda la jerarquía española–; 12 arzobispos; 48 obispos; 18 auxiliares; el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y los administradores diocesanos de Astorga, Coria-Cáceres, Ibiza y Zamora. Para los cargos de presidente y vicepresidente, son elegibles los obispos con derecho a voto (excepto los obispos auxiliares) y los administradores apostólicos y diocesanos. Para el resto de cargos, valen todos los que tienen derecho a voto.

La renovación de cargos se realiza conforme a los nuevos estatutos, que incrementan el protagonismo de las provincias y reduce de 14 a diez las comisiones. Las elecciones son en votaciones secretas. En las dos primeras votaciones es necesaria la mayoría absoluta, la mitad más uno. Si nadie obtiene la mayoría necesaria, se procede a una tercera votación entre los dos obispos más votados. Si en esta votación hubiera empate, resultaría elegido el de mayor edad. Antes de cada votación vinculante, hay una "de sondeo", la primera de las cuales se produjo este lunes.

Las espadas están en alto. Y, tras la máscara de calma de los prelados y purpurados, hay tensión. E intrigas. A las puertas de la asamblea, los obispos han recibido un libro anónimo contra Omella por su papel en la caída de Miguel Ángel Barco, un sacerdote reducido al estado laical por una supuesta paternidad, como adelantó Religión Confidencial.