El juicio sobre la visita del Papa a Valencia augura al PP otra oleada de confesiones por corrupción en el 'caso Gürtel'

Casi 14 años después de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia que en julio de 2006 sometió a la televisión autonómica Canal Nou a una sangría de 7.493.600 euros, el inminente juicio de esta pieza del caso Gürtel augura al PP una nueva oleada de confesiones por corrupción. Hace dos años, se produjo la primera, cuando nueve empresarios y quien había sido número dos del partido en esa comunidad, Ricardo Costa, admitieron que la financiación ilegal había existido. Y que ese –pagar en negro o con facturas falsas endosadas a grandes adjudicatarios de contratos públicos– fue un patrón extendido en la Comunidad Valenciana, donde el PP gobernó dos décadas. También admitió eso mismo la cara visible de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, que se sienta ahora de nuevo en el banquillo y de quien no se descartan nuevas sorpresas.

En vísperas de la vista oral que comenzará en la Audiencia Nacional el próximo lunes, 9 de marzo, buena parte de los 23 acusados en este nuevo proceso ultiman sus negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, y así lo ha confirmado infoLibre en fuentes conocedoras del caso. Reconocer los delitos y devolver dinero del sustraído al erario público por aquel "desembolso ilícito" –uno de los objetivos habituales de Anticorrupción y de la acusación popular que en Gürtel ejercen la asociación de abogados Adade y el PSOE– reportará a quienes firmen los llamados "acuerdos de conformidad" un beneficio: el pacto que suscriban les evitará bien entrar en prisión al aceptar condenas de, como mucho, dos años. O, al menos, les garantizará permanecer entre rejas menos de lo que podría acarrearles una condena sin atenuantes.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que a la admisión de culpa ya se han sumado los funcionarios que participaron en la mesa que desde Canal Nou adjudicó un contrato hinchado y amañado y cuyo objetivo formal pasaba por garantizar la retransmisión mediante pantallas gigantes del Encuentro Mundial de la Familia y las intervenciones del pontífice. 

En este caso, quien en 2006 dirigía la radiotelevisión pública valenciana, Pedro García Gimeno, se arriesga a 40 años. Pero todo apunta a que, como adelantó el domingo el diario Levante, García se cuenta entre quienes buscan a marchas forzadas un pacto con la Fiscalía antes de que el juicio arranque. Porque, dirigido por un tribunal integrado por José Antonio Mora, Julio de Diego y Fernanda García (la ponente), este juicio ofrece visos de arrancar desde su primer minuto como una máquina imparable en cuanto a pruebas y declaraciones incriminatorias. El cerebro del asesoramiento financiero que desde el estallido del caso en 2008 ha planeado sobre distintas operaciones, José Ramón Blanco Balín, consta igualmente en la lista de posibles firmantes de los acuerdos de conformidad.

Más lejos de la cifra de 40 años de prisión, pero también con dos dígitos en juego –11 años le pide la Fiscalía; 15, el PSOE–se encuentra Juan Cotino. Y afronta un riesgo de condena potencialmente mayor si otros inculpados de relevancia –como el ya citado Pedro García– reconocen que delinquieron y expoliaron las arcas de Canal 9. Histórico del PP valenciano, exdirector general de la Policía, luego conseller, más tarde presidente de Les Corts, tío de uno de los empresarios que terminó por confesar su papel en la financiación ilegal del partido y auténtico poder fáctico, según la Fiscalía, en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de llevar las riendas de la visita papal y ahora señalada como partícipe a título lucrativo: es decir, beneficiaria económica de los delitos supuestamente perpetrados.

Las acusaciones consideran crucial la participación de Juan Cotino en un tinglado que, supuestamente, sustrajo a Canal 9 más de siete millones a través de un contrato de "precio desorbitado, y notoriamente superior al del servicio realmente prestado". La "empresa instrumental" contratada –relata la Fiscalía– fue Teconsa, uno de los clásicos en el entramado Gürtel.

Según los escritos de acusación, la meta real de aquel contrato era una muy distinta a la de ofrecer cobertura a la visita del papa. Lo que se buscaba era el enriquecimiento de la trama Gürtel, que se embolsó 3,3 millones de los 7,49 que costó el evento a una radiotelevisión pública, Canal Nou, cuyo cerrojazo impuso luego la Generalitat valenciana en noviembre de 2013. Para cuando la televisión valenciana dejó de emitir, los 22 millones de deuda de 1995 se habían disparado hasta 1.200 millones. ¿Hubo más contratos como el de la visita del papa que contribuyesen a la ruina de la cadena autonómica? No se sabe. Pero de lo que no hay duda es de que el grupo beneficiado por aquel contrato millonario de la visita papal, el de Francisco Correa, era el mismo que participó en la financiación del partido admitida casi a coro hace dos años en la vista oral donde Ricardo Costa disparó un auténtico cañonazo: "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".

Basándose en todo lo investigado, Anticorrupción sostiene que Juan Cotino, Pedro García y los tres principales responsables de la red Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– "acordaron y planificaron de común acuerdo" atribuir al ente público RTVV (Canal Nou) "el encargo y el coste de la celebración de este contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido". Al hacerlo –prosigue el escrito de la Fiscalía– conseguían "apoderarse directamente de los fondos públicos de RTVV a los que Pedro García Gimeno tenía más fácil acceso por su condición de Director general del Ente Público".